Mark Weisbrot - CubaDebate.- El próximo 2 de diciembre los venezolanos emitirán sufragio sobre un conjunto de enmiendas a su constitución. En términos generales, las propuestas han sido presentadas por los medios de comunicación como un nuevo paso en el camino hacia la dictadura.

Es ello así porque los grandes medios de comunicación suelen prescindir de cualquier idea de equilibrio y objetividad cuando informan sobre Venezuela.

Curiosamente, eso vale a menudo también para los periódicos de centroizquierda no significados por su servil seguidismo de la administración Bush a la hora de informar sobre otros Estados petroleros, cuyo régimen político se pretende alterar, como Irán, o cuya alteración está ya en curso, como Irak.

El mayor escándalo parece esta vez provocado por la enmienda que aboliría las limitaciones ahora existentes al número de mandatos presidenciales.

Tal vez sea porque yo soy de Chicago y desde que nací hasta que me licencié en la Universidad no conocí sino a un alcalde, pero soy incapaz de ver eso como un signo de dictadura. Por no hablar de que si Hilary Clinton resulta elegida el próximo año, habremos tenido Bushes y Clintons en la jefatura del estado durante 24 años consecutivos, que tal vez se prolonguen hasta los 28.

El presidente brasileño Lula defendió la semana pasada a Venezuela, preguntando “por qué no se queja la gente de que Margaret Thatcher estuviera tanto tiempo en el poder”. Y añadió: “Se puede inventar lo que se quiera para criticar a Chávez, pero no por falta de democracia”. Lula ha defendido repetidamente el carácter democrático del gobierno venezolano, pero sus declaraciones jamás han sido recogidas por los medios de comunicación de habla inglesa.

A Chávez se le critica también por proponer librarse de la independencia del Banco Central, blindada por la Constitución de 1999. Se presenta eso como otra muestra de su “aferrarse al poder”. Sin embargo, hay razones económicas muy válidas para esa enmienda.

Los Bancos Centrales que no son responsables ante sus gobiernos electos no son en modo alguno “independientes”, sino que tienden a representar los intereses del sector financiero. A la hora de dirimir entre empleo y crecimiento, de un lado, e inflación, de otro, el sector financiero siempre optará por una inflación más baja, aun si eso significa estancamiento y desempleo.

La creciente independencia de los Bancos Centrales, y la manifiestamente estricta política monetaria resultante, es muy probablemente una de las razones capitales del fracaso del crecimiento económico a largo plazo que ha experimentado la América latina en el último cuarto de siglo, un fracaso sin precedentes históricos.

También hay una enmienda, conforme a la cual se proporcionarían pensiones de Seguridad Social a los trabajadores del sector informal, lo que constituiría una importante medida antipobreza, dado que ese sector abarca a cerca del 41% de la fuerza de trabajo.

Otra enmienda reduciría la semana laboral a 36 horas. De eso informan los medios como una jornada laboral de 6 horas, pero más razonable sería interpretarla en el sentido de jornadas laborales de 8 horas, más una jornada laboral de 4 horas los viernes.

También hay enmiendas que eliminarían la discriminación fundada en la orientación sexual o en la salud física; que procurarían la paridad de género en los partidos políticos; que garantizarían la educación universitaria pública; que harían más difícil que los propietarios de casas perdieran sus hogares por una bancarrota. No se ve por qué tendrían que ser ésas medidas punitivas o represivas.

Otra enmienda aboliría las medidas introducidas en la Constitución de 1999 para proteger la propiedad intelectual. Es no significaría abolir las patentes o copyrights, pero permitiría una mayor flexibilidad en la acción del gobierno, a al hora de corregir las enormes ineficiencias económicas causadas por la existencia de monopolios privados protegidos por los Estados, por ejemplo, en el ámbito de los fármacos patentados. Es difícil argüir contra eso esgrimiendo razones económicas. 

Hay otras enmiendas más discutibles, el grueso de las cuales no fue sugerido por Chávez, sino introducidas por la Asamblea Nacional (Chávez no puede vetar las enmiendas agregadas por la Asamblea Nacional; esas enmiendas han de ser sometidas al sufragio de los votantes).

Por ejemplo, una enmienda permitiría al gobierno suspender el “derecho a la información” (pero no el debido proceso, como informan los medios de comunicación internacionales) durante una situación de emergencia nacional. Otra permitiría al Presidente y a la Asamblea Nacional crear provincias y distritos nuevos.

Algunas de esas medidas han despertado oposición incluso entre los partidarios de Chávez. Si se aprueban, será verosímilmente porque la mayoría de los electores confía en que Chávez y el gobierno no abusarán de sus poderes.

Y no deja de tener su base esa confianza: a comienzos del presente año, la Asamblea Nacional concedió por 18 meses a Chávez poder para pasar determinada legislación por vía de decreto ejecutivo. Tertulianos y columnistas pusieron el grito en el cielo contra el “gobierno a golpe de decreto” de Chávez; pero lo cierto es que ese poder apenas se ha usado, salvo en el caso de las negociaciones con empresas transnacionales extranjeras.

En cualquier caso, los votantes decidirán, y lo harán en un contexto de una oposición mediática harto más robusta que la existente en EEUU y en abierta campaña proselitista contra el gobierno. Los venezolanos, a diferencia de los norteamericanos (o aun de los británicos) en estos últimos años, no han visto menguadas sus libertades civiles, y el ciudadano de a pie sigue teniendo más peso ante su gobierno y participando más de su riqueza petrolífera que nunca antes en la historia de Venezuela. Es dudoso que el referéndum vaya a invertir el sentido de esos cambios, sea cual fuere el resultado.

Tomado de Sin Permiso.

Mark Weisbrot es co-director del prestigioso Centro de Investigación Económica y de Políticas, en Washington, D.C., en cuyo Consejo Asesor figuran destacados economistas, como el Premio Nóbel Jospeh Stiglitz.
 

Chávez tiene razón: El general Santander está en las raíces de la intolerancia política en Colombia
Hernando Calvo Ospina - CubaDebate.- El 20 de noviembre pasado, en una inesperada declaración, el presidente colombiano Álvaro Uribe retiró la autorización a su homólogo venezolano Hugo Chávez de continuar intermediando para el logro de un acuerdo humanitario entre su gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que permitiera la liberación de retenidos y presos de guerra.

La consternación mundial fue inmediata, en particular del gobierno francés el cual catalogó a Chávez como “la mejor posibilidad” para lograr tal objetivo. La alternativa que brinda el gobierno de Bogotá es la misma que no ha dado ninguna solución en cinco años: la militar.

Chávez, sintiéndose burlado y “traicionado” decidió la congelación de relaciones con Colombia, este 25 de noviembre. En su intervención pública, el dignatario venezolano comparó a Uribe y su gobierno con el general Francisco de Paula Santander, uno de los primeros dirigentes de Colombia luego de la independencia de la corona española: "Ellos son Santander, que mandaron a matar a Bolívar”. Uribe, sin nombrarlo, le respondió que estaba manipulando la historia, pues Santander “nos dio el ejemplo del apego a la ley.”

Con autorización de las editoriales Foca-Investigación, de España, y la Fundación editorial El Perro y la Rana, de Venezuela, publicamos este fragmento del libro “Historia del Terrorismo de Estado en Colombia”, de muy próxima publicación, del periodista y escritor colombiano residente en Francia, Hernando Calvo Ospina.

Es una breve demostración que el presidente Chávez tiene toda la razón. Y que Uribe defiende a los que son como Uribe.

Las raíces de la intolerancia

Dice la historia oficial que Francisco de Paula Santander ha sido el “hombre de las leyes” en Colombia. Lo que no cuenta es que podría tener el título de ser el primer gran ejemplo de la traición e intransigencia política de la elite colombiana.

Santander vio en el asesinato de Simón Bolívar la sola posibilidad de desmembrar a la Gran Colombia (conformada por Venezuela, Ecuador, Colombia). Su codicia de poder y de la naciente oligarquía criolla que lo apoyaba, lo llevó a planificar varios atentados contra el Libertador.

El principal sucedió el 25 de septiembre de 1828 en Bogotá. Los enviados por Santander asaltaron el Palacio Presidencial, asesinando a parte de la guardia, sometiendo al resto. Era la media noche. Creyéndose seguros, empezaron a proferir insultos mientras se dirigían al dormitorio de Bolívar.

Uno de los conspiradores narraría: “Me salió al encuentro una hermosa señora, con una espada en la mano; y con admirable presencia de ánimo, y muy cortésmente, nos preguntó qué queríamos”.

Esta “señora”, que dormía con el ya enfermo Libertador, lo había despertado y ayudado a vestir para que escapara por la ventana. Luego enfrentó a los asesinos vestida apenas con un camisón de dormir. Lograron arrebatarle la espada, la derribaron por el piso, y uno de ellos le golpeó la cabeza con la bota.

Al día siguiente, cuando se supo del atentado, el pueblo salió a las calles dando vivas a Bolívar y pidiendo la muerte de Santander, entre otros. El deseo del Libertador fue que se perdonara a los inculpados, pero un tribunal los sentenció. Unos fueron fusilados, otros encarcelados. Santander fue condenado a muerte, pero Bolívar conmutó la pena por el destierro: “Mi generosidad lo defiende”, diría.

Empezaba el año 1830 cuando el representante francés en Bogotá visitó al Libertador. Al ver la cara de sorpresa del diplomático, Bolívar le expresó que su enfermedad y excesiva delgadez “con las piernas nadando en un ancho pantalón de franela” eran debidas al sufrimiento que le producían sus “conciudadanos que no pudieron matarme a puñaladas, y tratan ahora de asesinarme moralmente con sus ingratitudes y calumnias. Cuando yo deje de existir, esos demagogos se devoraran entre sí, como lo hacen los lobos, y el edificio que construí con esfuerzos sobrehumanos se desmoronará.”

Tenía apenas 47 años, pero aparentaba sesenta. Aunque bajo de estatura, había sido indomable durante más de un cuarto de siglo luchando a lomo de caballo para liberar a cinco naciones, bajo ideales de unidad latinoamericana. Solo los intereses políticos y económicos de la elite lo pusieron en la senda del derrumbe...

Aquella “señora" a la que se refería uno de los complotados contra Bolívar se llamaba Manuela Sáenz. Las historias oficiales, cuando la nombran, la tienen simplemente como la amante de Bolívar. Al leer algunos manuales “educativos”, queda la sensación de que era una “devoradora” de hombres. Una puta.

Manuelita, nacida en Quito, empezó a confrontar a la “sociedad” a los doce años de edad, cuando salió a las calles con las gentes del pueblo que pedían la emancipación de España en 1809. Muy joven se casa con un acaudalado comerciante inglés. Viajan a Lima donde pasa buen tiempo en tertulias políticas conspiradoras, algo inusual en las mujeres de la época. Durante 1821 participa del proceso insurreccional, por lo cual se le entrega la distinción más alta como patriota: “Caballera de la Orden del Sol”

Al año siguiente vuelve a Ecuador, estando presente en el momento en que Bolívar entraba triunfante de la Batalla de Pichincha. Era junio y Manuelita tenía 25 años. Se conocen en una gala, y Manuelita propicia un nuevo escándalo “social”: decide irse con el Libertador sin importarle su esposo.

En octubre de 1823, a petición de los oficiales superiores, fue incorporada al Estado Mayor de Bolívar. Otro escándalo: una mujer portando uniforme militar y con grado de coronela. Caso único en las gestas libertarias. En la Batalla de Ayacucho, 1824, donde se puso a España a las puertas de la expulsión definitiva de Suramérica, Manuela combatió de igual a igual con los bravos lanceros. Desde entonces empezó a ser llamada por la tropa como “La Libertadora”.

En Colombia debió de enfrentar al núcleo duro de los conspiradores contra Bolívar, que la llamaban despectivamente “La Manuela”. El atentado al Libertador del 25 de septiembre era el tercero del que lo salvaba. La rabia contra ella se demostraba en las calumnias que le creaban, en particular atacando su dignidad.

Cuando Bolívar renuncia a la presidencia y, enfermo, parte hacia la muerte, las agresiones hacia Manuelita tomaron fuerza. En muchos lugares de Bogotá aparecieron carteles insultándola. Ella pasó al contraataque. Distribuyó un folleto donde ponía de manifiesto la ineficacia de los gobernantes y revelaba sus secretos. Esto fue tildado de actos “provocativos y sediciosos”, siendo enviada a un calabozo por varios días, tratamiento nunca visto hacia una mujer mucho menos siendo quien era.

Al morir Bolívar, Santander regresó al país lleno de honores y se le restituyeron todos sus cargos, y hasta fue nombrado presidente. El primero de enero de 1834, firmó el decreto que desterraba a Manuelita. Ella partió a Jamaica. De ahí se dirigió a Ecuador, pero el gobierno del país que la vio nacer no le permitió el ingreso. La “Libertadora de los Andes” no tuvo alternativa que refugiarse en un poblado de la costa peruana, donde sobrevivió vendiendo tabacos. Murió de difteria y muy pobre, en 1856. (*)

* A titulo póstumo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa le dio grado de Genérala de la República, el 24 de mayo 2007.