teleSUR.- Cuba, en su calidad de garante, saludó los resultados de las últimas siete rondas de trabajo entre las delegaciones negociadoras de las FARC y el gobierno colombiano. El país caribeño aseguró que, junto con Noruega, continuará contribuyendo en todo lo posible al logro de un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
El programa de reformas adoptado por el gobierno de Raúl Castro abre cada vez más posibilidades de negocio. El sector privado y las cooperativas serán unos de los grandes beneficiados de estas medidas.Texto completo en: http://actualidad.rt.com/video/actualidad/17525-Cuba-aprueba-modificaciones-a-su-legislaci%C3%B3n El programa de reformas adoptado por el gobierno de Raúl Castro abre cada vez más posibilidades de negocio. El sector privado y las cooperativas serán unos de los grandes beneficiados de estas medidas.
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El Gobierno y las FARC tienen acuerdo parcial acerca de participación política
Cubadebate.- El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC lograron un acuerdo parcial acerca de la participación de la participación política y harán un anuncio oficial próximamente, según una fuente de la oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia.
El tema es el segundo en la agenda de los Diálogos de Paz entre las partes en La Habana, Cuba, desde noviembre de 2012, para poner fin al conflicto armado.
La idea es llegar a un acuerdo para la participación política del grupo rebelde, estableciendo plenas garantías a fin de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejen las armas y se conviertan en un movimiento.
“Hay acuerdo parcial sobre el punto dos”, dijo una fuente que pidió anonimato.
(Con información de Reuters)
Acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC sobre la Participación Política de la oposición
COMUNICADO CONJUNTO # 27
La Habana, Noviembre 6 de 2013
Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:
Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", denominado Participación Política.
En el próximo ciclo de conversaciones, presentaremos el segundo informe periódico conjunto de la Mesa.
De acuerdo con dicha Agenda, hemos logrado consensos sobre los siguientes temas:
Derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática.
Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo.
El ejercicio de la oposición política es fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política.
Se establece que, se convocará en un evento nacional a los voceros de partidos y movimientos políticos para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda.
Se acordó que esta Comisión, mediante la realización de un foro, facilitará la participación de voceros de organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos para que hagan sus propuestas sobre el Estatuto de la Oposición. Y sobre estos lineamientos, se elaborará la normatividad correspondiente.
Se impulsará igualmente una legislación de garantías y promoción de la participación ciudadana democrática y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales, con base en los lineamientos establecidos en este acuerdo y escuchando las propuestas de los voceros de los movimientos sociales en otro evento de carácter nacional. Al respecto, en el texto se dice que las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo los que surjan de la firma del presente Acuerdo, están llamados a ejercer los derechos y cumplir con los deberes de participación ciudadana. Se busca empoderar a los ciudadanos a través de la participación.
En el escenario del fin del conflicto, el acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica dentro de un contexto de democracia ampliada.
Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana.
Así mismo, se acordó establecer medidas para garantizar y promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Para tal efecto, se prevé el establecimiento de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido.
Se convino que se establecerá un plan de apoyo a la promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en la implementación del presente Acuerdo. Un mayor control por parte de los ciudadanos de la administración y la gestión pública contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Se acordó una revisión integral del sistema de planeación participativa para asegurar la efectividad de la participación ciudadana en la construcción y el seguimiento a los planes de desarrollo, que será un instrumento fundamental en la etapa de la construcción de la paz. Por esa misma razón, se acordaron una serie de medidas para fortalecer los consejos territoriales de planeación y, nuevamente, garantizar la incidencia de la participación ciudadana.
En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Se acordaron, dentro del marco de fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político, medidas para asegurar la transparencia en los procesos electorales en especial en las zonas de mayor riesgo de fraude y la promoción de la participación electoral de los ciudadanos, principalmente los que habitan en las regiones de más difícil acceso.
Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha una Misión de Expertos para hacer una revisión integral de la organización y el régimen electoral y, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales, presentar recomendaciones para hacer los ajustes normativos e institucionales correspondientes.
Se acordó la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias. Estas circunscripciones transitorias serian adicionales a las circunscripciones ordinarias existentes. Contarían con las garantías de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto de los electores. Esta se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Se acordó un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema se concibe en un marco de garantías de derechos, deberes y libertades, y busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal.
Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda.
La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia, en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirán nuevos espacios para la participación.
Finalmente se acordó que todo lo referente al punto de participación política incluyendo su implementación se llevara a cabo tomando en cuenta un enfoque de género y asegurando la participación de la mujer.
Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos. A partir del siguiente ciclo de conversaciones comenzaremos la discusión del cuarto punto de la Agenda (tercero en discusión) denominado “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
Queremos recordar que uno de los principios que guían estas conversaciones es que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado". Esto quiere decir que los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión, se puedan ajustar y complementar los acuerdos sobre cada uno de los sub puntos.
Por otra parte, las Delegaciones dispusieron de una oficina en la edificación donde sesiona La Mesa de Conversaciones, para poner los distintos objetos y materiales que enviaron las víctimas del conflicto a través de las Comisiones de Paz del Congreso de la República. Con esto, quieren mostrar su respeto a todas las víctimas del conflicto sin distingo, tema que debe ser abordado dentro del punto quinto de la Agenda de conversaciones.
Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se han realizado sobre los temas de Participación Política y cultivos ilícitos. También incorporamos los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia.
Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas por las delegaciones en La Habana.
Queremos agradecer de manera especial a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos.
Estos cuatro países conforman un grupo de naciones amigas del proceso que valoramos de manera especial, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales que fortalecen la confianza en el camino que estamos transitando.
Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.
“Que se abran las puertas de la verdadera democracia”. Lectura del comandante Iván Márquez sobre acuerdos del segundo punto de la Agenda; “Participación Política”
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, noviembre 6 de 2013
Que se abran las puertas de la verdadera democracia
“Yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo la soberanía primitiva para que rehaga su pacto social… Esto es más que justo
y eminentemente popular, y por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática”. SIMÓN BOLÍVAR
Los importantes aspectos que hasta el momento se han acordado en el tema de la Participación Política, nos colocan a los colombianos en la posibilidad de comenzar a abrir las puertas de una verdadera democracia.
Todas las iniciativas presentadas por las FARC en la mesa de conversaciones de La Habana, que hemos denominado 100 propuestas mínimas para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país, surgidas de los respectivos foros temáticos, y la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para la fundamentación de la paz.
Colombia vive una primavera de sueños de justicia; sobre todo, los más humildes, los desposeídos, se han lanzado a las calles a decirle a los gobernantes que no pueden seguir ignorándolos; que el destino del país depende de la participación de toda la ciudadanía y no de un puñado de privilegiados oligarcas que se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo, favoreciendo a las trasnacionales. La gente quiere decidir, y en eso consiste la verdadera participación ciudadana.
De eso trata lo que hemos debatido durante los últimos seis ciclos en la mesa de conversaciones, y entonces lo primero que está por resolverse, es la necesidad de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización, y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado, que es lo que ocurre cuando se actúa bajo el imperio de doctrinas foráneas que ven en el ciudadano a un enemigo interno.
Ese es nuestro clamor, esa es nuestra exigencia, y por eso en el marco de este importante evento, expresamos nuestra condena total al asesinato el día 2 de noviembre, de César García, dirigente de la resistencia a la explotación aurífera que realiza la Anglo Gold Ashanti, en La Colosa (Tolima), después que mediante una contundente decisión plebiscitaria, las comunidades de esa región han dicho NO a la mega minería y presencia de las trasnacionales que destruyen las fuentes de agua y las posibilidades de vida. La justicia no hace nada, y la gran prensa que muchas veces se solaza desplegando frivolidades, no le da el despliegue que merece un caso tan grave como este. ¿Entonces de qué democracia es que estamos hablando?
A la movilización de los inconformes e indignados no se le puede seguir dando el tratamiento militar que hasta hoy se le ha dado, porque el gobierno y todas las instancias del poder se deben al pueblo y a este hay que escucharlo; una concepción de seguridad debe tener como su centro, los intereses del ser humano, incluso por encima de los intereses muchas veces mezquinos de los Estados; y debe basarse en principios de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos en función del desarrollo y bienestar de las mayorías.
Dentro de estas reflexiones es que hemos logrado las primeras pero muy importantes aproximaciones y convenios referidos al segundo punto de la agenda del acuerdo general de La Habana: es quizá uno de los más importantes logros el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales a que elaboren los lineamientos para que por fin tengamos un estatuto para la oposición política, y por otro lado, establezcan en eventos democráticos de orden nacional, los fundamentos para que surja una normatización que dé verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social.
Mucho se ha hablado de la necesidad de reformar la restrictiva ley de mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 1994) y también sobre la urgencia de replantear las liberticidas leyes de seguridad para lo cual creemos que comenzarían a trazarse los caminos, si efectivamente se atiende a compromisos que establecimos al hablar de garantías para la movilización y la protesta. Hemos acordado, por ejemplo, que siendo estas actividades formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; que su práctica enriquece la inclusión política y que el gobierno debe garantizar los espacios para canalizar las demandas ciudadanas, sin atropellos. Así, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, se ha logrado el compromiso de que se defina la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Esto sumado al compromiso de ampliar y reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía.
Estos aspectos, y muchos otros distribuidos en una veintena de cuartillas, son los que nos dan el optimismo para seguir avanzando en los debates hacia la firma de la paz y la terminación del conflicto. No obstante falta mucho por andar, y es solamente con los pies y la determinación de la gente en las calles, del soberano proponiendo y decidiendo, que será posible la expansión de la democracia como presupuesto de reconciliación, y que lo que hasta ahora son solamente anhelos y compromisos se conviertan en realidad.
Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento, pero, con seguridad, si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz, será una realidad.
En este plano se circunscribe un asunto esencial de la confrontación que es el de dejar en claro sus orígenes y responsables. Por eso insistimos en que urge la integración consensuada de la comisión de la verdad y responsabilidad histórica del conflicto, sobre todo, si tenemos la premura de abordar un tema tan sensible como es el de las víctimas, tantas veces utilizado de manera grotesca por los agentes de la manipulación mediática para estigmatizar y demonizar a la insurgencia.
Para nosotros que llevamos en lo profundo de nuestros corazones el dolor por la muerte de millares de militantes de la Unión Patriótica, de innúmeros hijos del pueblo asesinados bajo la motosierra del paramilitarismo y de la represión institucional de décadas, o que de manera más directa cargamos el luto por los centenares de guerrilleros, milicianos y luchadores revolucionarios que han caído en la lucha por construir una Colombia mejor, nuestra identidad con las víctimas de la confrontación es indiscutible, y por ellas levantamos y seguiremos levantando nuestra voz en la mesa de La Habana. Es falso, que como dicen algunos politiqueros de turno, que pretenden sacarle provecho al sufrimiento de los que padecen la guerra, que la guerrilla se niega a recibir a los familiares de las víctimas del conflicto. Tienen nuestros brazos abiertos ellos, y todo el que quiera aportar a la construcción de la paz, y dentro de ese espíritu es que volvemos a insistir vehementemente en que se integre ya la comisión por nosotros tantas veces propuesta.
La conquista de la paz depende mucho de estos planteamientos; pero, al lado del avance de las conversaciones, hay otros asuntos sin la solución de los cuales, se hace lenta la marcha: El éxito de la paz depende de la terminación de la corrupción, de ponerle punto final a la interferencia de las mafias que de una u otra forma han capturado al Estado, en todos los órganos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué tal el ejemplo de la contratación administrativa? ¿Qué tal las acusaciones a la contralora? ¿Y al procurador?
Hay que ponerle freno a la criminalidad de cuello blanco de un sector financiero que al tiempo que vende la soberanía, destruye el país dando rienda suelta a la depredación de sus recursos naturales y al saqueo usurero al bolsillo de todos los colombianos. Pero por otro lado, y quizá de manera más urgente, porque en gran medida de ello depende que siga reinando la impunidad, hay que meterle mano, con mucha determinación a todo el aparato judicial.
Una justicia corrupta salida de un régimen corrupto y responsable por tantos años de la confrontación, no tiene ni la competencia, ni la capacidad, ni las condiciones históricas necesarias para actuar. Hoy, después de la suma de múltiples escándalos, la justicia ha quedado sin autoridad moral para jugar un papel definitorio en la nueva Colombia. Hay que reconstruirla totalmente. ¿Cómo puede creer el gobierno que es posible un sometimiento a una justicia transicional cuando el mismo gobierno sentencia la justicia como corrupta y exige la reforma total de la rama jurisdiccional?
Dentro de las responsabilidades del Estado está la de haber dejado podrir la justicia, pues la corrupción generalizada que nació hace años en el ejecutivo (contratos y comisiones en todas las esferas), contagió la justicia por aquello de la puerta giratoria, (donde salen los mismos por la misma puerta, y entran los mismos para hacer lo mismo), igual que en el Congreso. Los congresistas investigados y en la cárcel siempre representaron a los partidos y al régimen.
Pero bien, como hoy estamos en un especie de balance de lo que es la participación ciudadana respecto a la paz, esto implica hablar de la democracia, lo cual impone que no perdamos de vista que la suerte de ésta no puede estar en manos de tres o cuatro señores ricachones dueños de los medios de comunicación y de la publicidad. Puede haber toda suerte de mecanismos de participación si se quiere mostrar al país como una democracia de papel, pero la información es la que conduce a que esos mecanismos terminen siendo canales de expresión de pensamientos previamente cocinados y vendidos por tales tres o cuatro individuos, que siempre son los detentadores del poder.
La supuesta democracia que hoy tenemos no puede seguir haciendo parte de la contabilidad de una clase privilegiada, como si fuera un lote o una finca, o ganado, porque la democracia se mide por el resultado de la expresión y participación popular, y esa expresión popular está atada y manipulada mayormente por quienes detentan y controlan los medios.
Sin democracia en la tenencia de los medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o en función del tratado mismo de paz, podría quedar en el limbo, porque a través de las matrices mediáticas hoy, es que se generan los ficticios ambientes de favorabilidad o descontento con el proceso. Ojalá contemos con que todo aquel que se sienta verdaderamente colombiano, le apueste a la reconciliación y no a la continuación de la guerra.
Gracias a Cuba y a Noruega, países garantes, y a Venezuela y Chile, como países acompañantes por resguardar con su presencia y buenos oficios, la buena marcha del proceso. Y gracias a nuestros compatriotas que le han puesto fe y entusiasmo a la posibilidad de construir la Colombia que le brinde oportunidades a todos.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
