Yolanda Castro - inSurGente / Cubainformación.- La reiterada desobediencia de los legisladores opositores bolivianos a asistir a la cámara legítima de representación popular para la aprobación del nuevo régimen electoral que permita la celebración de elecciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, Presidencia y Vicepresidencia de la República, el próximo día 6 de diciembre, como establece la disposición transitoria de la Constitución Política de Bolivia, cuyo texto fue aprobado en referendum el 25 de enero de este año, viene a constatar toda una estrategia organizada, coordinada y reiterada de violación flagrante de los principios constitucionales y legales que ponen en peligro nuevamente las conquistas sociales, políticas, culturales y económicas que hasta el momento se han logrado en el país andino.
Conviene recordar que la participación en el referendum constitucional alcanzó más del 90% y el sí triunfó con el 61,43% frente al 38,57% del no. La campaña mediática interna e internacional a favor de la negación del nuevo texto estuvo basada principalmente en el grado de participación que la nueva Carta Magna otorga a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la intervención del Estado en la determinación de una políticia productiva industrial y comercial, la tipificación como delito de traición a la patria de las acciones promovidas para la desintegración territorial o que atenten contra la unidad del país y la posibilidad de reelección del Presidente o Vicepresidente del Estado.
Gobernadores de las zonas más ricas y líderes civiles de la oligarca clase criolla han conspirado contra el legítimo gobierno de Evo Morales desde que éste asumiera el poder en enero del 2006. Es significativo y conviene recalcar igualmente que Evo Morales, aparte de ser el primer presidente indígena del país, es el segundo mandatario boliviano elegido democráticamente por la mayoría absoluta de los votos, mientras que el ex presidente y ahora líder opositor, Jorge Quiroga, asumió el cargo de la Presidencia por el mecanismo de la sucesión constitucional al producirse la renuncia de Hugo Banzer.
Hugo Banzer concurrió a distintas elecciones presidenciales llegando a gobernar al país andino por las urnas de 1997 al 2001. No obstante, es de destacar, que en los años setenta instauró una férrea dictadura militar, con el apoyo directo de los EE.UU., denunciada en todas las instancias internacionales por las organizaciones y asociaciones en defensa de los derechos humanos por las graves violaciones que en esta materia se produjeron y por su participación expresa en el Plan Cóndor junto con las dictaduras de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Jorge Quiroga es el ahijado político del ex dictador militar, primero como su jefe de campaña en las elecciones que Hugo Banzer pierde en 1993 y posteriormente como vicepresidente de su gobierno, hasta que la renuncia del General lo coloca en la jefatura del Estado.
Bolivia está sometida en estos momentos a una difícil situación institucional, auspiciada y promovida por los sectores legislativos opositores, que pone en grave riesgo el principio democrático esencial del ejercicio efectivo de la soberanía popular, puesto que parte de los representantes del pueblo boliviano se empecinan en no cumplir la ley fundamental del Estado. El mismo texto constitucional es claro al respecto cuando establece en su articulado que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas y que de la vulneración de esos derechos constitucionales se hace responsable a los autores intelectuales y materiales. Igualmente, establece la acción de cumplimiento en caso de que no se lleven a cabo disposiciones constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida. Parece que el pueblo boliviano, con Evo Morales a la cabeza, intenta con su huelga de hambre hacer un llamamiento pacífico a la responsabilidad de estos legisladores de la oposición, sin utilizar, por el momento, la fuerza de los mecanismos legales para su obligado cumplimiento y evitando una confrontación violenta a la que con su provocación quiere llevar la oposición al gobierno, lo que daría alas al movimiento contrarrevolucionario imperialista para interferir en los asuntos internos de este país sudamericano.
