RT en Español.- Con la presencia del Presidente de Cuba Raúl Castro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timoleón Jiménez o 'Timochenko', han firmado un histórico acuerdo sobre justicia transicional tras una reunión celebrada en La Habana.
Histórico acuerdo sobre justicia transicional y víctimas firman gobierno de Colombia y las FARC- EP en La Habana
El Tiempo- Colombia- Agencias
La Habana, septiembre 23 - Delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC-EP se reunen en histórico evento en La habana para firmar el acuerdo sobre justicia transicional y víctimas, paso importantísimo para la Paz en Colombia.
Lo que pactaron el Gobierno y las Farc en materia de justicia prevé la creación de una jurisdicción especial para la paz, que constaría de un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Este tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia y otra de juzgamiento. La diferencia es que a la primera llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad de los hechos, y a la segunda le corresponderá los casos en los que no se acepten cargos y se haga necesaria una comprobación.
Para evitar que se presenten personas que no tengan relación alguna con el proceso de paz y busquen los beneficios de este modelo, se establecerán una serie de filtros. Algunos de ellos son haber firmado el fin de la guerra con el Estado y que, además, los casos estén relacionados directamente con el conflicto armado.
El modelo base será de justicia restaurativa, lo que permitirá imponer penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel. Esto quiere decir que la víctima y el victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, por ejemplo a través del desarrollo de obras.
Todo esto se mantendrá siempre y cuando se garantice la reparación de las víctimas, porque, de lo contrario, se podría aplicar una pena efectiva de cárcel.
Un punto clave que tendrá el acuerdo es que en determinados casos, muy específicos, habría elegibilidad política en las zonas en las que tengan la restricción de la libertad. Esto, por supuesto, requiere reglas claras que se están construyendo.
Otro aspecto importante es que se buscarán mecanismos para dar garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.
La restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, y eso es, precisamente, lo que ayudan a acordar Uruguay, como país 'pro tempore' de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas.
Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos. Esto tiene que terminar de finiquitarse en La Habana.
Este acuerdo de justicia incluirá a todos los actores del conflicto, como miembros de la Fuerza Pública, desmovilizados de las Farc y sectores sociales, políticos y económicos que estuvieron relacionados con el conflicto.
Claro que este acuerdo, que es el primero en el que las Farc aceptan un modelo de justicia que incluye al Estado, tendrá que tener una instrumentalización que pasaría por el Congreso bajo los modelos expeditos que se crearían con la reforma constitucional que el Gobierno impulsa esta semana.
Detalles de la cita
A su arribo a La Habana, primera visita oficial desde que se inició el proceso de paz el 19 de noviembre del 2012, Santos se dirigió al Centro de Convenciones a una reunión con las delegaciones de paz.
También hubo un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el mandatario cubano Raúl Castro.
Comunicado conjunto sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz
La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden
Juventud Rebelde
1.El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-?EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: «Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral», «Participación política: Apertura democrática para construir la paz» y «Solución al Problema de las Drogas Ilícitas».
2.A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3.En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4.El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad.
5.En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
6.La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-?EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
7.La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
8.Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
9.Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
10.En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeto a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015
El gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron hoy aquí crear una Jurisdicción Especial para la Paz y una Ley de Amnistía, lo que representa el mayor avance logrado en sus diálogos para la paz
Granma
La puerta del fin del conflicto colombiano cuenta desde hoy con una llave maestra, tras la firma en La Habana de un histórico acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.
El acuerdo, rubricado en presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, es el cuarto que se alcanza en la capital cubana de una agenda de seis que se discute desde el 19 de noviembre del 2012.
Ya han sido pre acordados los temas de solución al problema de la tierra, drogas ilícitas y participación política. Después del de víctimas, resta por resolver la Implementación, verificación y refrendación del acuerdo y el fin del conflicto en sí mismo.
Según un Comunicado Conjunto leído por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, reafirma el compromiso de las partes con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.
“Hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas”, añade.
En cuanto al espinoso tema de la justicia, tras más de medio siglo de enfrentamientos y cientos de miles de víctimas, las partes acordaron la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz.
“Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”.
En ese sentido, se prevé que se cumpla lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario y el gobierno colombiano otorgue la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos.
Sin embargo, “en todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves”.
La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado.
Se establece también que existirán dos tipos de procedimientos uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.
“Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”.
Por último, el texto establece que la transformación FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
