Juventud Rebelde.- Los 200 años de independencia de la corona de España fueron festejados por el Gobierno argentino con el rey emérito español Juan Carlos como invitado central y un mensaje del Papa Francisco en el cual afirmó que la celebración «se proyecta más allá de los límites del país, hacia la Patria Grande, la que soñaron José de San Martín y Simón Bolívar».

El Gobierno argentino festejó el sábado en Tucumán los 200 años de la independencia de la corona de España con un acto cívico y un Te Deum católico en los que curiosamente el principal invitado fue el rey emérito español Juan Carlos I. Esta invitación suscitó críticas de sectores de la oposición y organizaciones de pueblos originarios.

El presidente Mauricio Macri encabezó las celebraciones en la capital de la norteña provincia de Tucumán, donde en 1816 un congreso patriótico de diputados declaró la soberanía sobre «toda dominación extranjera», reportó AFP.

Los actos se desarrollaron sin la presencia de ningún presidente de Latinoamérica u otra región. La Casa Rosada había previsto la visita de los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet; de Paraguay, Horacio Cartes; y de Italia, Sergio Mattarella, que no se produjeron.

El Papa Francisco —el excardenal argentino Jorge Bergoglio— envió un mensaje, leído durante el Te Deum, en el que expresó su intención de estar «cerca de los que más sufren, los enfermos, los que viven en la indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo y pasan todo tipo de necesidad».

El jefe de la Iglesia Católica extendió su saludo a «los que son o fueron víctimas de la trata, del comercio humano y la explotación de personas, los menores víctimas de abuso y tantos jóvenes que sufren el flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones, muchas veces límite. Son los hijos más llagados de la patria», afirmó.

Francisco comentó que «a la madre patria no se la puede vender» y agregó que la celebración de estos 200 años «se proyecta más allá de los límites del país, hacia la Patria Grande, la que soñaron José de San Martín y Simón Bolívar».

En tanto, el presidente Macri hizo una breve mención a la gesta independentista y dedicó su discurso a la actualidad política, dominada por la inflación de 40 por ciento anual, la caída de la economía de 0,7 por ciento en el primer trimestre y un fuerte incremento de las tarifas de servicios públicos.

Desde que asumió el poder hace siete meses, tras 12 años de gobiernos kirchneristas, Macri ha tomado severas medidas que intentó justificar. «Tuvimos que tomar muchísimas decisiones, algunas fueron difíciles. Me dolieron y me siguen doliendo, si hubiera habido una alternativa para tomar otra decisión, la hubiera tomado, pero no existía», dijo sobre las alzas de precios de la corriente, el agua y el gas, que van del 200 al 2 000 por ciento.

Tarifazos en Argentina llegan a la Corte Suprema de Justicia

Prensa Latina.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina tratará mañana las demandas contra los tarifazos a los servicios públicos, anulados o suspendidos por tribunales federales y provinciales en desafío al Gobierno, que apela para ejecutarlos. En opinión de la comentarista sobre asuntos legales Irina Hauser, los cuatro miembros de la CSJ buscarán dar alguna señal, con una medida de transición. No opinarán sobre las alzas en sí ni cómo fueron aplicadas sin hacer audiencias públicas y dejarán su definición para cuando haya pasado el invierno.

"Pocas veces en los últimos tiempos el máximo tribunal estuvo ante una oportunidad tan clara de resolver una causa que atañe a un problema colectivo y a peleas (económicas y políticas) de poder como son las demandas contra el tarifazo", escribió Hauser para Página 12.

Los drásticos incrementos dictados por el gobierno del presidente Mauricio Macri del 400 al dos mil 200 por ciento a la electricidad, el gas y el agua, sin contar el transporte público, desataron un rechazo generalizado.

La primera instancia judicial en suspenderlos a escala local, en particular el tarifazo al gas, fue un tribunal de la patagónica Chubut; después se sumaron otras provincias, hasta que la Cámara Federal de La Plata lo anuló a nivel nacional y suspendió el de la luz durante tres meses en territorio bonaerense.

Incluso, ese veredicto orienta a la población a no pagar las facturas que reciban con las alzas hasta tanto la CSJ no se manifieste sobre la candente controversia.

En todas las instancia las cortes respondieron a pedidos y demandas de colectividades ciudadanas e incluso a solicitud de intendentes con el argumento de que la población debe expresarse a través de audiencias públicas antes de que tales decretos sean aplicados.

Luego del fallo del órgano judicial de La Plata, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren, a quien el comentarista Martín Granovsky llama "el pararrayos de Macri", apeló y demanda que el tribunal supremo se exprese.

El contundente fallo de la Cámara platense -señala Hauser- surgió de una demanda colectiva promovida por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y la asociación Consumidores Argentinos.

Sostienen en su planteo que el Ministerio de Energía violó el artículo 42 de la Constitución Nacional que obliga a garantizar la participación ciudadana como paso previo a todo aumento de tarifas.

Urgido por conseguir un respaldo supremo, el Ejecutivo empezó a presionar sobre los miembros de la CSJ tan pronto comenzaron algunos jueces en las provincias a dictar cautelares a favor de los usuarios.

Confiado en que el máximo tribunal falle a favor de la Casa Rosada, su ministro de Justicia, Germán Garavano, salió a pedir públicamente que la Corte "resuelva el tema" urgente y "genere certidumbre".

La compañía Enargas hizo otro tanto con una demanda por su lado, obviamente contando con que el tarifazo le representará jugosos ingresos.

Hauser estima que la CSJ bajo el mando de Ricardo Lorenzetti podría, en su costumbre pendular, cuestionar el tarifazo como una forma no solo de contentar a la gente, sino de salvar al Gobierno de una escalada social.

Sobre esa óptica -añade- buscaría una fórmula que satisfaga a todos, obligar al Ministerio de Energía a celebrar la audiencia pública que establece la Constitución como paso previo al reajuste sin decir nada, a su vez, sobre la escala tarifaria y dejarlo todo para después del invierno.