TerceraInformación - Cubainformación.- Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, señaló a una emisora que el país analizan estos acuerdos con Usaid hace tres años, y ha ido develando los mitos y realidades existentes detrás de estos.

Explicó que en las últimas semanas se revisa la permanencia de esa agencia tras el llamado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ante las intenciones manifiestas de Usaid de trabajar para desestabilizar a los países de este bloque integracionista.

Según Rosero, Ecuador tiene derecho como Estado a revisar de manera prudente esos convenios y decidir qué tipo de ayuda es la que considera necesaria y cuál resulta o no sostenible en el tiempo.

De acuerdo con informes locales, en 2010 esa agencia estadounidense habría enviado 19,2 millones de dólares adicionales y de ese total cuatro millones fueron destinados a supuestos programas sociales.

A la experta le llama la atención la suma destinada a esa actividad, muy superior a otras, por lo que consideró que se estaría intentando la desestabilización en el país bajo el supuesto de una lucha por fortalecer la democracia.

Expuso que por una parte los objetivos iniciales de estos convenios han variado en los últimos 20 años y por otra América Latina vive un momento diferente y especial.

Desde aquí, consideró, se está generando un pensamiento propio, por lo que el progreso ahora se ve dentro de un concepto de socios y en el contexto de una relación de equidad.

La cooperación, dijo, ha sido un instrumento de la globalización económica y una forma de incidir y lograr control geopolítico, al servir de herramienta geopolítica para presionar y desestabilizar gobiernos en no pocos casos.

El discurso, aseguró la funcionaria, no es que se vaya la cooperación, sino que Ecuador ha hecho un cambio profundo y radical en la forma de ver el mundo, de plantearse las relaciones internacionales y de asumir su soberanía política.

Precisó que existen proyectos (con la Usaid) que no acaban de concretarse en una propuesta integral y tampoco transparenta la información, por lo que se presume que debido a los intermediarios, no llegan los beneficios a las bases.

Citó el ejemplo de que incluso las poblaciones no pocas veces desconocen la existencia de los proyectos.

Si esos recursos financian o tratan de impulsar procesos desde afuera y no se suman al desarrollo del país, pueden ser desestabilizadores, apuntó.

En su reflexión expuso que se trata de lograr una complementariedad y no de desencadenar o romper con procesos paralelos lo que se ha logrado a nivel de país, lo cual se constituye en una amenaza a la estabilidad de la República.

Desestimó que la suspensión de los contratos con la Usaid vaya a afectar al país debido a que en estos momentos se contabilizan unos 270 millones de dólares de la cooperación internacional.

Desde mayo de 2010, el presidente Rafael Correa ha revelado la existencia de un número considerable de organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, mayoritariamente sin control.

Además de evadir el fisco, estas financian actividades políticas ilegítimas, incluso para la supuesta formación de líderes.

En junio pasado, Estados Unidos reiteró su disposición a financiar grupos subversivos que buscan desestabilizar algunos países del ALBA.

Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la Usaid, reconoció que Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que “están luchando por los derechos humanos y la democracia” en esas naciones.

Confirmó que la Casa Blanca mantiene una estrecha relación y entrega fondos a sectores antigubernamentales radicados en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (países integrantes de ALBA), sin precisar cifras.

Las declaraciones de Feierstein evidencian las denuncias de gobiernos e instituciones progresistas en América Latina y el Caribe sobre el carácter subversivo de los programas de la Usaid en la región.

Esa agencia, presentada a veces como una organización civil independiente, actuó desde 1961 en consonancia con una estrategia destinada a contrarrestar la imagen agresiva estadounidense.

De acuerdo con frecuentes denuncias de analistas, la entrega de capital a naciones pobres -con el pretexto de impulsar reformas sociales, industrializar o atender a sectores vulnerables- disfrazó las pretensiones de Washington, captó adeptos en todas partes y posibilitó la subversión política a favor de sus planes hegemónicos.