Pablo Osoria Ramírez - Prensa Latina.- Los bolivianos inician hoy un nuevo año con la esperanza de consolidar importantes logros económicos, políticos y sociales, bajo el gobierno del reelecto presidente Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con el apoyo de más de 64 por ciento del electorado, el Ejecutivo iniciará un proceso de renovación institucional que apuntalará la Revolución democrática y cultural iniciada en enero de 2006.

La victoria convirtió a Morales en el presidente del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico (2010-2015), y fortaleció el régimen de administración territorial nacional con el triunfo popular de las autonomías en La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Potosí.

Durante su primer mandato, el gobernante dirigió el país con una pesada herencia institucional dejada por varios años de administraciones neoliberales desde que la democracia se reinició en octubre de 1982, tras casi dos décadas de regímenes dictatoriales, algunos de ellos ultra violentos. Más allá de ese legado, el triunfo de Morales reflejó una férrea voluntad democrática para construir un futuro de certidumbre y de esperanza, en el marco de la unidad del pueblo y en torno a un proyecto político que rescata reivindicaciones sociales, políticas y económicas en pos de un Estado de protección social.

De cara a los comicios, el MAS fue el único instrumento político que puso a la población ante la disyuntiva de optar por una propuesta de cambio real o retornar a un pasado marcado por la marginación y el sometimiento a intereses ajenos.

Los bolivianos demostraron que prefieren la soberanía, la esperanza y la dignidad.

El dominio del oficialismo es mayoritario tanto en diputados como en la Cámara del Senado que, a partir de 2010, integrarán la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La victoria de Morales tuvo lugar en un escenario de definiciones históricas y en el marco de un proceso político que enfrentó a una oposición de derecha dispersa en sus propuestas, pero unida en la defensa del viejo aparato neoliberal.

Luego de la toma de posición, prevista para el 22 de enero, el Gobierno deberá definir las primeras reglamentaciones que sancionará con el fin de implementar la Constitución Política del Estado, aprobada en enero último por los bolivianos, de manera democrática en las urnas.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García, subrayó que cuando se instale la Asamblea deberán analizar centenares de leyes heredadas del antiguo Parlamento, entre ellas y con prioridad, la norma de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, que lamentablemente no fue aprobada por el Senado, de mayoría opositora.

También considerarán la ley Avelino Siñani, que revolucionará el sistema educativo en Bolivia, y la de pensiones, cuyo fin es universalizar las compensaciones con la garantía de los aportes individuales de los asalariados.

Otra ley perentoria, acotó el dignatario, es la que autoriza la construcción de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), proyecto que se aprobó de inmediato en diputados, en el cual el oficialismo es mayoría, pero detenido por senadores.

Entre los retos del Gobierno para el año que inicia, figura el convertir al país suramericano en una potencia industrial.

Bajo el lema Bolivia es de todos para vivir bien, las autoridades continuarán la búsqueda de una patria unida con la nueva carta magna, la construcción de un Estado plurinacional, una economía plural y autonomía verdadera para todos.

La situación del empleo, una de las debilidades de la actual gestión; la producción agrícola tangible, con Seguro Universal para los hombres del campo; y la producción de alimentos a precio justo serán otras de las metas para los próximos cinco años.

Los empeños comprenden también tareas destinadas a resolver las contradicciones que afectan, especialmente, a los pueblos indígenas de la nación andina amazónica.