teleSUR.- La bancada derechista en la Asamblea Nacional de Venezuela impulsa un proyecto de ley de amnistía con la que se liberaría a políticos presos. Conozca quiénes se beneficiarían de ella.


Foro de Sao Paulo rechaza renovación de decreto imperial y llama a la solidaridad con Venezuela

Caracas, 13 Mar. AVN.- El Foro de Sao Paulo repudió este domingo la renovación del decreto emitido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el que se considera a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la política exterior norteamericana.

La organización, además, llamó a la tercera Jornada de Solidaridad Mundial "Los Pueblos del Mundo Unidos con Venezuela", que se efectuará a nivel mundial el próximo 19 de abril.

A través de un comunicado, la agrupación indicó que el decreto injerencista constituye "una política irrespetuosa de la convivencia pacífica entre las naciones, y atentatoria contra los sagrados principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, y una peligrosa amenaza a la estabilidad de la democracia venezolana."

El Foro de Sao Paulo fue fundado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, en 1990, con el propósito de agrupar a los partidos de izquierda latinoamericanos y discutir temas de interés mundial.

A continuación el contenido íntegro el comunicado:

El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en la Ciudad de México, el 13 de marzo de dos mil dieciséis, acuerda rechazar de la manera más categórica, la ratificación del Decreto del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el cual declara a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria", lo que constituye una nueva agresión política y un acto violatorio de los más elementales principios del Derecho Internacional Público.

Este acto de injerencia del imperialismo norteamericano contra la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, es una política irrespetuosa de la convivencia pacífica entre las naciones, y atentatoria contra los sagrados principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, y una peligrosa amenaza a la estabilidad de la democracia venezolana.

Todas las organizaciones de la izquierda latinoamericana y caribeña que formamos parte del Foro de Sao Paulo, nos comprometemos a denunciar en todas las instancias y ante nuestros pueblos, esta nueva arremetida contra la revolución bolivariana y, por lo tanto, hacemos nuestros los pronunciamientos de solidaridad de importantes instituciones de la integración, como la CELAC, la UNASUR, la ALBA-TCP, el Grupo de los 77 más China y los Países no alineados.

Asimismo, manifestamos nuestro respaldo a la diplomacia de paz, que adelanta el gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros y sus enormes esfuerzos por desarrollar la integración latinoamericana y caribeña, la cooperación, la unidad y la multipolaridad.

El Foro de Sao Paulo, a través de su Grupo de Trabajo, se compromete a desplegar un conjunto de acciones solidarias con la nación venezolana y, en tal sentido convoca a la tercera Jornada de Solidaridad Mundial "Los Pueblos del Mundo Unidos con Venezuela", que se realizará a escala planetaria el 19 de abril de este año.

Derecha usa el Parlamento como vía para ejecutar el golpe de Estado

Caracas, 11 Mar. AVN.- Desde que la derecha obtuvo la mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional (AN), tras las elecciones del 6 de diciembre del año pasado, ha utilizado al Parlamento venezolano como vía para aprobar leyes de espalda a los intereses del pueblo, actuar fuera de la Constitución Nacional y ejecutar un Golpe de Estado contra el mandato legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro.

La más reciente normativa es la denominada Ley Orgánica de Referendos, aprobada en primera discusión en la sesión ordinaria de este jueves para legalizar firmas planas en caso de que activen el referendo contra el residente Maduro que requiere las rúbricas del 20% del padrón electoral.

La propuesta de ley, en su artículo 36, menciona el conteo y no la verificación de las firmas de los ciudadanos electorales como lo dispone la actual norma en la materia.

En este sentido, el diputado del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, Elías Jaua, denunció que el objetivo de la Ley Orgánica de Referendos es evadir la voluntad popular a través de la recolección de firmas fraudulentas, planas.

"Se trata de un intento por burlar la voluntad soberana de un pueblo, se trata de un intento de burlar un instrumento sagrado, consagrado en nuestra Constitución de 1999 como es el referendo popular, y sustituirlo por unas firmas clandestinas, que no van a tener ninguna certificación y que simplemente van a ser presentadas al órgano electoral por los partidos interesados en convocar un referéndum", alertó.

Asimismo, manifestó que la derecha pretende utilizar las nóminas de empresas privadas como Polar, Banesco y Banco Mercantil para incluirlas como firmas a favor de un eventual referendo.

"Ya está planificado el fraude a través de las grandes empresas, que superan los miles de trabajadores y trabajadoras como Empresas Polar, Banesco, Mercantil, entre otras importantes, que ya están cuadradas para transferir sus nóminas a las planillas itinerantes que pretenden legalizar con esta ley porque le tienen miedo a la real expresión del pueblo, porque le tienen miedo a que el pueblo se manifieste libremente, como siempre lo ha hecho", añadió.

Este viernes el diputado revolucionario Darío Vivas, señaló que esta propuesta de ley va contra la Constitución. "Es la manipulación y el irrespeto (...) Y están desconociendo las instituciones del Estado venezolano y eso te indica que el camino que ellos llevan, todo lo que han venido planteado, está fuera de la Constitución", expuso.

En sólo tres meses de actuación legislativa, la derecha ha aprobado un conjunto de leyes que hacen parte de su plan de desestabilización y golpe de Estado, entre ellas se encuentran la leyes que intentan privatizar la Misión Vivienda y las empresas públicas recuperadas por el Estado.

Igualmente se encuentra la normativa que han denominado "de amnistía" con el propósito de absolver y excarcelar a los responsables de la vulneración de derechos humanos, muertes violentas y otros daños ocasionados con fines políticos, que fueron investigados, juzgados y condenados por el Poder Judicial de la nación desde 1999.

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