Mientras tanto, el presidente Ricardo Martinelli destacaba en Tokio el “maravilloso” crecimiento de Panamá, en el contexto de una gira promocional dedicada a captar inversiones para el país.
El Frente Amplio, la Cámara de Comercio, gremios y sindicatos de la provincia de Colón advirtieron que no asistirán a ninguna convocatoria de diálogo promovida por el gobierno hasta que no se derogue la Ley 72, que autoriza la venta de los terrenos de la Zona de Libre Comercio (ZLC), informaron el diario local La Prensa y la agencia cubana Prensa Latina.
El gerente de la ZLC, Leopoldo Benedetti, había dado plazo hasta las 13 para iniciar el diálogo con cinco altos funcionarios del gobierno nacional, pero nadie acudió a la cita, mientras en Colón continuaban los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
A la vez, se mantenía con alto acatamiento en el comercio el paro de 48 horas decretado en la provincia, al que se sumaron hoy los transportistas de cargas, y el Frente Amplio -que aglutina a más de 35 organizaciones políticas y sindicales- convocó a realizar una marcha pasado mañana jueves en la capital del país.
Paralelamente, los choques se habían extendido hoy a tramos de la autopista Panamá-Colón, en las comunidades Nuevo San Juan y Gatuncillo, donde vecinos bloqueaban la vía y se enfrentaban con agentes de la Policía Nacional, a quienes lanzaban objetos contundentes. Incluso se escucharon detonaciones, según reportó la prensa local.
Los delegados del gobierno que esperaron infructuosamente en la sede del Club Árabe, de Colón, a los representantes de la protesta fueron los ministros de Finanzas, Frank de Lima; de Gobierno, Jorge Fábrega; de Obras Públicas, Jaime Ford, y de Vivienda, José Arias, y la viceministra de la Presidencia, Sigrid Barragán.
Aunque no hubo reunión formal, dirigentes locales preguntaron a Lima por qué el gobierno central no convocó al diálogo antes de promulgar la Ley 72 y le cuestionaron que las autoridades nacionales estén dispuestas a discutir los presuntos beneficios de la ley para Colón pero no su eventual inconstitucionalidad.
Edgardo Voitier y Luis Cabezas, representantes del Frente Amplio de Colón, manifestaron al diario local Crítica que después de la derogación de la Ley 72 exigirán al gobierno que los ingresos generados por la actividad comercial y el canon de arrendamiento de la zona franca se destinen al desarrollo de obras en la provincia y no al Estado nacional.
“Los colonenses se merecen agua potable, viviendas y mejores servicios en materia de educación y salud”, dijo uno de ellos.
En tanto, las bancadas de los partidos opositores Revolucionario Democrático y Panameñista presentaron esta mañana ante el pleno de la Asamblea Nacional (parlamento) un proyecto de ley para derogar la Ley 72, y el directorio de la última fuerza reclamó a Martinelli que retorne de inmediato al país para “dar la cara al pueblo”.
Mientras todo eso ocurría en Panamá, Martinelli destacaba en Tokio el potencial de su país como destino de inversiones.
El mandatario, que se presentó como “un hombre de negocios”, subrayó el “maravilloso” crecimiento de su país en los últimos cinco años, en los que el producto bruto interno se expandió a un ritmo superior a ocho por ciento anual, reseñó la agencia española EFE.
En la zona franca de Colón trabajan unas 30.000 personas en más de 3.000 empresas que están exentas de la obligación de pagar impuestos. Los principales destinos de las mercaderías reexportadas desde allí son Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.
El economista y ex diplomático Elixsandro Ballesteros opinó que la Ley 72 apunta a la creación de “un área segregada peor que la ex zona del Canal de Panamá, administrada por Estados Unidos”, consignó la agencia alemana DPA.
