Soldepaz-Pachakuti – Rebelión.- Se reúne por dos días la Asamblea de la OIDHACO (Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia) en Roma, en la Fundación justo al lado del Senado, lleno por todas partes de carabinieris y periodistas, (al igual que están repletos estos días de policías y cámaras de tv todos los Palacios de Diputados, Qurinal y Tribunales, debido (?) a la crisis gubernamental..) y al finalizar la jornada del primer día se establece conexión de teleconferencia con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en Bogotá, en conversatorio con el doctor Alirio Uribe.
Los datos obtenidos son concluyentes: una estrategia bestial de ataque al Colectivo de abogados, y a través de ellos y ellas un ataque a Fondo contra todos los defensores de los derechos humanos, y por la misma vía contra las figuras internacionales de la defensa de derechos.
¿Por parte de quién? directamente del ejecutivo, del ejército, de sus medios de comunicación, de la extrema derecha colombiana.
¿Y el motivo escogido? la masacre de Mapiripán, por ahora. Después intentarán que se revisen otras sentencias de otras terribles masacres, como la del Salado o la de Trujillo.
¿El método empleado? el más ruin y directo: si en 31 años de impecable y heroica labor en defensa de los derechos humanos el CAJAR ha tenido seguimiento y espionaje constante del DAS y otras instancias del espionaje estatal, sin conseguir hacer mella en su trabajo constante, ahora, dicen desde los medios de comunicación, sin entregarles a ellos las pruebas, que una persona que se había declarado víctima en la masacre de Mapiripan, se desdice años después.
¿Y qué? ¿no fue la Fiscalía la que dio esos datos? ¿no existe el mecanismo jurídico para analizar y revisar cuanto sea necesario..? Pues no. Los "datos" obran en poder del ejecutivo, cuyos representantes más altos, (léase Presidente, Procurador, etc.) se han lanzado en tromba (¿preparada?) (No. muy preparada) contra el Colectivo, acusándoles de todo, por el hecho de que fueron defensores de esas víctimas. Y cuestionan el dato de 49 asesinatos en Mapiripán, que es un dato que no da el Colectivo, sino el jefe paramilitar Castaño en sus confesiones, y otros testigos y protagonistas paramilitares de la masacre, así como el propio juez, que tuvo que salir al exilio.
Se trata de un intento de quebrar la confianza entre víctimas y abogados defensores, y un ataque directo al corazón de la Corte Interamericana de DDHH, dependiente de la OEA que emitió el fallo. La CIDH estorba a los militares colombianos, que en número de 8.000 están enjuiciados por ejecuciones extrajudiciales incentivadas desde el gobierno.
Estorba la propia presencia de la oficina de DDHH de la ONU, que se ha pronunciado claramente contra este sinsentido. Si el estado colombiano tiene Mil abogados de su plantilla, tiene 350 dedicados en exclusiva a investigar , perseguir, señalar y buscar pruebas falsas contra siete abogadas y abogados del CAJAR, que a pesar de esa guerra asimétrica, ha conseguido enjuiciar y condenar a los responsables de numerosas masacres contra la población.
El gobierno ha anunciado una nueva Audiencia en Costa Rica, el día 23 de noviembre, donde se prevé una nueva arremetida de difamación, sin que los letrados de la Alvear dispongan de datos ni pruebas para preparar esta Audiencia. Y el día anterior, en sus medios propios de desinformación (en tv, radio y prensa) el conocido activista de la extrema derecha, y asesor principal del ex presidente Uribe, Obdulio Gaviria, ha anunciado que dará detalles contra el CAJAR, y presentará un nuevo "colectivo de abogados" con finalidad de buscar Impunidad para los militares enjuiciados o presos.
La respuesta de solidaridad con el CAJAR ha sido inmediata. En la ONU como ya se dijo. En el Cuerpo Diplomático. En las Organizaciones de DDHH del mundo. En próximos días se conocerán pronunciamientos de Eurodiputados, de Obispos, de Europa, de Estados Unidos, del TPP, de todas partes.
La Unión Europea, hasta el momento guarda penoso silencio. El Tribunal Penal Internacional tendrá que mirar el asunto.
Este ataque directo a las Víctimas viola las propias leyes colombianas, y de seguir el proceso podrían darse nuevos episodios de guerra sucia de los que Colombia tiene exagerada experiencia.
En esta nueva fase de la guerra en Colombia, en modalidad de guerra jurídica, tampoco caben ambigüedades o complicidades. La OIDHACO trasladó el total respaldo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
