La Jornada.- El gobierno de Ecuador anunció este sábado que mantendrá por tiempo indefinido el estado de excepción en Quito, declarado a raíz del intento de golpe de Estado del 30 de septiembre pasado, que ha llevado hasta ahora a la detención de 61 personas, entre ellas dos civiles aprehendidos este sábado. "No nos engañemos" en cuanto a perder de vista que "hubo una acción planificada" para derrocar al gobierno actual, declaró el presidente Rafael Correa al dar a conocer que la investigación oficial de los hechos busca "las cosas que fallaron" para detectar la intentona golpista.

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La cancelación de las medidas de excepción estaba programada para la medianoche del pasado viernes, pero la administración central consideró necesario que las fuerzas armadas continúen realizando actividades policiales en la capital para "precautelar" instalaciones públicas como la Asamblea Nacional, uno de los puntos de la revuelta, donde este sábado se recibió una amenaza de bomba que resultó falsa.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, afirmó a los medios que la medida fue levantada en el resto del país y no supone restricción alguna de derechos, por lo que no está suspendida la realización de actos públicos ni ningún tipo de reuniones.

De acuerdo con la ley, el presidente está facultado para suspender o limitar derechos como la inviolabilidad de los domicilios de particulares y disponer la censura previa a medios de información.

El arresto de presuntos implicados en los hechos de la semana antepasada continuó hoy con la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra la asambleísta suplente Alejandra Cevallos y el abogado Pablo Guerrero, acusados de haber ingresado violentamente en un edificio de la televisión pública, que durante el día de la revuelta policial fue el eje de una cadena nacional que mostró los acontecimientos en vivo.

Además de Cevallos y Guerrero, el otro de los tres civil detenidos hasta ahora por la insubordinación de un sector de la policía es el mayor retirado Fidel Araujo, militante de Sociedad Patriótica, el partido que encabezan Gilmar Gutiérrez, hermano del ex presidente Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Correa denunció desde el primero de octubre que Araujo actuó como "infiltrado" del ex mandatario, un coronel retirado que llegó al poder con propuestas de izquierda a las que renunció una vez en el poder y aplicó políticas neoliberales que decía rechazar.

Gutiérrez, quien aún no ha sido acusado por la fiscalía general, afirmó en las últimas horas que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si se formaliza la denuncia hecha por Correa.