Criminalización del aguante: el Alto Comisionado de la ONU ataca los CLAP en Venezuela
América Latina
Miércoles, 04 de Julio de 2018

Ana Cristina Bracho - Misión Verdad.- Cuando en agosto de 2017 llegaron las primeras sanciones contra Venezuela, redactadas en Washington y señaladas como una acción en contra de algunos miembros del gobierno, empezó una fase más aguda en el desmontaje del Estado democrático y social de derecho y de justicia, por lo cual el aparato estatal debía caer con rapidez, según los planes de quienes la diseñaron.

Sobre esta base, analizaremos la relación de las sanciones con los derechos socioeconómicos, así como por qué ahora el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU busca criminalizar los mecanismos relacionados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los que se derivan del Carnet de la Patria.

Punto previo: las sanciones

En el Derecho, el vocablo sanción tiene varios significados, pero de manera general nosotros vamos a pensarlo aquí desde un punto de vista punitivo. Entendiendo que las sanciones son la consecuencia legal, derivada del incumplimiento de una ley, reglamento o procedimiento técnico o legal establecido, que tiene por objeto disciplinar al responsable y prevenir su eventual repetición.

En general, las sanciones internacionales han sido objeto de muchos cuestionamientos porque, como hicimos referencia anteriormente, en el orden internacional no existe una entidad superior, como un Estado, que pueda castigar a las naciones y estas se presumen iguales jurídicamente.

De igual modo, para que esta regla se rompa es necesario que el Estado haya aceptado que una autoridad lo juzgue, así como la idea de que, para que alguien pueda ser sancionado, debe haber mediado un juicio que derrumbe la presunción de inocencia, que es parte del núcleo duro de los derechos humanos.

Sin embargo, en este como en muchos otros temas, la legalidad y la realidad a veces aparecen divorciadas. Con lo que veremos que su uso es una práctica común en el Derecho Internacional, en especial desde el año 2015 cuando en Europa se empezaron a utilizar más frecuentemente contra Rusia, mereciendo de especialistas las siguientes valoraciones: "las medidas unilaterales restrictivas impulsadas por el Gobierno de Estados Unidos y el Consejo de la Unión Europea que suponen la prohibición de libre entrada de los sancionados en los Estados sancionadores, que limitan o prohíben la libre comercialización internacional, que restringen la libertad de movimientos financieros y congelan bienes y activos por motivos de trasfondo político-económico, violan gravemente los derechos humanos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además son de una utilidad práctica muy limitada".

¿Pero qué relación tienen las sanciones con los derechos humanos, en especial con los derechos socioeconómicos, es decir, con el hecho de que usted pueda comer, ser asistido en salud, ir a la escuela y transportarse? Mucha.

Al menos así lo ha sostenido la misma ONU a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en el 1997, en su Observación N°8 destinada a analizar la "Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales", que concluye diciendo:

"Si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, el Comité es consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto. Así, por ejemplo, con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo.

Además, cabe citar entre las consecuencias indeseadas el refuerzo del poder de minorías opresoras, la aparición prácticamente inevitable de un mercado negro y la generación de grandes beneficios inesperados para los grupos de privilegiados que lo administran, el aumento del control que las minorías gobernantes ejercen sobre la población en general y la restricción de oportunidades de búsqueda de asilo o de expresión de oposición política.

Aunque los fenómenos mencionados en la frase anterior tienen un carácter esencialmente político, ejercen asimismo un importante efecto adicional en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales".

Esta es la razón por la cual, en marzo de 2018, el experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayas, consideraba que Venezuela tenía elementos suficientes como para solicitar a la Corte Penal Internacional "una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por los EEUU al imponer sanciones en su contra".

Al respecto, es importante observar que desde esa primera lista de sancionados aparecida en el año 2017, comienza a operar con más fuerza la advertencia hecha a ciudadanos norteamericanos, y en general a los extranjeros, de no relacionarse con Venezuela, puesto que de ello podrían devenir consecuencias al ser considerados cómplices o amigos de un Estado que entienden y promocionan como canalla o forajido.

Lo que dificulta evidentemente la normalidad institucional y económica de un país que, como todos los demás, es por lo menos interdependiente de intercambios comerciales que le permitan abastecerse.

Finalmente, hemos de recordar que ya las sanciones dejaron de plantearse de modo que se disimularan mediante el señalamiento de algunos personeros y ahora visan abiertamente dos elementos fundamentales de nuestra economía: PDVSA y el Petro. La primera, madre de toda nuestro ingreso, y el segundo, la alternativa por la que el gobierno apostó frente al bloqueo.

Siendo este, desde el otro lado de la moneda, el contexto en el que, sin mucho sonrojo, algunos voceros de los planes antibolivarianos han señalado: que la situación en Venezuela va a seguir agudizándose hasta que pueda, por la vía de sus actos, producirse su tan ansiada crisis humanitaria.

Dos declaraciones son clave en este sentido.

La primera, hecha el 24 de marzo de 2018, por Marco Rubio para CNN: un artículo exhortando a que sean contundentes las acciones para sacar a Nicolás Maduro, donde indicó que debe “maximizar[se] el dolor que sienten los funcionarios gubernamentales”, y para ello los demás países, en especial los del Grupo de Lima, deben cerrarle al gobierno el “acceso a la banca internacional y el financiamiento”.

La segunda, realizada por Julio Borges, a través del periódico El País de España, el 6 de abril: la estrategia de la derecha es que "tengamos un régimen más aislado, más sancionado, con más fracturas internas y con un apoyo decidido de la comunidad internacional, para que Venezuela tenga un proceso democrático este mismo año".

Los derechos socioeconómicos

Los derechos económicos, sociales y culturales forman un segundo catálogo de prerrogativas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas frente al Estado. Su historia es distinta a la de los derechos civiles y políticos. Estos son estimados por algunos como los pobres derechos de los pobres, porque son el conjunto de garantías que usted necesita si no tiene dinero.

Hablar de derechos económicos, sociales o culturales es pensar en sistemas públicos de salud, educación, transporte, alimentación, etc. Para los liberales, estos son derechos onerosos, y por eso las obligaciones de los Estados se han entendido de otra manera. Los gobiernos deben garantizarlos de manera progresiva en la medida en que los recursos financieros lo permitan.

En el caso de Venezuela, este es el espacio donde se desenvuelven las Misiones, además de la materia eximida por la Revolución en los escenarios internacionales: el gobierno que creó el Comandante Chávez fue especialista en dar más allá de lo que estaba internacionalmente obligado. De allí que se lograra la declaración de territorio libre de analfabetismo, el reconocimiento al programa de las Canaimitas, etc.

Los CLAP: una estrategia de Caracas

Entonces, la ONU reconoce que las sanciones empeoran la situación social que se vive en los países a los que se las imponen, así como la opinión de un experto sobre qué sentido tiene castigar a Moscú desde Europa.

Con ello queremos abrir el espacio para observar que las sanciones no son, así como los bloqueos, recetas infalibles. Muchas veces, como sostiene Carola Chávez, sirven para todo lo contrario: lograr que saquemos "lo mejor de nuestra esencia y nos convertimos en hacedores de una cotidianidad heroica que nadie está contando detalladamente y que daría para escribir una epopeya de sopotocientos de tomos".

Así, mientras se conjugaba la caída de los precios del petróleo y una retórica que imponía la idea de que Venezuela sucumbía a una crisis humanitaria, nacieron los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como una herramienta en un contexto de desabastecimiento programado, contrabando de extracción y remarcaje permanente de precios.

No estamos hablando de una política destinada a enfrentar una situación normal, sino una que se deriva de la emergencia económica que se vive. La estrategia, que ha sido la propuesta más exitosa para enfrentar la guerra económica, tiene dos virtudes fundamentales: primera, la posibilidad de garantizar que el esfuerzo económico destinado a la disposición continua de los alimentos llegue a los sectores de mayor vulnerabilidad económica; y segunda, revitalizar los procesos de organización de base, altamente comprometidos por las acciones de la guerra económica, que limita la disponibilidad de tiempo de las personas, a la vez que convierte la cotidianidad en un asunto cada vez más agobiante.

Aquí debemos detenernos, porque hemos de considerar la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales, de los que forma parte el derecho a alimentarse. La cláusula contenida en el artículo N° 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a dar los máximos pasos posibles en función de los recursos disponibles para conseguir progresivamente el pleno desarrollo de los derechos de ese tratado.

Los CLAP no suponen que el mercado de alimentos haya desaparecido. Las estructuras tradicionales siguen en pie, e incluso se han multiplicado los espacios de abastecimiento en las ciudades y pueblos. Sólo significa una garantía adicional, con especial consideración a la vulnerabilidad de los sujetos, la población, en un contexto donde la especulación sirve de látigo al salario y las sanciones reducen la mercancía disponible nacionalmente.

Podemos observar con base a datos disponibles que los CLAP fueron aceptados positivamente por la mayoría de la población desde su creación, y en el presente se han naturalizado en la cotidianidad del país.

Avanza Bogotá

Pareciera derivarse de esto que en el año 2018 fueron anunciadas y luego ejecutadas maniobras para evitar el normal funcionamiento del sistema venezolano, que depende, en buena parte, de la importación de alimentos en su presentación final.

El 22 de abril de 2018 apareció la noticia de que "EEUU y Colombia crean grupo para perseguir redes de corruptos venezolanos". Precisó que la red busca en específico dedicarse a asuntos relacionados con la comida que conforma las cajas del CLAP: "…En una reunión celebrada el jueves en Washington, Estados Unidos y otros 15 países anunciaron la investigación del programa de importación de alimentos que impulsa el chavismo en Venezuela, que abarcaría el CLAP.

Para el director de esta Unidad, Juan Francisco Espinosa, este "es un nuevo reto para la entidad que se suma a todas las líneas de investigación financiera adelantadas con los Estados Unidos".

La presunta justificación de esta medida es una alerta para nosotros, ya que en esta reunión, de la que participó Mauricio Cárdenas -el que pidió al Fondo Monetario Internacional dinero para Venezuela-, se sostuvo que "de manera conjunta con el Tesoro revelamos una presunta red de corrupción que genera sobrecostos a un programa humanitario en Venezuela, algo que va en detrimento del bienestar de sus ciudadanos".

Luego, ocurrió una acción en concreto: en pleno desconocimiento del funcionamiento ordinario del comercio marítimo internacional, Colombia retuvo en Cartagena una mercancía venezolana consistente en cajas pertenecientes a los CLAP, alegando que los mismos se encontraban en mal estado.

Los CLAP en el informe del Alto Comisionado

Existe una novedad del discurso estandarizado sobre la situación de Venezuela en el informe aparecido en junio de 2018, bajo el sello del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, donde se incluyen referencias a los CLAP.

Podemos resumir observando que:

  • El informe hace 22 referencias a los CLAP.
  • Narra varios hechos refiriendo casos puntuales, donde expone información referencial sesgada. Señala:
    "El ACNUDH considera que el programa CLAP no cumple ciertas normas relativas al derecho a una alimentación adecuada, según se establece en la Observación General Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
    "El programa no satisface las necesidades nutricionales de los venezolanos. El contenido nutricional de los alimentos que vienen en las cajas CLAP es bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos. Los artículos de una caja no alcanzan para cubrir las necesidades alimenticias semanales de una familia, y la calidad de algunos productos, como la leche, es inadecuada. Además, otros productos, como la harina de maíz importada de México, que está destinada a preparar tortillas y no arepas, no son culturalmente apropiados.
    "El programa carece de procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas claros. Como los CLAP operan a través de una estructura paralela, ajena a la supervisión de cualquier ministerio, y no están dotados de un mecanismo efectivo para presentar quejas, los miembros de los comités locales pueden tomar decisiones arbitrarias a la hora de designar a los beneficiarios, de fijar el costo de la caja y de decidir cuándo detener las entregas. Las personas entrevistadas por el ACNUDH se han quejado por los retrasos recurrentes en la distribución de las cajas, por el aumento continuo del precio (que además debían abonar por adelantado), por el hecho de que los productos fueran revendidos a precios más altos en el mercado negro y por haber sido discriminados en la obtención de las cajas al no apoyar al Gobierno.
    "Los CLAP mantienen fuertes vínculos con el partido gobernante, el PSUV, y no solo con el Gobierno. De hecho, operan a través de las estructuras organizativas locales del partido en cada barrio. Los CLAP publican una revista oficial que se ha utilizado claramente para apoyar al PSUV en las últimas elecciones, así como para condenar a los opositores políticos, y, durante el proceso electoral, imprimieron en las cajas el rostro del Presidente Nicolás Maduro. Debido a la grave crisis alimentaria y a los niveles elevados de discrecionalidad en las actividades del programa, el partido gobernante ha adquirido un poder considerable sobre los destinatarios de las cajas. El ACNUDH recibió los testimonios de personas a los que miembros de los CLAP habían amenazado con que dejarían de recibir las cajas si no votaban por el PSUV, o por haber presuntamente participado en protestas contra el Gobierno. Tomando la palabra en la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018, el director del programa CLAP y miembro de la junta directiva del PSUV declaró que el programa había sido fundamental para ganar las elecciones municipales (alcaldes) y regionales (gobernadores), así como a la Asamblea Nacional Constituyente.

Al respecto, la mayor parte de los argumentos que han sido planteados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, pueden ser descartados porque:

  1. Se sujetan de datos no comprobados, pues no relata un solo caso en el que el goce del programa haya sido suspendido a una persona por el hecho de no militar o no votar a favor del gobierno venezolano.
  2. Son falaces porque sostienen que, para la población venezolana, el acceso a los alimentos está limitado al contenido de las bolsas o cajas que compran a los CLAP, obviando así la existencia de un mercado tradicional de comida, así como de jornadas de mercados a cielo abierto, abastecimiento en centros de trabajo, etc.
  3. Omiten que, en la mayor parte de los países, incluso pese a las crisis económicas más fuertes, los programas de apoyo a la población en situación de vulnerabilidad tienen rasgos en común con las cajas de los CLAP. Un ejemplo importante es la reciente valoración del gobierno estadounidense de la sustitución de los programas de cupones que sirven de mecanismo de abastecimiento a las poblaciones económicamente deprimidas por cajas de alimentación directamente otorgadas.
  4. Todos los alimentos contenidos en la caja son de consumo corriente en Venezuela. Todos forman parte de la lista de la denominada cesta básica del venezolano. La leche que contiene la caja pasa los controles sanitarios del país que la compra. No existe en Venezuela un solo tipo de arepa, e incluso personas dedicadas a la historia de la gastronomía en el país cuestionan fuertemente los daños de la harina de maíz precocida y refinada que han significado para la alimentación y la calidad de las arepas.

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