EEUU contra la recuperación de Venezuela: vuelve la amenaza del embargo
América Latina
Martes, 28 de Agosto de 2018

Misión Verdad.- Desde el año pasado algunos medios radicados en Estados Unidos han venido anunciando que el gobierno de Donald Trump pretende imponer sanciones a PDVSA de manera más agresiva, refiriéndose específicamente a la no compra del petróleo venezolano por parte de ese país.

De hecho, un embargo total sería uno de esos estacazos que la Casa Blanca cree poder asestar para influenciar la caída del Gobierno Bolivariano, pues Estados Unidos es uno de los mayores compradores de crudo venezolano. A este plan se le conoce como la "opción nuclear", tal vez debido a las terribles consecuencias inmediatas que podría acarrear esta medida en la economía y las finanzas de Venezuela, pero sobre todo en la población del país.

Sin embargo, en vista de que los operadores políticos estadounidenses también conocen de antemano lo que podría suceder a nivel social, en vista de que el gobierno de Nicolás Maduro podría capitalizar en favor de la cohesión nacional un factor de agresión como lo sería un embargo petrolero, tienen otros ítems en la mesa que piensan utilizar.

Uno de los medios web que más acompaña el relato del establishment del Partido Demócrata en Washington D.C., McClatchy, reseñó el reciente 24 de agosto, a través de funcionarios anónimos de la Casa Blanca, que "la administración (trabaja) con sanciones más quirúrgicas que bloqueen la venta de petróleo y de productos de procesamiento de petróleo por parte de las compañías estadounidenses a Venezuela, para así entorpecer la industria petrolera sin impactar directamente en el pueblo venezolano".

Esto con el objeto de "maximizar la presión" en el presidente Nicolás Maduro, según las palabras de un funcionario citado mas no referido por parte del medio capitalino. Justo en un momento en el que el gobierno venezolano busca cambiar la situación de la economía local bajo un conjunto de medidas que resguardan el salario de los trabajadores y que, asimismo, apunta a reordenar los factores (externos e internos) que apuntalan la inestabilidad económica.

Los detalles específicos

Según el reporte de McClatchy, el gobierno de los Estados Unidos busca prohibir la venta por parte de las compañías estadounidenses a Venezuela de unos 3.5 millones de barriles de petróleo y otros productos refinados como la nafta pesada, usada por PDVSA y sus socios en varias empresas conjuntas en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, la mayor región productora de crudo del país. La nafta sirve para diluir una gran parte de la producción de petróleo extrapesado y convertirla en grados exportables.

En una nota de Reuters de julio 2017, se refiere que las importaciones venezolanas de nafta pesada de Estados Unidos promediaron 33 mil barriles por día el año pasado, frente a los 25 mil barriles de 2016.

Desde 2006 se importa desde Estados Unidos a Venezuela petróleo ligero, específicamente para procesar en su refinería Isla de 335 mil barriles por día en Curazao. Una parte se mezcla para producir crudos exportables. Después de importar 30 mil barriles por día el año pasado, las compras se han reducido a 19 mil barriles por día en 2017 debido a retrasos en los pagos, producto del bloqueo financiero a través de una Orden Ejecutiva firmada por Trump, y el bajo rendimiento productivo de la instalación.

También, en el año 2017 Venezuela tuvo que importar combustible desde Estados Unidos para compensar la disminución de la producción local. Compró 48 mil barriles por día de gasolina, destilados y componentes, nada más en los primeros cuatro meses de 2017. En 2018 los niveles de importación bajaron debido al relanzamiento de la industria petrolera.

Afectaciones y riesgos

Lo que ha impedido a la Administración Trump, según McClatchy, tomar nuevas acciones contra el país son las extremas consecuencias que un embargo podría provocar en la población venezolana, además de poner en riesgo los negocios de empresarios energéticos estadounidenses y afectar al consumidor promedio en los Estados Unidos, que ya de por sí ve cómo se incrementa cada vez la gasolina.

Pero las presiones desde Miami y otras regiones de ese país bajo el lobby intervencionista a la Casa Blanca con relación al tema Venezuela han hecho retomar los planes de sanciones, que presentarían en los próximos tres meses, según la publicación.

Por ello, este paquete de próximas sanciones avisadas por medios estadounidenses debe verse como una respuesta inmediata al plan del Presidente de la República, que tomó como medida fundamental el cambio de patrón de referencia a la economía venezolana (del petrodólar a la criptodivisa Petro).

Sin embargo, ya se encuentra en proceso un cuasi embargo por parte de Estados Unidos a Venezuela, puesto que ha disminuido, desde septiembre de 2017, la venta de petróleo venezolano a compañías estadounidenses. Según el portal Banca y Negocios, las exportaciones de petróleo venezolano hacia Estados Unidos entre enero y mayo de 2018 registraron una caída de 48% (equivalente a 58,7 millones de barriles), si se comparan con el mismo período de 2017, según las cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Acorde a esa misma fuente, entre enero y mayo Estados Unidos pagó por la venta de crudo 30% menos que en el mismo periodo del año anterior, para un total de 3 mil 536.4 millones de dólares a Venezuela (a 60.2 dólares el barril), mientras que en 2017 el costo promedio del barril estaba en 45.1 dólares.

Todo ello equivale a una pérdida por concepto de venta de crudo venezolano de 8 mil 235.8 millones dólares, la cifra más baja en los últimos nueve años.

Además, como ya respondimos en Misión Verdad, es una falacia que Estados Unidos no necesite el petróleo de otros países. Por ello empresas como ExxonMobil siguen expandiéndose en el mercado global energético, con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos como principal apoyo de su negocio.

La fabricación de una crisis

Activar un embargo total contra Venezuela busca que algunos factores económicos produzcan una conmoción social a nivel nacional, pero este no es el verdadero motivo por el que el establishment estadounidense no desea aplicar una medida de ese nivel, aun cuando el Gobierno Bolivariano tenga cómo sortear esa prohibición hacia otras regiones y actores relacionados, como China (el mayor importador de energía fósil en el mundo).

Más bien, un embargo pondría en evidencia a la camarilla que presiona por una medida de este tipo, sobre todo en el sur de Florida (donde vive la mayor cantidad de venezolanos "en el exilio" en ese país), y compromete políticamente a Estados Unidos ante la opinión pública en la región latinocaribeña con relación a Venezuela.

Por otro lado, más allá de que bajaría el volumen de divisas para la importación de bienes básicos en Venezuela (un 90% de las divisas extranjeras habidas entran por medio de la exportación petrolera), el embargo también afectaría directamente a la industria petrolera venezolana, pues un tercio del crudo nacional se refina en instalaciones estadounidenses.

Pero ello preocuparía también a los empresarios refinadores en la costa del golfo, pues sus instalaciones están, en su mayoría, adecuadas tecnológica e industrialmente para procesar petróleo pesado y extrapesado, justamente los tipos de crudo con que Venezuela cuenta en la Faja del Orinoco.

Así, un embargo de este tipo tendría una doble repercusión inmediata y a mediano plazo, tanto en Venezuela como en Estados Unidos: en una potencial aunque improbable "crisis humanitaria" en estricto sentido aquí, implicaría un alza nada cómoda en los combustibles, allá.

Las alianzas que el gobierno de Nicolás Maduro fortalece con China y Rusia podrían enmendar un escenario de "crisis humanitaria" en caso de embargo petrolero estadounidense, pues los productos refinados que necesitarían las distintas instalaciones de PDVSA y sus socios en la Faja Hugo Chávez pueden encontrarse en los mercados correspondientes a los aliados euroasiáticos.

Hay que tomar en cuenta que Venezuela contaría con unos 28 mil millones de dólares (a unos 60 dólares por barril), para los 1.3 millones de barriles producidos al día, según datos de la OPEP para 2017. De ellos, casi unos 12 mil millones de dólares provienen de firmas estadounidenses, que usualmente pagan en efectivo.

El déficit de tal cantidad de dinero sería el financiamiento de una "crisis" que el Gobierno Bolivariano ya está intentado paliar a través de las conocidas medidas de reconversión económica, pero el Pentágono ya espera que tales consecuencias lleguen a un punto de ebullición necesario para justificar tanta coordinación a nivel militar con sus socios en la región, a través de juegos de guerra y la última gira de James Mattis, secretario de Defensa estadounidense.

El embargo daría combustible para sobredimensionar, aún más, la propaganda humanitaria contra Venezuela, a los fines de proyectar como "urgente" una intervención de estas características.

Pero, finaliza el reporte de McClatchy, los oficiales del Pentágono y burócratas del establishment también presionan por que componentes militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomen acciones contra su propio gobierno, a raíz de esta enunciada crisis. Un plan que ha fracasado pero que no deja de ser peligroso, cuyo hilo más visible fue el atentado frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.

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