El término fue acuñado por la dignataria semanas atrás, cuando al clausurar la Conferencia Nacional de la Unión Industrial Argentina (UNA) aludió a la apertura de una nueva etapa en la economía nacional: la de la competitividad, que -enfatizó- solo es sustentable con inclusión social.
De este modo, Fernández ratificaba su decisión de continuar profundizando un modelo de acumulación con matriz productiva diversificada, fortalecimiento del mercado interno e inclusión social, cuyos cimientos comenzó a echar en 2003 el exmandatario Néstor Kirchner y sobre los cuales se erigieron los logros de su gestión a partir de 2007.
La búsqueda de esa competitividad, según la percepción de Fernández, pasa necesariamente por la reinversión de utilidades por parte de las grandes empresas en la ampliación de las capacidades productivas del país, devastadas por las políticas neoliberales de la décad del 90.
E implica también revisar la política de subsidios, otro de los pilares del modelo puesto en marcha ocho años atrás y al cual fue necesario recurrir para mantener o poder incrementar demanda agregada, y sostener la competitividad de pequeñas, medianas y grandes empresas que venían muy golpeadas de la década anterior.
En esta última dirección ya comenzaron a darse algunos pasos el mes pasado, cuando se anunció la supresión de la ayuda gubernamental a 40 grandes empresas, a barrios lujosos del área metropolitana de Buenos Aires, y a una docena de sectores, entre éstos el bancario-financiero; seguros y anexos; casinos y juegos; aeropuertos nacionales e internacionales y empresas de telefonía móvil.
Tal disposición permitirá al Estado argentino un ahorro anual estimado en más de mil 100 millones de dólares, cifra nada despreciable para cualquier economía, menos aún en una coyuntura internacional como la que atraviesa hoy el mundo.
Precisamente "evitar que la crisis mundial caiga sobre nosotros" será el mayor de los desafíos que, a juicio del politólogo argentino Atilio Borón, tendrá por delante en su segundo mandato Cristina Fernández.
Dos de las medidas fundamentales para poder conjurar esa real amenaza -explicó Borón a Prensa Latina- son la derogación de la Ley de Entidades Financieras, sancionada en 1977 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, y acometer en el más breve plazo posible una reforma tributaria.
La también denominada Ley 21.526 liberalizó por completo el mercado financiero, originando un grave problema al país al privilegiar el predominio de la inversión especulativa sobre la inversión productiva.
Respecto a la implementación de la reforma tributaria, su necesidad está sustentada en la urgencia de poner coto a lo que el propio investigador califica de "extraordinaria regresividad del sistema impositivo".
En virtud de este carácter regresivo, la renta financiera queda exenta de obligaciones tributarias al igual que la transferencia de activos de sociedades anónimas, mientras una parte creciente de los asalariados debe pagar el impuesto a las ganancias, considerados como tales los sueldos y salarios.
Más allá de estos dos derroteros, analistas aquí coinciden en que en su nuevo período de gobierno Fernández deberá poner también el acento en la aprobación de la Ley de Tierras (ya remitida al Congreso), y en la puesta a punto de una nueva legislación sobre minería.
Las condiciones para poder avanzar con mayor rapidez en un empeño de este tipo son ahora más favorables que en los dos últimos años, pues el gobernante Frente para la Victoria (FpV) recuperó en las elecciones de octubre pasado su preponderancia en el Congreso de la Nación.
Hoy, el FpV cuenta en la Cámara de Diputados con 118 legisladores propios y al menos 17 aliados, con lo cual supera la cifra de 129 que representa la mayoría necesaria para dar quórum y discutir cualquier proyecto.
Mientras, en el Senado de la Nación recuperó también el quórum propio, al quedarse con 27 bancas.
