lapolillacubana.- En rueda de prensa desde la Casa de la Mujer en Bogotá, la senadora Piedad Córdoba manifestó preocupación por todos aquellos que trabajan en su país por una salida negociada a la guerra interna que padece la nación

La congresista dejó en manos de sus abogados toda la defensa que tendrá (Foto: Red)

La senadora colombiana, Piedad Córdoba denunció este martes que con la acción de la Procuraduría General de Colombia, de inhabilitarla por 18 años por supuestamente colaborar con la guerrilla de su país, se pretende criminalizar la búsqueda de la paz.

La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó que la congresista en rueda de prensa desde La Casa de la Mujer, ubicada en Bogotá, sostuvo que “durante todos estos años ha obrado en busca de la paz, que no comparte la decisión porque lo que se está haciendo es criminalizando la búsqueda de la paz”.

Este lunes se conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) inhabilitó por 18 años a la senadora liberal colombiana Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según la Procuraduría General colombiana, Piedad Cordoba, quien forma parte de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, “colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010?.

No obstante, los abogados de la senadora defendieron que los contactos que la congresista tuvo con la guerrilla fueron autorizados por el Gobierno de su país como parte del proceso de liberación de rehenes cautivos por el grupo insurgente.

En respuesta a la acción de la PGC, Córdoba argumentó que la investigación que adelanta ese órgano por su supuesta cooperación con la guerrilla no tiene respaldo probatorio, ni mérito jurídico.

”Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, dijo la senadora en un comunicado publicado en su sitio en Internet.

Agregó que el fiscal General, Alejandro Ordónez, responsable del fallo que la inhabilita por 18 años, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por acciones contra los derechos de la mujer, operaciones ilegales con el Departamento Administrativo de Seguridad colombiano (DAS, inteligencia), entre otros delitos.

En abril de este año la Procuraduría aseguró tener pruebas suficientes y por ello inició una investigación formal contra la senadora Piedad Córdoba, por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Procuraduría basa sus acusaciones contra Córdoba en una información contenida en unas supuestas computadoras que el Gobierno colombiano afirma que recuperó, tras el bombardeo ilegal en territorio de Ecuador el pasado 1 de marzo de 2008, bajo la excusa de desmantelar un campamento de las FARC.

En el ataque ilegal colombiano contra un territorio fronterizo ecuatoriano, murieron unas 24 personas y el número dos de las FARC, Rául Reyes, mientras que otras resultaron gravemente heridas.

La congresista dejó en manos de sus abogados toda la defensa que tendrá, según el reporte de Pérez.

La corresponsal de TeleSUR precisó que “en este momento los abogados (de Piedad Córdoba) están analizando cuales son las pruebas para poder desvirtuarlas”.

El lugar de la selva ecuatoriana, (provincia Sucumbíos, nororiente) donde se ejecutó el bombardeo, quedó totalmente destruido, sin embargo el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe aseguró que recuperó las computadoras que supuestamente eran de propiedad de Reyes y que contienen importante información para el Estado. No obstante, hasta la fecha, no han sido presentadas a la opinión pública, por lo que se cuestiona la existencia de tales artefactos.

Ante decisión de la Procuraduría: Comunicado de la

Senadora colombiana Piedad Córdoba

“Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.

Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.

Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia,

Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.

Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.

La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.

Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional

Piedad Córdoba Ruíz, Senadora de la República

Partido Liberal Colombiano

Bogotá DC, 27 de septiembre de 2010