InSurGente.- Dada la fuerza de la que disponen, Bolivia permanece expectante ante el debate que los mineros han comenzado en el XXX Congreso de su sindicato. Tres corrientes ideológicas batallan sin cuartel en el Congreso de la legendaria Federación Sindical de Trabajados Mineros de Bolivia (FSTMB) para definir si Bolivia avanza o no hacia la nacionalización de las ricas minas, controladas hoy por hoy por grandes capitales transnacionales. En las primeras deliberaciones del Congreso, que se celebra en Oruro, se destacan tres claras tendencias: los nacionalizadores, los defensores de las empresas transnacionales y los autogestionarios. “Es la lucha de clases. Es la lucha entre dirigentes de la minería estatal y los de la privada por la nacionalización de las minas. Hay una fuerte lucha ideológica para definir si el proceso revolucionario va hacia adelante o retrocede”, dijo el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, ahora representante sindical por la mina estatal de Huanuni.

Según Solares, el XXX Congreso minero definirá una tesis política y elegirá a los dirigentes de la Federación de Mineros que impulsarán la lucha de los trabajadores para concretar sus postulados.

“La lucha de clases significa la guerra entre ricos y pobres”, dijo al señalar que las fuerzas del “sindicalismo revolucionario harán frente al reformismo de Evo Morales y combatirán a la burguesía (…) Hay que profundizar la revolución del octubre con la verdadera nacionalización del gas y el petróleo, la nacionalización de la minería mediana y de todas las empresas capitalizadas”, agregó.

Tendencia revolucionaria

Los reportes del Congreso, citados por la minera Cepromin, señalan que los sindicalistas revolucionarios, que demandan la nacionalización de todas las minas bolivianas y la expulsión de las transnacionales, están representados por los delegados de Huanuni, Vinto y Caracoles, además de contar con el apoyo de los rentistas o jubilados mineros.

Esta tendencia aboga por una nacionalización de la minería a fin de que el Estado se beneficie de los grandes recursos económicos de los metales, ganancias que en la actualidad están siendo aprovechadas por las empresas privadas que pagan impuestos bajísimos al Estado.

Una investigación documentada de Econoticiasbolivia reveló que en la última década, un puñado de transnacionales y de empresarios locales de la minería se apoderaron en beneficio propio de más de cuatro mil millones de dólares, dejando socavones vacíos, mucha miseria en los pueblos del altiplano y sólo 90 millones de dólares en impuestos y regalías para el Estado. Esto quiere decir que “por cada 100 dólares que genera la minería, 98 se quedan en manos de las transnacionales y de las empresas chicas y cooperativistas, mientras que el Estado sólo recibe 2 en impuestos y regalías” (ver: Sigue el saqueo minero de Bolivia).

Cifras y razones suficientes para que la vanguardia del proletariado boliviano haya levantado la bandera de la nacionalización.

La fuerza transnacional

Frente a ellos, sin embargo, las transnacionales que dominan la minería boliviana han movilizado a sus trabajadores para defender sus intereses, conformando la segunda gran tendencia presente en el Congreso Minero y que pugnan por defender las concesiones privadas y los contratos de riesgo compartido. Sus principales representantes provienen de los sindicatos mineros de Porco, Bolívar e Inti Raymi y de las concesiones que tiene la siniestra Glencore, que opera en Bolivia bajo el nombre de Sinchi Wayra.

La transnacional Glencore, —creada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush— ha heredado dolosamente los millonarios negocios mineros del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado por el pueblo en octubre del 2003 (ver: Glencore, maña y figura).

Después de fugar a Estados Unidos y pese que tenía un juicio por genocidio en Bolivia, que le impedía transferir sus bienes y riquezas, Sánchez de Lozada entregó ilegalmente sus concesiones mineras a Glencore. Ahora, Glencore, junto la Empresa Minera Inti Raymi de propiedad de la multinacional Newmont Mining Corporation en alianza con los herederos de la familia Mercado y la Empresa Minera Unificada (EMUSA), manejan las minas que generaron en los últimos 10 años el 80 por ciento de los millonarios ingresos mineros (ver: Sigue el saqueo minero de Bolivia).

Los autogestionarios

La tercera tendencia, mucho más débil numéricamente que las anteriores, está representada básicamente por la delegación sindical de Avicaya, postula la creación de una empresa social autogestionaria sin dependencia de la empresa privada ni del Estado.

Los dirigentes de Avicaya advirtieron de que en vista de que el Gobierno de Evo Morales no se atrevió a nacionalizar dicha mina, "en un mes seremos dueños de la concesión minera".

Debates cruciales

El debate ya ha comenzado y en las últimas horas se han conformado cinco comisiones de trabajo, que expedirán informes a la plenaria que elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional y definirá la línea política de la histórica organización que aglutina a miles de trabajadores del subsuelo.

El magno acontecimiento obrero se desarrolla desde el día lunes 24 de marzo en Villa Chuquiña, población civil aledaña al campamento minero de la privada Inti Raymi, ubicada aproximadamente a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Oruro.

Los debates en las comisiones de trabajo (Política, Económica, Social, Orgánica y Redacción) y la posterior conformación del nuevo Comité Ejecutivo, definirán la línea política y de acción de la FSTMB hasta el año 2010.

Críticas y divisionistas

En el acto de inauguración realizado el pasado lunes, el Secretario Ejecutivo saliente, Roberto Chávez, señaló que "de ninguna manera permitirán la injerencia del Gobierno y mucho menos de la derecha que pretende dividir al país", acotó que de este Congreso emergerá una directiva que regirá los destinos de la clase proletaria boliviana e inclusive del país.

Por su parte, según un informe de Cepromin difundido por ABI, el máximo dirigente de la COB, Pedro Montes, cuestionó la actitud de los dirigentes cívicos de Santa Cruz que junto a las prefecturas pretenden dividir al pueblo boliviano, "piensan destrozar y enfrentar a hermanos de clase y eso no lo vamos a permitir (...) por eso tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo y del sector minero especialmente", Montes finalizó señalando que frente a la arremetida de la extrema derecha y la "media luna", saldrán a las calles si es necesario.

A la reunión nacional de 51 sindicatos asisten aproximadamente 500 delegados, de los cuales 350 son titulares y 150 son adscritos. Se espera que en este Congreso se afilien más de una decena de nuevos sindicatos mineros y se ratifiique la convocatoria de la directiva saliente para enfrentar a la oligarquía y los 100 clanes separatistas que conspiran para echar abajo al indio presidente (ver: Los mineros apuntan a los 100 clanes).

Las delegaciones asistentes son: Huanuni, Colquiri, Colquechaquita, Amayapampa, Potosí, Andacaba (Potosí), Porco (Potosí), Inti Raymi (Oruro), Bolívar (Oruro), Avicaya (Oruro), Paitití (Santa Cruz), Rentistas Mineros y la Confederación Nacional de Amas de Casa Mineras, entre otros.