La demanda de la población de que los hombres del Comando Sur de Estados Unidos salgan de la base de Manta, ha sido propuesta en la nueva Constitución

Marina Menéndez Quintero - Juventud Rebelde.cu.- La puerta va a cerrarse, y los ecuatorianos quieren ponerle candado para que sea definitivamente. Si, como se espera, el pueblo aprueba en referendo la nueva Constitución, los militares yanquis están fuera de Manta.

En un momento en que la presencia de las tropas estadounidenses en la base de esa localidad, en Manabí, se discute con renovada fuerza, la Asamblea Constituyente acaba de acordar que la Carta Magna prohíba terminantemente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. La decisión es trascendental dentro y fuera. En casa, porque materializa un reclamo mayoritario del pueblo. Más allá de las fronteras porque, asegurando la soberanía de Ecuador, también quedan resguardadas las de los países del sur del continente.

Claro y tajante, el Artículo 5 de la que será nueva Constitución estipula que (...) No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras».

Así, la medida otorga fuerza constitucional a la decisión reiterada por el presidente Rafael Correa de no renovar el contrato para prorrogar la presencia de las tropas gringas cuando la concesión para su estancia en Manta venza el año que viene. Y, de paso, cercena cualquier artilugio de las fuerzas proyanquis para dejarlas un poco más allí.

Aunque con el visto bueno de la amplia mayoría de los 130 asambleístas -89 de ellos votaron a favor- la decisión no se adoptó sin tropiezos. Infructuosamente, representantes de la oposición intentaron interponer una engañosa cláusula que permitiera la presencia militar foránea para tareas «humanitarias», en tanto delegados del Partido Sociedad Patriótica, del depuesto presidente Lucio Gutiérrez, pretendían imponer que la retirada de las tropas y los radares gringos se decidiera en Manta, en una «consulta» con el pueblo.

A esas horas, sin embargo, ya la propia población mantuana había frustrado los propósitos del alcalde, Jorge Zambrano, de convocar a una asamblea para que la gente se pronunciara sobre un referendo que la mayoría rechaza y que ilegalmente, además, buscaba dejar en manos de la alcaldía una decisión que, en todo caso, le compete al Estado.

Cientos de vecinos movilizados lo impidieron.

La confabulación para hacer que la permanencia militar estadounidense fuera «un pronunciamiento del pueblo» estaba a la vista, con la denunciada y sospechosa presencia en Manta de funcionarios del partido de Gutiérrez, y las artimañas del alcalde Zambrano quien, según fuentes locales, «citó» expresamente al acto a distintas fuerzas y ministerios. Mientras, los soldados yanquis pintaban las fachadas de algunas escuelas para granjearse una simpatía vecinal que nunca han tenido...

Tales manipulaciones, no obstante, quedaron grises ante las aseveraciones formuladas por Miguel Morán, líder del Movimiento Antimperialista Tohallí, quien reveló que el pedido de consulta estaba financiado por la CIA, que «proporcionaría» 600 000 dólares para pagar la infraestructura del procedimiento, según reportó una fuente periodística local.

La denuncia aún no ha sido confirmada, pero tampoco parece descabellada.

Poco después de la contundente respuesta mantuana reforzada por el acuerdo de la Constituyente, las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Quito, Linda Jewell, expresaban una resignación que, empero, no puede ser tomada como actitud conclusiva por parte de la Casa Blanca.

«Por supuesto, vamos a seguir los lineamientos de la nueva Constitución, si eso es lo aprobado por el pueblo», dijo Jewell, pero agregó: «Y vamos a hablar con el Gobierno para averiguar cómo podemos seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico».

Ello invita a pensar en cuáles serían esas «consideraciones» futuras que Estados Unidos presentaría a Quito, y a pesar de que la respuesta ecuatoriana parece dada ya. No solo porque la no renovación del convenio para la permanencia en Manta es compromiso del actual ejecutivo y formó parte, incluso, de los cimientos sobre los que se fundó Alianza PAÍS, así como del voto mayoritario que le dio el pueblo en las últimas presidenciales. Además, ha sido decisión reiteradamente confirmada por ese movimiento, una vez en el Gobierno.

A estas tensiones se añade la denuncia del presidente Rafael Correa de que los cuerpos de inteligencia están infiltrados por la CIA, lo cual provocó la renuncia del ministro de Defensa Wellington Sandoval, y la sustitución de casi todo el alto mando.

Quiénes se sirven

A estas alturas pocos deben desconocer la falacia que encierra la «lucha» estadounidense contra el narcotráfico: mampara para justificar la presencia de los hombres necesarios al Pentágono en Latinoamérica, así como ahora, en nombre del combate contra el terrorismo, W. Bush va por el mundo desatando guerras. Cosas del imperio y sus doctrinas: todos los que desobedezcan están en peligro.

De cualquier modo, la permanencia de las tropas yanquis en Manta ni siquiera podría sustentarse en una ayuda a la labor de las fuerzas militares de Ecuador, que brilla por su ausencia. En reciente entrevista publicada por el diario El Comercio, poco antes de su renuncia, Wellington Sandoval aseveró que la cooperación es «ninguna».

Incluso, parece francamente humillante la situación de los militares de Ecuador respecto a los términos del acuerdo para el uso de Manta.

Según reveló Sandoval, la información recopilada por los vuelos espías estadounidenses que despegan de la base, no es compartida con ellos, porque esta posibilidad «no está contemplada» en el convenio firmado en 1999 y que debe expirar el próximo enero, diez años después.

En virtud de esos postulados, los pilotos ecuatorianos que logran participar en uno de esos periplos solo pueden hacerlo hasta las 12 millas, y tampoco tienen acceso a los datos que registran los radares.

Las revelaciones refuerzan los argumentos de la decisión constitucional ecuatoriana, nunca antes mejor avalada por los acontecimientos.

A las restricciones a la libre circulación por las playas, la prohibición a los mantuanos de pescar en sus propias aguas, la prostitución en la ciudad y no aclarados hundimientos de naves pesqueras ecuatorianas, que llegaron a superar la decena y han sido denunciadas en los últimos años por esa comunidad, se suman ahora hechos que alertan sobre el peligro que la actividad de EE.UU. desde allí supone para Ecuador y para el resto de la zona. Además del involucramiento forzoso de Quito, quiéralo el país o no, en el Plan Colombia.

Sobre todo, porque a la ya sabida utilización de Manta para vuelos espías que sirven solo al Comando Sur y con los cuales se vigila a todo el continente, se añaden ahora las especulaciones de quienes, dentro y fuera de las Fuerzas Armadas de Ecuador, estiman que desde Manta salieron no solo las coordenadas de localización, sino también las bombas teledirigidas que signaron el operativo colombiano del 1ro. de marzo contra un campamento de las FARC en Sucumbíos, en los límites con el país vecino.

Fue una operación que casi fractura a la región y que dejó congeladas las relaciones bilaterales después de matar, mientras dormían, al comandante y vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, y a una veintena de hombres y mujeres de su tropa junto a cuatro estudiantes mexicanos y a un civil de Ecuador cuyo cadáver, en primera instancia, fue llevado a Bogotá como si fuera otro comandante insurgente.

Las conjeturas tienen tanta fuerza, que la Constituyente ha pedido también una auditoría a la base para comprobar la implicación o no de los militares norteamericanos.

Sea cual fuere el resultado de la pesquisa, el Artículo 5 del proyecto de Carta Magna en manos de la Constituyente, no debe dejar margen a dudas acerca de una actitud que pretende cortar alas al espionaje, la guerra sucia, y a la potencial agresión yanqui que podría desatarse, desde Manta, contra cualquier país de la región.

«Ecuador es un territorio de paz», asevera el postulado. Los ecuatorianos tienen todo el derecho del mundo a hacer que se respete esa decisión.