La última maniobra de los medios para salvar a Guaidó y presionar a Bachelet
América Latina
Jueves, 20 de Junio de 2019

Misión Verdad.- Este martes, la Policía Metropolitana de Cúcuta, reportó tener informaciones sobre un presunto enfrentamiento violento entre las bandas paramilitares de Los Ubareños y Los Rastrojos en la localidad de Boca de Grita en el estado Táchira, zona fronteriza con el territorio colombiano.

Tanto Los Urabeños como Los Rastrojos son fuerzas irregulares de origen colombiano que aumentaron la presencia en los estados de Táchira, Mérida, Zulia y Apure, desde principios del año 2000. Sus redes han penetrado el territorio para asegurar el control económico de negocios ilícitos, favorecidos en años recientes con las mafias del dólar paralelo.

Las autoridades colombianas no manejan datos oficiales sobre el número de fallecidos y heridos, sin embargo, medios regionales colombianos comenzaron a divulgar cifras y datos que no coincidían con los hechos relatados por los involucrados. Desde 12 a 20 víctimas mortales y entre 10 y 39 heridos son los números difundidos en los portales de noticias, calificando el suceso como una masacre.

El coronel José Luis Palomino López, comandante de la policía de Cúcuta, informó que fueron apresados dos de los implicados integrantes de Los Rastrojos, luego de que huyeran hacia Colombia a través de una de las trochas ilegales del Río Táchira utilizando uniforme militar colombiano. Se trata de Gerson Gregorio Rosario Aquino, alias "Torombolo" y Jhon Jairo Durán Contreras, alias "El Costeño".

Hasta el momento la única fuente fiable que tienen del conflicto son los dos paramilitares capturados y la presunta confirmación por parte del coronel Palomino López de que habría cuerpos sin vida del otro lado del río.

De este suceso, fijó rápidamente posición la vocería política del antichavismo, para utilizarlo como otro recurso que nutre el relato propagandístico de la supuesta conexión entre el gobierno de Nicolás Maduro y el paramilitarismo en Colombia. Esta estrategia ha tomado fuerza dentro de los medios internacionales desde principios de mes, con el falso positivo de una supuesta colaboración entre el Estado venezolano y la guerrilla del ELN.

Franklyn Duarte, diputado de la Asamblea Nacional en desacato incriminó a través de sus redes sociales y sin mayores pruebas, a las FARC y el ELN, además de los "colectivos" y al ejército venezolano como los detonantes del enfrentamiento en Boca de Grita. Aprovechó el impulso mediático para convocar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a que visite los municipios fronterizos del país y se haga eco de las vejaciones cometidas por grupos irregulares que supuestamente ocurrirían con la complacencia del gobierno de Venezuela.

La comisionada de la ONU, está realizando una visita oficial que se extiende hasta el 21 de junio, por invitación del presidente Nicolás Maduro en el marco de un esfuerzo internacional para denunciar los efectos desastroso que tiene el bloqueo financiero en aspectos fundamentales como la adquisición de alimentos y medicamentos en el mercado internacional. En resumen, aspectos neurálgicos de los derechos humanos en el país.

Anterior a su llegada, fue enviada una delegación de la oficina de Derechos Humanos de la ONU con el fin de preparar las condiciones de la visita.

La agenda incluye una reunión con el presidente venezolano, además de encuentros con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno y el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. A pesar de la presión ejercida desde Estados Unidos y actores de la oposición, la visita de Bachelet se dio por invitación de Nicolás Maduro.

¿El paramilitarismo en la frontera surge de Venezuela?

No es la primera vez que se recurre a la propagandización de eventos con fuentes turbias para fabricar nexos del gobierno venezolano con bandas criminales. La realidad es que las células paramilitares y organizaciones criminales se han expandido en Venezuela como el brazo militar tácito del antichavismo.

Tras la firma de los acuerdos de la paz con las FARC, el Estado colombiano logró que el abandono de la guerrilla de localidades significativas para el negocio del narcotráfico, se tradujera en la instalación de carteles que ahora manejen libremente los sembradíos y rutas de la droga, afectando directamente a los países fronterizos.

Pero la presencia de las bandas residuales de Los Rastrojos, Los Urabeños y Las Águilas Negras en el estado Táchira, no responde sólo al narcotráfico sino al contrabando de extracción, principalmente de gasolina y de otros insumos como medicamentos, alimentos y papel moneda. Procesos poco rigurosos en materia de políticas monetarias, de acción contra el contrabando y control migratorio adoptados por Colombia en los últimos años, han influido en esta compleja realidad.

Más reciente, las tareas operativas de las bandas criminales han buscado incursionar en el sicariato político, tomando como objetivo el exterminio de líderes regionales y nacionales del chavismo, sobre todo a los que dirigen las medidas tomadas por el gobierno venezolano para contrarrestar la presencia del paramilitarismo.

Con la aparición de Juan Guaidó en el espectro político, se puso en marcha el plan de cambio de régimen enmarcado en la "Operación Libertad" que incluía las acciones terroristas. En marzo, su jefe de despacho Roberto Marrero, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN,) tras liderar un grupo que planeaba asesinar a figuras de alto perfil del Estado Venezolano.

Entre los articuladores de este plan fue capturado Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, cabecilla de los grupos de sicariato y jefe de Los Rastrojos.

Uso político para desviar la atención del robo de la "ayuda humanitaria"

El revuelo mediático que originó el enfrentamiento entre bandas, aparentemente, en territorio venezolano, parece estar destinado a hacer suficiente ruido como para mitigar el daño reputacional que implicó para Guaidó la revelación del desfalco de la "ayuda humanitaria. Las pruebas fueron divulgadas días antes en el medio antichavista PanAm Post, por su editor en jefe, Orlando Avendaño.

Esta red de malversación de fondos incluye sumas exorbitantes que ascienden a los mil dólares diarios en comidas y bebidas, también gastos hoteleros de 3 millones de pesos por día. Por otro lado, el 60% de los insumos facilitados por la USAID y por donaciones particulares perecieron antes de ser entregados a su destino.

El escándalo no ha podido desplazarse de los medios, lo que generó la respuesta inmediata de parte de la dirigencia política venezolana para intentar desvincularse. Por ende, se ha dado un uso político a este evento en la frontera con el doble objetivo de atacar al gobierno venezolano a razón de la visita de la comisionada Bachelet y desviar la atención mediática del escándalo de Guaidó.

Que un foco de violencia (real o fabricado) aparezca tras el vacío político que queda, luego de meses de acciones fallidas de Juan Guaidó y su despacho para cumplir con la agenda de golpe continuado, es un momento de oxigenación que intentará ser propagandizado el mayor tiempo posible.

Hay que añadir que el arribo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ocurre en un contexto político en el que la opción del diálogo promovido por los encuentros en Oslo ha escalado en el bando de Guaidó, en detrimento del discurso beligerante.

 

América Latina

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Ramón Pedregal | Jueves, 18 Julio 2019

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