Corriente Bolivariana Guevarista - Cubainfomación.- La paz de Colombia es la paz de Venezuela, declaró en una ocasión el presidente Hugo Chávez al referirse al conflicto social que vive Colombia de hace más de 50 años. 

Si Colombia no alcanzase la paz, si el Estado colombiano, el gobierno, las fuerzas insurgentes y el pueblo, no materializan la paz, si no consiguen saldar la enorme deuda social, resarcir los daños que la guerra ha ocasionado a campesinos, indígenas, movimientos sociales, y el pueblo todo, en Venezuela correríamos el mismo destino: inestabilidad política y social.

Este razonamiento nos lleva a recordar la terrible afirmación de un congresista estadounidense en la víspera de la aprobación del Plan Colombia (2000). Nos referimos a Paul Coverdel, quien aseguró entonces que para controlar Venezuela era necesario militarizar Colombia.

Con Andrés Pastrana como presidente de Colombia se concretó entonces este plan de los Estados Unidos para sembrar la inestabilidad en la región sur americana, y además se desechó los intentos de diálogos iniciados por Pastrana con las FARC.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, brazo paramilitar del Estado terrorista, como diría el intelectual Hernando Calvo Ospina, se expandieron como nunca, según revelan las cifras del propio Ministerio de Defensa colombiano, citado por Ospina en su libro El terrorismo de Estado en Colombia.

Los paramilitares se apoderaron a punta de masacres de importantes zonas de Colombia, el número de civiles masacrados entre 1998 y 2000 se quintuplicó.

El Plan Colombia, redactado en Estados Unidos y aprobado por su Congreso con el beneplácito del entonces presidente William Clinton tenía como propósito consolidar el aparato militar de Colombia para vencer a la insurgencia, y obligar a las naciones hermanas (Ecuador, Venezuela y Panamá) a involucrarse en este conflicto.

A poco de aprobarse este plan (2001) el Congreso de Estados Unidos aprobó 85% del presupuesto para el área militar, mientras que 8% fue destinado para la sustitución de cultivos ilícitos.

Colombia se convirtió, entonces, como apuntó Calvo Ospina, en el primer país que mayor ayuda recibiría de los Estados Unidos, por encima de Turquía.

Sin nombrar las siete bases militares estadounidenses instaladas en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo anterior demuestra que el Plan Colombia, lejos de resolver el problema del cultivo y tráfico de drogas, lo que hizo fue agravar el conflicto social colombiano, y por lo tanto alejar a nuestros hermanos de la paz, que es la paz de Venezuela.

El neoliberalismo

En Colombia, al igual que en Venezuela, fue aplicado el recetario económico del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a principios de la década de 1990.

Las políticas neoliberales terminaron por enterrar toda posibilidad de soberanía en Colombia: las últimas seis décadas de apropiación terrateniente y transnacional de la tierra quedaría intacta hasta el sol de hoy.

En Colombia, en la actualidad, 52% de la gran propiedad está en manos de 1,15% de la población, como reseña el estudio “Colombia rural, razones para la esperanza”, del Programa para el Desarrollo de la ONU (PNUD).

La guerra ha dejado más de 6 millones de desplazados, quienes fueron expulsados de un volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas. Esto es parte de la guerra militar y la guerra económica que las transnacionales y la oligarquía colombiana instauraron.

A pesar de que vivimos igual suerte a principio de los noventa, con la privatización de empresas básicas de petróleo, minería y comunicaciones, el escenario cambió radicalmente con el alzamiento militar del Comandante Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992.

Desde entonces se comenzó a labrar un camino distinto al que los neoliberales nos querían someter. Con Chávez en la Presidencia se dieron cambios sustanciales para apuntarnos como pueblo soberano: constituyente para redactar una nueva constitución, Ley Orgánica de Hidrocarburos para administrar nuestro petróleo, entre otros logros de importancia e impacto social.

A pesar de los avances, y del esfuerzo enorme del pueblo para construir el socialismo, seguimos sufriendo la misma suerte de Colombia. Sin la paz de nuestros hermanos no tendríamos estabilidad política y social en la región.

Muestra de ello es la influencia que el conflicto social colombiano sigue teniendo en los estados fronterizos con Venezuela (Apure, Táchira y Zulia fundamentalmente).

Separatismo

La intención de militarizar Colombia para dominar Venezuela, y así hacerse de los recursos petroleros (nuestro país tiene la principal reserva de petróleo del mundo); sigue vigente. El Plan Colombia, o por lo menos uno de sus objetivos principales, se mantienen firme.

El Plan Colombia fue en todo caso el replanteamiento colonial de la oligarquía colombiana de apoderarse del occidente venezolano por razones geoestratégicas.

Históricamente la clase comercial y burguesa de Colombia ha utilizado el occidente venezolano para exportar hacia el Mar Caribe, Europa y la costa este del imperio yanqui.

Un primer registro lo encontramos en la entonces Capitanía General de Venezuela, cuando los pobladores de Santander pretendieron anexarse Maracaibo para fortalecer sus vínculos comerciales con esta provincia occidental. Y es que geográficamente, y ante la falta de infraestructura y vías de comunicación entre Caracas y Maracaibo, la ruta de mayor intercambio era Cúcuta y Maracaibo.

Las rutas comerciales tradicionales de Arauca, Santander y Cesar siempre han estado conectadas con el occidente venezolano, por el Sur del Lago de Maracaibo.

Era pues la vía más rápida utilizada desde el Virreinato de Santa Fe de Bogotá para importar o exportar mercancías desde San Cristóbal (estado venezolano del Táchira), conectado con el Lago de Maracaibo a través del río Táchira.

Otros hechos demuestran esta tesis de anexión. Los dirigentes políticos de Santander, en 1812, replantearon anexarse Maracaibo sin mayor consecuencia. Y en 1858 el general Vicente Herrera, gobernador de Cúcuta, también exigió la anexión de Maracaibo y de igual forma lo pidió el ex alcalde de Cúcuta (1999), Antonio Gelves.

El estamento militar colombiano también ha tenido responsabilidad en estos planes. El hecho más significativo lo encontramos en la incursión de la corbeta de guerra Caldas (de la armada de Colombia), el 9 de agosto de 1987 en el Golfo de Venezuela.

Recientemente (2010) el congresista colombiano Armando Benedetti, de manera más solapada, propuso la creación de municipios binacionales como salida al conflicto diplomático que vivimos durante la gestión de Santos. ¿Qué intereses puede defender un político tradicional de Colombia? La creación de municipios binacionales esconde planes militares para acorralar las guerrillas, y con ello trasvasar de manera directa el conflicto.

Actualidad

El Presidente Hugo Chávez el 27 de marzo de 2011 advirtió que sectores de derecha del Zulia y de la burguesía colombiana, amparados por Estados Unidos, promovían el proyecto de secesión del occidente venezolano (Zulia, Táchira y Apure).

La prensa internacional no le dio mayor importancia, a pesar de que el Comandante Chávez lo había denunciado el 3 de octubre de 2010; y el ex vicepresidente de la República José Vicente Rangel también, el 31 de enero de 2011, cuando develó que existía una movilización de paramilitares colombianos hacia territorio venezolano, fundamentalmente hacia el suroeste del estado Zulia.

Uno de los mecanismos actuales para generar inestabilidad en el occidente venezolano ha sido la creación de corredores geopolíticos estratégicos, con la compra de tierras (haciendas y fincas) en el pie de monte de la Sierra de Perijá (sub región Guajira), Sur del Lago, incluso en Táchira.

En estos corredores pretenderían cultivar y sacar drogas desde Maracaibo; y además consolidarían grupos paramilitares que se comportarían del mismo modo que los grupos paramilitares de Colombia, como brazo armado que defiende los intereses de las transnacionales y las oligarquías.

Hablamos de redes de narcotráfico que fueron promovidos por los gobiernos de Manuel Rosales y Pablo Pérez, quienes a través del Instituto de Estudios Fronterizos del Zulia, financiaron la compra de haciendas bajo el pretexto de la siembra y producción agropecuaria.

Pero la modalidad de apropiación de espacios sociales determinantes para la tranquilidad ciudadana en el Zulia, ha sido la compra de locales comerciales (lavado de dólares) y la promoción de préstamos de dinero (chantaje comercial) que tienen como propósito dominar este sector; las zonas de mayor influencia han sido las siguientes: centro de la ciudad, La Limpia, Curva de Molina, Los Plataneros, entre otros sectores de Maracaibo.

Durante el gobierno de Manuel Rosales hubo una manifestación pública con marcado interés separatista. El denominado grupo Rumbo Propio desde donde se promovía la “autonomía” zuliana. Detrás de este movimiento estuvo Manuel Rosales. Recordemos la consigna de Rumbo Propio: “No al socialismo, si al autonomismo”.

Sobre todo en los estado Zulia, Táchira y Apure. La delincuencia, el secuestro, la organización de bandas criminales amparadas por grupos paramilitares, la incursión de éstos en territorio venezolano, el contrabando de alimentos y combustibles, el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, son producto de la aplicación del Plan Colombia y del desplazamiento de gran parte de nuestros hermanos hacia Venezuela.

Injerencia y extractivismo

Pero otros factores de nueva data pasan por alto, por ejemplo, la actividad minera extractivista en Colombia. ¿Cómo nos afecta?

En enero pasado, el Ministerio de Ambiente de Colombia reconoció como área de reservas ambientales un poco más 10 mil hectáreas del Páramo de Santurbán. Pero, ¿qué harán con las restantes 90 mil hectáreas? Explotar el oro y otros minerales a través de las transnacionales minero extractivas, entre ellas Eco Oro. La contaminación de este espacio vital de la madre tierra, del agua, no solo afectaría a los pobladores de Santander, sino las aguas del río Zulia que alimentan el Lago de Maracaibo, del occidental estado Zulia de Venezuela.

También existen relaciones binacionales camufladas, o que intentaron pasar por debajo de la mesa. El año pasado, en plena campaña electoral por las presidenciales del 7 de octubre, el candidato de la oligarquía venezolana visitó varias veces Colombia buscando apoyo internacional para sus propósitos.

Nada nos sorprendió. Pero lo que sí nos alertó fueron las reuniones que sostuvo Enrique Capriles Radonski con representantes de Pacific Rubiales Energy, financista del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez a cambio de concesiones mineras.

El golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela tuvo como cabecilla a Pedro Carmona Estanga, quien encontró protección política en Colombia. Sus secuaces en el golpe de Estado, Enrique Capriles y Leopoldo López, viajaron constantemente a Colombia para buscar apoyo financiero.

Los hechos lo confirman. Pacific Rubiales fue fundado por Ronald Pantín, uno de los protagonistas del Sabotaje Petrolero contra PDVSA entre 2002 y 2003, golpe que generó más de 14 mil millones de dólares de pérdidas a Venezuela.

Pacific Rubiales Energy posee hoy 19% del canal Cablenoticias, comprado en 2011 por Alberto Federico Ravell por 10 millones de dólares de contado. Los ex dueños de este canal, son investigados en Colombia por sus nexos con el narcotráfico.

Lo que nos afecta

El contrabando de alimentos, combustibles entre otros rubros, es un fenómeno social que se desarrolla en los estados fronterizos de ambas naciones, por falta de políticas de Estado para generar mejores expectativas y condiciones de vida de los ciudadanos.

Estas rutas del contrabando están siendo utilizadas hoy también como ruta de contrabando de drogas con la finalidad de proliferar el micro tráfico en barriadas populares.

Resolver el problema de seguridad ciudadana de los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure, de contrabando de combustibles y alimentos, del tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, tiene que ver con la dimensión que se le dé a la geopolítica.

Aunque no se manejan cifras oficiales de la cantidad de alimentos y combustibles que se extraen de Venezuela de manera ilícita, nos preocupa sobremanera un elemento crucial: la desestabilización que estos hechos y otros pudieran generar.

¿A quién le interesa esta situación? A las clases políticas tradicionales de Colombia y a los Estados Unidos. ¿Qué nos interesa en Venezuela? La paz de Colombia, con justicia social y una nueva estructura económica y social que le permita a los colombianos dirigirse hacia una sociedad más justa y humana.

Porque no solo en Venezuela estamos viviendo un problema de inseguridad, sino un ataque permanente a la psiquis del venezolano que forma parte de la guerra de cuarta generación que los gringos están desarrollando contra el país.

Otros factores perturban la paz del país y se conjugan con las pretensiones de anexión y las consecuencias del conflicto social colombiano que señalamos anteriormente.

Nos referimos a la escasez de alimentos provocada por la clase económica dominante y empresas como el Grupo Polar no solo pretenden jugar con el hambre de los venezolanos, sino que también contribuyen con el contrabando de alimentos, además de redes de contrabando de alimentos en los estados fronterizos con Colombia, el mercado especulativo dominado por la burguesía y los comerciantes que solo exportan lo que venden porque no producen; el sabotaje al sistema eléctrico nacional, entre otros.

La mexicanización de Sur América

Pero el Plan Colombia por sobre todo trae a colación la vieja tesis maquiavélica de divide y vencerás. Controlando militarmente a Colombia los Estados Unidos pueden generar cualquier conflicto político, militar y social con mayor facilidad en toda Sur América. Para muestra un botón: la incursión militar en Ecuador para asesinar a Raúl Reyes o los intentos de involucrar a Panamá desde 1999 en el Plan Colombia.

Valga destacar que hoy por hoy la economía panameña está atiborrada por el capital financiero del narcotráfico, es decir, funciona como trasvase o gran mercado de lavado de dólares del narcotráfico.

En América del Sur nos pudiera suceder lo que a México y Centro América. Con la imposición del Tratado de Libre Comercio en México, los Estados Unidos, indirectamente, estimuló la actividad del narcotráfico y la cultura de violencia que hoy viven los estados fronterizos como Tijuana o Sinaloa.

¿Quién vende armas y asesora a los mexicanos con el tema del combate al narcotráfico, sin que con ello se consigan resultados positivos? Los Estados Unidos, paradójicamente el principal consumidor de estupefacientes del mundo.

Con la cultura del crimen instaurada en México otros países de Centro América como El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá se han visto afectados. De esta manera la injerencia de los Estados Unidos ya no es del tipo militar tradicional, sino indirecta, señalando quiénes conforman el eje del mal y recomendando políticas que sabemos forman parte de planes de expropiación de las riquezas de nuestros países.

En la actualidad México tiene 468 mil personas que se dedican al narcotráfico, como reseña el periódico La Jornada en su edición del 31 e marzo de 2013. “Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de Pemex, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo”, cita el periódico.

Esto quiere decir, continúa el reportaje de La Jornada, que en México 78 por ciento de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico.

Hoy el narcotráfico en México ha logrado cooptar importantes sectores públicos de tal manera que pueden incidir decididamente en sentencias judiciales, en operativos policiales y militares, sobornando o chantajeando.

El negocio de la droga, no es un secreto, ha convenido a los Estados Unidos en otras ocasiones. Recordemos el bochornoso y nefasto capítulo del Irán Contra o Irangate, entre 1985 y 1986, cuando los gringos vendían armas a Irán para la guerra contra Irak y al mismo tiempo, con el dinero generado por el contrabando de drogas por Centroamérica, financiaban los Contra nicaragüenses para derrocar la Revolución sandinista.

Con la mexicanización de los países suramericanos, los Estados Unidos tendría en sus manos países fracturados por la violencia y el crimen, el narcotráfico y el secuestro, para desde luego a través de injerencias directas o indirectas desestabilizar o derrocar gobiernos para así apropiarse de los recursos naturales que estas naciones tienen: agua dulce, la biodiversidad de la Amazonía, petróleo, gas, monocultivos para los biocombustibles, entre otras reservas estratégicas de importancia.

Dividir a nuestras naciones a través del crimen y la guerra también supondría frenar las relaciones comerciales con países como China y Rusia, que poco a poco le han disputado al mercado suramericano a los Estados Unidos.

¿Acaso la perpetuación de la guerra y delincuencia en México y Colombia no representa el mismo ejemplo de Corea del Sur y la península coreana? Hoy Corea del Sur es un corredor geopolítico vital para desestabilizar a China y Rusia, aunque no sea a través del narcotráfico.

Con el narcotráfico en Afganistán, controlado por el Ejército estadounidense, poco a poco han ido infiltrando la sociedad rusa, país tránsito de la droga y laboratorio de narcolavado y proliferación de mafias, y esto implica otra forma de debilitamiento a la potente ex Unión Soviética.

Qué hacer

Con humildad y respeto por los que día tras día luchan en Colombia por un mundo mejor, poniendo el pellejo en riesgo, planteamos entonces algunas propuestas al Congreso de la Paz que se estará celebrando en Bogotá en abril.

Por un lado creemos pertinente que los diálogos de paz en Colombia no deben limitarse a dos protagonistas: Gobierno y FARC. Este diálogo pudiera enriquecerse si participasen insurgencia-Estado-movimientos sociales.

El proceso de diálogo debe finalizar con la liquidación del narcoparamilitarismo en Colombia. Sin justicia social no puede haber paz.

Proponemos además los siguientes puntos: Suspensión de las bases militares en Colombia, reforma agraria integral y política pública integral para el retorno de más de 6 millones de desplazados.

En el área ambiental discutir y debatir la no renovación de la concesión del Cerrejón, al igual que la mina de Cañaverales (municipio San Juan Guajira) y la suspensión de los megaproyectos mineros del Páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander); además la suspensión de las concesiones mineras en el Catatumbo.

En cuanto al narcotráfico, distintos intelectuales y colectivos han propuesto la legalización de la droga porque con ello se cortaría el financiamiento de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), del paramilitarismo y a la nueva clase política y económica colombiana (narcopolítica).

Al legalizar la droga, se puede destinar su producción a fines científico-médicos, siempre con la regulación pertinente.

Planes especiales de inversión en los estados fronterizos, que representen una verdadera opción económica y social para las poblaciones rurales y urbanas.

Solidaridad latinoamericana

Al igual que Ernesto Che Guevara creemos que no solo debemos desearles suerte a los demás, sino correr su misma suerte, y por eso los acompañamos hoy en este Congreso por la Paz.

Hoy es reconocido, en este sentido, el esfuerzo del Comandante Hugo Chávez quien en vida apostó por la paz de Colombia y se atrevió a reconocer ante el mundo que las guerrillas eran una fuerza insurgente (no terrorista) consecuencia de la exclusión y el Estado paramilitar colombiano.

Chávez no veía la paz como un proceso aislado, sino como un paso importante para garantizar la estabilidad política y social de la región toda; muy al contrario de la visión mercantilista de la oligarquía y clase política tradicional colombiana que necesitan una paz limitada a sus intereses para que el capital financiero internacional siga con su locomotora minero extractiva saqueando las riquezas de nuestro hermano país, depredando el ambiente y promoviendo los desplazamientos de comunidades enteras como sucedió con El Cerrejón.

El intelectual Eduardo Galeano refuerza lo que defendemos, se trata de un proceso de diálogo que debe necesariamente involucrar a todos los sectores colombianos: “Ni los dioses ni los diablos han condenado a Colombia a una pena de violencia perpetua, que tiene causas terrestres y no es una fatalidad del destino”. Es un asunto de los hombres y mujeres de este país y de los hermanos latinoamericanos.

Pero más decisivo e internacionalista fue el mensaje de un grupo de intelectuales, escrito en marzo pasado, porque recoge la preocupación de Chávez sobre el proceso de paz: “En los últimos meses el gobierno colombiano repite que el conflicto sólo concierne a los colombianos. Pero resulta fácil comprobar, observando la geopolítica, que esto no es así, pues por múltiples razones ya incumbe a la región y al continente. Igualmente, al repasar la historia se constata que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en su recrudecimiento, al pretender convertir esta nación en una base militar continental, con el fin de contener los proyectos democráticos que se desarrollan en América Latina. Mientras que instancias regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, han proclamado a la región como un territorio de paz”, reza el comunicado.

El mismo mensaje, suscrito también por Galeano, destaca lo siguiente como para no dejarle excusas al gobierno de Santos y recordarle que el Estado igualmente ha sido responsable de los fracasos en los intentos de diálogos: “Se puede afirmar que la guerrilla es consecuencia y no causa de una guerra que tiene raíces económicas, políticas y sociales. También se constata que desde hace 30 años la insurgencia ha insistido por una salida política negociada al conflicto. En los intentos de diálogo que ya se han realizado, los sucesivos gobiernos han utilizado pretextos para romper y no avanzar en la búsqueda de una paz con dignidad. El asesinato de comandantes de las FARC, y la persecución con el mismo fin de los del ELN está encaminado a bloquear las demandas de una negociación”.

Que no haya excusas para alcanzar la paz; la paz de Colombia es la paz de Venezuela y la paz de la región. Que los vientos belicistas y fracasados de los ex presidentes Andrés Pastranas y Álvaro Uribe Vélez no enturbien estos intentos y procesos que vive Colombia.

Maracaibo, 15 de abril de 2013

Organizaciones firmantes:

Corriente Bolivariana Guevarista

Polo Democrático Alternativo Capítulo Venezuela

Pueblo Barí, Yukpa y Wayuu