Raimundo López - Prensa Latina.- El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras convocó para hoy una nueva manifestación pese a la suspensión de las garantías constitucionales por 45 días decretada por el régimen.
El coordinador general de esa alianza de organizaciones populares, Juan Barahona, anunció que este viernes se volverán a concentrar frente a la embajada de Estados Unidos, donde ayer realizaron un plantón antigolpista.
Las medidas de excepción prohíben las reuniones públicas y autorizan a la policía, con el apoyo de las fuerzas armadas, a dispersarlas.
Desde su anuncio, las demostraciones de protesta son cercadas por centenares de policías y soldados para impedir las marchas en las calles y la manifestación del miércoles fue atacada con gases lacrimógenos.
Barahona exhortó a la resistencia a divulgar por formas alternativas las acciones previstas, tras la clausura de los dos medios de prensa con cobertura de la lucha popular, Radio Globo y el canal 36 de televisión.
La radioemisora logró reaparecer con transmisiones vía Internet y algunas emisoras alternativas del interior se enlazan con su señal, en un esfuerzo por vencer el cerco mediático impuesto a la población.
El estado de sitio, junto al vasto despliegue militar y policial, es denunciado por el Frente como un intento de paralizar las protestas populares, que este viernes cumplen 97 jornadas consecutivas.
En tanto, para hoy está anunciada la visita de funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) para preparar una misión de cancilleres que se espera llegará al país el próximo día 7.
Las gestiones de la OEA se desarrollarán en la nueva coyuntura creada por el sorpresivo regreso al país del presidente derrocado, Manuel Zelaya, quien se encuentra bajo la protección de la embajada de Brasil.
Tras su llegada el pasado día 21 de septiembre, Zelaya convoco a un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis desatada por la asonada castrense del 28 de junio pasado.
El estadista confirmó su disposición a firmar un plan para su restitución condicionada propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, promovido como mediador en la crisis por el gobierno de Estados Unidos.
Esa posibilidad es rechazada por el gobierno de facto y los grupos políticos y empresariales afines.
