Durante el último trimestre del año que termina se multiplicaron las acciones proselitistas de los aspirantes a suceder a Chávez en el Palacio de Miraflores en los comicios presidenciales del 7 de octubre próximo, y la propaganda electoral comenzó a proliferar en las zonas donde predominan sus partidarios.
La campaña ha sido tan intensa que hasta dos de ellos, actualmente gobernadores de sus estados, prácticamente han abandonado esas funciones para dedicarse a recorrer el país en busca de adeptos.
Dos debates celebraron entre ellos en noviembre y diciembre, pero más que intercambios de ideas fueron exposiciones calificadas de contradictorias y populistas, formuladas por representantes de un sector de la sociedad que, según el presidente Chávez, no tienen proyecto ni rumbo.
La oposición venezolana -dijo el mandatario después del segundo- está como "el cuento de la caperucita roja, están tratando de vestirse de mansa paloma, se quieren poner el disfraz de la abuela y es el de lobo".
A finales de noviembre, un hecho sin precedentes corrió un poco ese disfraz, al conocerse el contenido de una reunión de varios dirigentes opositores con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien les sugirió acciones para sabotear el acercamiento entre los dos países.
Ese encuentro se efectuó pocos días antes de la visita que el mandatario de la nación vecina, Juan Manuel Santos, realizó a Caracas para sostener conversaciones oficiales con su par venezolano, en vísperas de la participación de ambos en la cumbre fundacional de la Celac.
De hecho, Uribe parece haberse convertido en asesor de la oposición venezolana en materia de seguridad, pues a ese primer encuentro en Bogotá, siguió la visita a la capital colombiana, con igual propósito, de Leopoldo López, uno de los que aspira a conseguir en octubre la llave del Palacio de Miraflores.
Dos días después, el alcalde de Chacao, Emilio Graterón, quien sucedió en ese cargo a Leopoldo López, anunció la firma de un convenio con el equipo de Uribe para "implementar políticas de seguridad" en ese municipio capitalino, conocido por ser un bastión de los antichavistas.
Graterón informó, además, que en virtud de ese acuerdo la Policía municipal de Chacao recibiría asesoramiento del colombiano José Obdulio Gaviria, un controvertido personaje a quien se responsabiliza de graves violaciones de los derechos humanos en su país durante el gobierno de Uribe.
La eventual colaboración de Gaviria y otros personajes semejantes fue denunciada, entre otros, por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien reiteró que no se permitirá la entrada al país de paramilitares colombianos.
Casi al acabar el año, Cabello retomó el tema y afirmó que "el silencio cómplice de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) sobre la propuesta de traer a nuestro país mercenarios colombianos ligados al paramilitarismo, busca alterar la estabilidad democrática que goza la nación".
"Si Leopoldo López está actuando por su cuenta, pues amarren a su loco, porque el Pueblo venezolano apuesta a la paz y a la tranquilidad", dijo, y ratificó que el gobierno no permitirá la entrada de "estas personas no gratas", vinculadas con el ex presidente Uribe, a quienes calificó de perfectos asesinos.
Cobijados bajo el paraguas de la MUD, los seis aspirantes afrontarán en febrero el primer gran reto en el camino hacia las elecciones de octubre, al definir en primarias quien de ellos los representará a todos, en una cita para la que se vienen preparando desde hace meses.
Sin embargo, en las últimas semanas se especula con la posibilidad de que esa cita se suspenda y el candidato para enfrentar a Chávez en octubre se escoja por consenso entre los líderes de las formaciones opositoras o, como algunos afirman, esté ya seleccionado por Washington.
Esa eventualidad fue rechazada el 28 de diciembre por Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Primero Justicia, quien aseguró que "no está planteado bajo ninguna circunstancia, cambiar, modificar o no hacer las primarias del 12 de febrero".
Lo cierto es que haya o no primarias, las perspectivas opositoras en las elecciones presidenciales son más que inciertas, lo que se agrava por los pronunciamientos de sus líderes que se limitan a criticar y cuestionar las acciones y los programas sociales del gobierno.
De la actuación cívica y democrática de ellos dependerá en buena medida lo que ocurra en el transcurso del 2012, sobre todo tras las elecciones de octubre, en la que todas las encuestan sugieren hasta ahora una aplastante victoria del presidente Chávez.
Por lo pronto, el propio mandatario ya alertó de planes desestabilizadores tras esos comicios.
Los opositores "saben que no van a poder llegar a Miraflores por la vía electoral, no van a poder ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre, es política y matemáticamente imposible que lo logren", dijo Chávez a finales de diciembre.
Según afirmó el mandatario, la derecha venezolana y sus asesores de Estados Unidos adelantan un plan para calificarlas de fraudulentas, lo que, además de desconocer la victoria de la Revolución, provocaría un clima de violencia en el país.
