Prensa Latina.- Organizaciones sociales de Bolivia respaldan hoy la decisión del presidente, Evo Morales, de declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, a quien responsabilizó de conspirar contra su gobierno.

En un acto efectuado la víspera en Palacio Quemado para presentar un nuevo programa de empleo, el mandatario explicó los vínculos del diplomático y la legación que encabeza con disturbios en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca, cuyas autoridades se oponen al proceso de cambio.

Morales dio instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, David Choquehuanca, para que iniciara los trámites correspondientes para la salida de Goldberg de Bolivia, a quien acusan de financiar a grupos violentos.

"El embajador de los Estados Unidos está conspirando contra la democracia y quiere que Bolivia se rompa", remarcó.

En reiteradas ocasiones, el gobierno boliviano había presentado pruebas que asocian maniobras subversivas con la representación de Washington en La Paz y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

También denunciaron reuniones secretas de Goldberg con autoridades opositoras al Ejecutivo, las más recientes con los prefectos Savina Cuéllar (Chuquisaca) y Rubén Costas (Santa Cruz).

Sobre Goldberg, el jefe de Estado andino recordó que es un experto en dividir países, en alusión a anteriores misiones en Kosovo y la ex Yugoslavia.

Acerca de la ocupación y saqueo de instituciones públicas y de ataques de las agrupaciones extremistas vinculadas a los comités cívicos y prefecturas de esos cinco territorios, Morales reafirmó que se trata de un golpe de Estado civil, de negativas consecuencias para la economía nacional.

También denunció que dirigentes territoriales como los cruceños Rubén Costas y el acaudalado empresario Branko Marinkovic, lejos de aceptar el diálogo que impulsa el Ejecutivo, incitan a más violencia y a pasar a sus manos la administración de esas dependencias ocupadas, lo que es ilegal.

Morales aseveró que en Bolivia está en juego la decisión por uno de dos modelos de Estado y desarrollo: el que enarbola el pueblo con la nacionalización de sus recursos naturales, o el neoliberalismo que estimula la privatización.

En ese sentido, destacó la conciencia del pueblo boliviano y la amplia aceptación de una verdadera Revolución democrática y cultural.

Este miércoles, el Ejecutivo había anunciado que reforzaría la seguridad en las plantas energéticas frente a la escalada de atentados contra esas instalaciones.

Según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la decisión se tomó luego del ataque terrorista perpetrado en un gasoducto en la localidad de Villamontes, en el sureño departamento de Tarija.

Ese sabotaje, según fuentes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afectará los envíos de gas natural a Brasil, ingresos equivalentes a ocho millones de dólares diarios.