"No soy espía, soy un hombre de honor y de trabajo", dijo el renunciante ante un grupo de periodistas, mientras en la prensa se multiplican revelaciones sobre comportamientos poco éticos del cesante desde su juventud.
El político conservador aseguró el miércoles pasado que de ninguna manera dimitiría y que nada malo había en la asesoría legal que dio a Business Track, con honorarios de tres mil 500 dólares mensuales, aunque no precisó qué tipo de servicios prestó a la compañía.
El ministro dimitente se declaró víctima de una campaña "de demolición y difamación" que no sólo lo afecta a él y su familia, sino también al presidente Alan García.
Otro motivo para dejar el cargo, añadió, es dejarlo a alguien que pueda dedicar su tiempo a los damnificados de un terremoto que asoló parte del sur peruano en 2006, sin tener que distraerse en la defensa de su honor.
Allison pidió el jueves al ministerio Público que investigue sus lazos con Business Track y que para ello sea revocado el secreto de sus cuentas bancarias y de sus comunicaciones y tributos.
Ese día, tras una reunión del gabinete ministerial el todavía ministro de Vivienda dijo que el presidente y sus colegas lo respaldaron, pero el mandatario guardó silencio y el primer ministro, Javier Velásquez, aclaró que el gobierno sólo respaldó que el entonces titular sea investigado.
El protagonista de la crisis aseguró también haber aclarado su situación ante una comisión parlamentaria que investiga el caso de espionaje telefónico practicado por Business Track, a cargo de agentes de inteligencia de la Armada activos y en retiro.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, Oswaldo Luizar, aclaró que las declaraciones fueron insatisfactorias y no dieron respuesta a preguntas elementales como el detalle de los servicios que Allison daba a la compañía.
Luizar agregó que la Comisión mas bien considera posible que el renunciante hay manejado fondos de Business Track para pagar a terceros en forma encubierta, actuando como testaferro, lo que es investigado.
Business Tack fue allanada y clausurada en enero de 2008, bajo la acusación de espiar a políticos, empresarios y periodistas, y de haber filtrado a la prensa grabaciones telefónicas que ponían en evidencia a una red de corrupción que llegaba a altos niveles del gobierno.
El congresista reveló también que el grupo parlamentario sabía desde hace dos meses, al igual que el gobierno, que el titular de Vivienda había trabajado para la citada compañía.
El retiro de Allison era reclamado por legisladores y medios de prensa convencidos de que su permanencia en el gobierno dañaba severamente su imagen.
