El Ejecutivo convocó para el próximo martes a una segunda ronda que intenta poner en marcha el Consejo Nacional Autonómico, pero los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, condicionaron su asistencia.
Entre sus demandas sobresale la liberación del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, detenido en La Paz como principal responsable de una masacre de campesinos, en los poblados de Filadelfita y Porvenir, en septiembre pasado.
También exigen que las conversaciones sean en Santa Cruz o en otro departamento, menos en La Paz, y que siempre esté presente el jefe de Estado y varios observadores internacionales.
Morales aseveró este domingo que está siendo víctima de chantajes por parte de sus adversarios, pero que no obstante podría someterse a todas esas condiciones con tal de que avance el proceso autonómico.
Estamos dispuestos a ir a donde se me convoque para dialogar", apuntó.
Recordó que cuando fungía como dirigente sindical no condicionaba ningún proceso de acercamiento con las autoridades gubernamentales de entonces.
También señaló que el gobierno está dispuesto a aceptar un pacto social, tal como plantean los prefectos, a fin de allanar el camino del diálogo sobre las autonomías.
Asimismo aprobó la iniciativa de que en el debate estén presentes veedores mundiales.
Morales consideró que La Paz, en su calidad de ciudad sede del Ejecutivo, es el escenario adecuado para resolver asuntos de estado, aunque insistió en dialogar en cualquier escenario propicio.
Sobre el encarcelamiento desde el pasado septiembre del ex prefecto Fernández, afirmó que se trata de una decisión de la justicia boliviana, la que debe respetar el poder ejecutivo.
Este domingo, también el ministro de Autonomías, Carlos Romero, se refirió a la decisión del opositor Consejo Nacional Democrático (CONALDE) de obviar el acercamiento que propicia el Ejecutivo.
Acerca de los hechos de Pando, la autoridad explicó que es un asunto de la justicia y si no se sanciona a los responsables la democracia boliviana habrá quedado herida, los movimientos sociales habrán quedado heridos.
Es un tema que no podemos entremezclar con las autonomías, aclaró.
Para Romero, la postura de los prefectos tiene que ver con líneas duras al interior de los comités civicos, sobre todo en Santa Cruz, que ahora tiene una presencia orgánica en el agro-poder, sobre todo el primer vicepresidente, Guido Nayar.
