Mario Sosa - Rebelión.- Desde la invasión estadounidense y mercenaria, que derrocó en 1954 al Presidente guatemalteco Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, la clase dominante, el ejército y sucesivos presidentes de facto o electos, han sido fieles cumplidores de una política de sumisión y entreguismo hacia el imperio de influencia regional: EEUU.
Dicha supeditación se ha expresado en materia militar. La Política de Seguridad Nacional y sus ejecutorias de genocidio, desaparición forzosa, asesinatos políticos, desplazamiento poblacional, etcétera, han sido parte de las consecuencias de la supeditación de la política nacional a los designios de EEUU en nuestro país. En específico, de las acciones implementadas a través del ejército de Guatemala y la policía “civil” en sus distintos momentos, en función de garantizar los intereses de la clase dominante local y los intereses de EEUU en el país.
Las excepciones fundamentales en esa política de sumisión entre 1954 y 2012, fueron dos: A) La acción militar de los cadetes de la Escuela Politécnica, que resistiéndose a la invasión en 1954, le propinaron una derrota a las fuerzas “liberacionistas” e imperialistas de ocupación; y b) la sublevación de militares nacionalistas, como Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, quienes contribuyeron a fundar el movimiento revolucionario en la década de los años 60. Estos hechos han sido objeto de negación y ocultamiento en la literatura y práctica educativa de distintos gobiernos y segmentos oligárquicos y conservadores del país.
Posterior a la vuelta a la constitucionalidad en 1985, sucesivas gestiones en el organismo ejecutivo y legislativo, han validado la presencia militar de EEUU en el territorio nacional, especialmente en regiones de su interés estratégico; la justificación oficial ha sido la supuesta ayuda en salud, construcción de infraestructura y combate al narcotráfico. Esta presencia ha complementado la del personal diplomático, de inteligencia y la llamada “cooperación” intergubernamental y no gubernamental, cuyas ejecutorias es bien sabido que son en función de sus exclusivos intereses de control de los recursos estratégicos, de los gobiernos, de las políticas y de liderazgos conservadores y “progresistas”, que forman parte del tejido para reproducir el domino que ejercen en el llamado “patio trasero de EEUU”.
De las ejecutorias reales de esta presencia militar estadounidense nada se sabe y es posible que ni el propio Estado guatemalteco lo sepa, siendo que la autorización de su presencia ha sido la concesión de un cheque en blanco. Ni un sólo gobierno local ha informado a los ciudadanos guatemaltecos de carácter y consecuencias reales de tal presencia extranjera. Tampoco se ha conocido que desde las filas castrenses haya habido algún atisbo de indignación nacionalista ante el papel de su institución en esta concesión de poder a un ejército extranjero.
La gestión gubernamental actual confirma la “norma”: 171 marines estadounidenses serán parte la “Operación Martillo”, maniobra conjunta con el ejército guatemalteco en el Océano Pacífico, que tendrá una duración mínima de 120 días, y que permite amplia movilidad territorial a dichas fuerzas de ocupación. Esta operación, que ya ha sido realizada en las costas del Atlántico, es justificada por quienes la avalan, en el combate al narcotráfico que se desplaza por dichas costas y –seguramente en corrillos gubernamentales y militares– en la pretensión de compra de armas a EEUU, la cual sería posible una vez se apruebe el insultante incremento del 45% al presupuesto del ejército, propuesto por el organismo ejecutivo para el período fiscal 2013.
