teleSUR.- La campaña informativa difundida por grandes medios sobre un presunto drama humanitario en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras el cierre indefinido de la misma, es el tema de la última entrega de nuestra sección Justo al Medio.


Presidente Ortega: Es ridículo que Colombia quiera denunciar a Venezuela en la CPI cuando están en desacato

Agencias / Aporrea.org - 3 sept. 2015 - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de "ridículo" que Colombia esté "considerando seriamente" denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de un millar de colombianos.

"¿Con qué moral Colombia va a acudir ante la CPI, cuando no ha cumplido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", que definió los límites en el Caribe con Nicaragua, señaló Ortega en un discurso en ocasión del 36 aniversario del Ejército nicaragüense.

"¡Qué empiece Colombia por cumplir el fallo de la CIJ!", exclamó el mandatario nicaragüense.

En noviembre de 2012, el máximo tribunal de las Naciones Unidas definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007.

A Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha dicho que ese fallo "no es aplicable y no será aplicable" hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos y que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en la Constitución colombiana.

La Constitución colombiana establece en su artículo 101 que los límites de la nación "solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República".

En su discurso, Ortega calificó de "ridículo" que ahora Colombia pretenda acudir ante la CPI, sin antes acatar a plenitud el fallo de la CIJ por los límites con Nicaragua.

"Ellos que no acatan el fallo. Van a cumplir tres años y no lo acatan. ¡Cumplan con el fallo!. Y entonces tendrán alguna autoridad para poder hablar de ir a cortes internacionales", consideró.

Santos dijo este martes que la Fiscalía colombiana está "considerando seriamente" denunciar ante la CPI a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de centenares de colombianos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, cerró hace 14 días el principal punto fronterizo con Colombia dentro de una ofensiva para combatir el contrabando y a supuestos paramilitares en la región.

Ortega, que es el principal aliado centroamericano de Venezuela, calificó de "medidas legítimas" las adoptadas por Maduro para luchar contra el contrabando.

Una misión de las Naciones Unidas reveló este lunes que de Venezuela han sido deportados 1.100 colombianos, mientras que otros 10.000 han optado por abandonar ese país.

Santos subrayó que su Gobierno irá a todas las instancias internacionales que sean necesarias para salvaguardar los derechos de los colombianos afectados.

Colombia pide a la Corte Penal procesar y detener a Maduro, Cabello, Rodríguez y Vielma Mora

Noticias Caracol / Aporrea.org - 3 sept. 2015 - El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, consignó ante la Corte Penal Internacional una petición formal para que se investigue y sean detenidos el presidente Nicolás Maduro, la canciller Delcy Rodríguez, el diputado Diosdado Cabello, el gobernador José Gregorio Vielma Mora y dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por considerar que lanzaron y ejecutaron una política de persecución y ataque sistemático en contra de los colombianos.

Para la Procuraduría "esto es un crimen de lesa humanidad", una "política de limpieza".

La solicitud indica Caracol, fue enviada directamente por el procurador a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional.

Gobierno venezolano reitera diálogo con Colombia para solventar situación fronteriza

Caracas, 04 Sep. AVN.- La canciller de la República, Delcy Rodríguez, reiteró este jueves que el Gobierno venezolano está dispuesto a dialogar con Colombia para tema fronterizo.

"Los invitamos a no tener miedo al diálogo y a la reunión de presidentes. Es la hora de la valentía y la diplomacia de altura y legalidad", manifestó Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter, @DrodriguezVen.

Recientemente, con el objetivo de proteger al pueblo de ambos países de acciones paramilitares y el contrabando de productos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó un Estado de Excepción en algunos municipios fronterizos del estado Táchira. Asimismo, el Gobierno venezolano cerró el paso hacia Colombia por esta entidad andina, restricción que se mantendrá hasta tanto no se restituyan los derechos sociales y económicos del pueblo venezolano y los colombianos que viven en la zona.

En ese sentido, como parte de las soluciones para abordar esta situación, la canciller venezolana informó que el Gobierno Nacional acudirá a instancias internacionales para solicitar que los ciudadanos colombianos que residen en Venezuela, víctimas del desplazamiento generado por la acción de grupos paramilitares, sean indemnizados.

Asimismo, "solicitaremos indemnización para el Estado venezolano producto del éxodo masivo de colombianos que han huido a nuestro país", agregó la funcionaria en la red social.

Evasión de responsabilidades

Este jueves la canciller de Colombia, María Angela Holguín, dijo que debido a las políticas de subsidio que emprende el gobierno venezolano para reivindicar al pueblo el derecho a la alimentación, educación y salud, el gobierno de su país poco puede hacer para combatir el contrabando.

“Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que podamos hacer algo en la lucha contra el contrabando. Que subsidien a los pobres, pero no a los productos”, expresó la funcionaria, citada en el página web de El Tiempo.

Ante esto, la canciller Rodríguez manifestó que las declaraciones de su homologa colombiana son un compendio de "imprecisiones erráticas" que ponen de manifiesto la postura de su gobierno frente al tema fronterizo.

"Es insólito, por decir lo menos, que se excuse en las políticas de subsidios implementadas por Venezuela en función de su pueblo para escurrir la responsabilidad de Colombia en el combate al contrabando", indicó la funcionaria venezolana en Twitter.

En ese sentido, mencionó que en la reunión que sostuvieron ambas cancilleres hace una semana en Cartagena, para articular acciones en pro de solventar la situación fronteriza, se le solicitó al gobierno de Colombia la repatriación a Venezuela de los alimentos incautados durante más de un año.

"Hay responsabilidades propias de Colombia que no competen a Venezuela, pero que las deslizan a nuestro país. Colombia ha abandonado la frontera, la cual es gobernada por delitos de distinto orden y el paramilitarismo colombiano", agregó.

Rodríguez alertó que desde Colombia se ha activado un aparato comunicacional que busca socavar la estabilidad y la paz de la Patria. "Venezuela es víctima de todo tipo de agresión desde Colombia: mediática, financiera, económica, energética".

Cerradas 11 farmacias de Táchira por ventas irregulares y acaparamiento

Caracas, 03 Sep. AVN.- Un total de 11 farmacias en el estado Táchira fueron cerradas luego que el Ministerio de Salud inspeccionara las redes de distribución de medicamentos en esta entidad cuya frontera con Colombia fue cerrada para restablecer la seguridad y la paz del territorio.

Además de estos establecimientos, se clausuró una clínica que ponía en riesgo la salud de los tachirenses y funcionaba fuera del marco legal, informó una nota de prensa del Ministerio.

El jefe regional del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, Milton Bracamontes, informó que en las inspecciones han encontrado farmacias con falta de permisología sanitaria, medicamentos sin permisos, medicinas vencidas, venta de sustancias psicotrópicas que no están permitidas en la ley, entre otras transgresiones.

Dieron con estas irregularidades luego de las jornadas de fiscalización que se realizan en los municipios de la entidad andina para mantener el orden y garantizar el abastecimiento de medicina en los anaqueles.

A los establecimientos cerrados se les aplicó una multa que va de 185 a 370 unidades tributarias.

Bracamontes explicó que el objetivo de esta jornada de inspección es combatir el bachaqueo y el contrabando de medicina en la entidad andina, para garantizar el suministro de los productos a los tachirenses y hacer un seguimiento exhaustivo a estos locales para regular y normalizar la venta.

"Muchas de estas farmacias funcionan como droguería pues dejaron de vender al detal para vender al mayor, lo cual es ilegal y deja en entredicho el destino de los medicamentos que venden en grandes cantidades, lo cual estaba afectando en gran medida a los tachirenses que no encuentran los fármacos que requieren debido a estas situaciones irregulares", rechazó.

Paramilitarismo fronterizo, un mando innombrable y temido que implanta sus propias leyes

Agencias / Aporrea.org

Los 160 kilómetros lineales de frontera con Colombia del occidental estado venezolano del Táchira han sido durante años un canal abierto al delito y al crimen organizado, un lugar en el que los paramilitares gobiernan de modo omnipresente en la sombra.

"Los militares los llaman ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’ pero para nosotros todos son lo mismo, porque uno aquí no sabe quién es quién", dice Ernesto sentado frente su rancho, una casucha de lata en la que, si se para en el porche, puede ver parte del poblado venezolano de San Antonio, y desde el patio, las sabanas de los campos colombianos.

El campesino, que atribuye con admiración a los hermanos Castaño la creación de las "autodefensas" como grupos armados antisubversivos que defendían a los habitantes de las guerrillas, agrega: "Mire, ponga cuidao, los que están aquí se hacen llamar paramilitares, pero eso es armar una banda, ponerse nombre, agarrar un territorio y cobrar vacuna".

Ernesto se refiere a quienes operan en la zona como bandas paramilitares, grupos armados que desde hace muchos años controlan todas las actividades comerciales de la frontera colombo-venezolana, y que dictan su propio orden tributario en el territorio.

"Si tienes mucho, pagas mucho; si tienes poco, pagas poco. Nosotros pagamos 50 bolívares semanales", cuenta una vecina para referirse a ‘la vacuna’, elimpuesto sagrado que entregan los habitantes de todos los poblados al borde del eje fronterizo.

Una cuota a cambio de la que, estas bandas, garantizan "seguridad y vigilancia"

"Ahora, los que tienen bodegas o ventas de hielo, cervezas o cualquier negocio pagan más que los demás (100 o 500 bolívares semanales)", explica esa vecina del barrio que, como todos, teme ser identificada.

En la frontera difícilmente se habla de los paramilitares en grupo. Si hay más de dos personas, nadie toma la iniciativa de referirse a ellos; no los cuestionan, son el secreto a voces, porque para los vecinos el niño que corre, el vecino o el motorizado que pasa, son los ojos y los oídos de los paramilitares.

"Aquí es así, uno no sabe para quien trabaja la gente, uno no sabe si pasan información y dicen que uno está hablando de ellos y vienen y le meten a uno un tiro por eso", cuenta otro hombre de la comunidad aprovechando el ruido del camión que recoge la basura del barrio, acumulada desde hace más de 15 días.

Este orden paralelo que gobierna varios poblados venezolanos que colindan con el colombiano Norte de Santander también se repite en otros territorios fronterizos en los que, dependiendo de la zona, los habitantes lo atribuyen a paramilitares o a guerrilleros.

En esta zona del Táchira, en la que hace 13 días el Gobierno de Venezuela ordenó un cierre parcial de la frontera y un régimen de estado de excepción, el contrabando de alimentos y combustible es el principal oficio, la más importante fuente de ingresos, y lo que llena las arcas de los grupos armados.

El propio Gobierno venezolano ha reconocido que la zona es un colador por el que se escapa el 40 por ciento de los alimentos y las medicinas destinadas al mercado venezolano, muchos sacados por trochas ilegales abiertas por campesinos de la zona y muchos otros por las alcabalas con la venia de militares venezolanos corrompidos por las enormes ganancias.

Los alimentos, principalmente los básicos subsidiados por el Gobierno venezolano, son los productos más fáciles de hallar al otro lado, en La Parada, un poblado colombiano que más que un pueblo es un gran mercado a cielo abierto.

Allí las distorsiones económicas que genera el control de cambio que rige sobre la moneda venezolana y las excesivas regulaciones de los precios de los productos de la canasta básica, hacen que el contrabando sea el gran negocio.

Mientras en Venezuela un tubo de pasta de dientes es vendido a lo que el Gobierno venezolano llama "precio justo" de 39,27 bolívares, en La Parada puede ser vendido al valor del mercado internacional de 1.500 pesos colombianos, que equivale al cambio a 306 bolívares, es decir, casi diez veces su valor, con solo cruzar el río.

El rentable negocio se convirtió en el oficio de buena parte de la población fronteriza, la mayoría de ellos colombianos que viven en el territorio limítrofe y que los propios pobladores llaman "maleteros", en alusión a las grandes cargas de mercancías que llevan al hombro en las madrugadas a través del río.

El paso de mercancías es regulado también por los grupos paramilitares que, según los habitantes de la zona, controlan los pasos por las trochas y establecen los horarios para el tráfico.

El propio Gobierno de Nicolás Maduro reconoció que estas bandas habían penetrado por medio del dinero y el terror en varios ámbitos del Estado, lo que justificó hace más de una semana el cierre de la frontera y una incursión militar en la zona.

Centenares de militares tomaron el control, principalmente en el populoso barrio de La Invasión, en un operativo que incluyó la expulsión de cientos de colombianos en una madrugada que los habitantes todavía recuerdan con terror y alivio.

Aunque han pasado varios días desde el operativo, los ciudadanos aún temen, se sienten observados, afirman que grupos informantes de los paramilitares todavía permanecen en la zona.

Todos les temen, ellos han sido durante años la ley y el orden, los villanos de la película, los innombrables. En la frontera nadie les llama en voz alta paramilitares, todos hablan de ellos como "los hombres que usted ya sabe".

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