teleSUR.- El Senado de Brasil continúa el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. La defensa ha exonerado a uno de los testigos y ha designado a otro como informante para evitar la descalificación de los acusadores.

 


Destitución de Rousseff iría en contra de principios legales: testigo experto

Xinhua - Tomado de Progreso Semanal

BRASILIA. El profesor de derecho Geraldo Prado, testigo de la defensa en el juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff, dijo que la pretensión de destituir a la mandataria por medidas administrativas es algo “desproporcionada”.

Según Prado, la opinión del Tribunal de Cuenta de la Unión (TCU) de que esas medidas violan la responsabilidad fiscal, cuando en gobiernos anteriores habían sido consideradas legales, no es aceptable desde el punto de vista jurídico.

“En este ámbito del derecho punitivo, hay una regla de oro para la civilización: en ninguna hipótesis, un comportamiento, la conducta de cualquier persona, puede ser considerada ilegal después de practicada. La definición de su ilegalidad debe ser siempre anterior a su práctica, para que pueda guiar a la persona a cometerla o no”, señaló.

La parte acusadora intentó invalidar el testimonio de Prado, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y reconocido mundialmente como especialista de derecho punitivo, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que preside el juicio político, no dio lugar al pedido.

A pesar de que los senadores favorables al impeachment (juicio político) habían dicho que no cuestionarían al testigo, varios lo hicieron, aunque el interrogatorio estuvo dominado por aliados de la mandataria.

Rousseff es acusada de “crimen de responsabilidad” por haber practicado el llamado “pedaleo fiscal” (atrasos en los pagos a bancos públicos) y publicado decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso.

En opinión de Prado, la interpretación de la TCU del “pedaleo fiscal” no puede aplicarse retroactivamente.

“Préstamo es préstamo, subsidio es subsidio, tiene otra naturaleza jurídica, a pesar de que pueden ser similares. No podemos (considerarlos iguales) en el derecho penal, no podemos en el derecho político-administrativo, que regula el proceso de juicio político”, señaló.

El profesor dijo que hay “todo un pasado, una historia de comportamiento absolutamente similar que siempre ha sido calificado como correcto, y ese cambio de entendimiento no puede echarse atrás”.

Prado subrayó que en la firma de decretos de crédito suplementario Rousseff no podría ser acusada de responsabilidad, porque actuó con base en informes técnicos que los definían como legales.

Por su parte, la senadora Vanessa Grazziotin (Partido Comunista) cuestionó a Prado sobre la validez del informe del TCU, tomando en cuenta que el auditor de ese órgano, Antonio Costa D’Avila, admitió que había participado en la elaboración de la acusación, que él mismo juzgó más tarde.

El jurista respondió que un informe en esas condiciones no tendría validez porque “no hay ninguna manera de ser imparcial y al mismo tiempo parte, desde el punto de vista del procedimiento penal”.

Según Prado, en todo caso, el castigo razonable con base en los cargos que enfrenta Rousseff no debería ser más que “una multa”.

Para el académico, por otro lado, en el sistema político brasileño, que es presidencialista, el Congreso no tiene la atribución de condenar un presidente porque no comparte sus políticas o porque es impopular.

“En el sistema legislativo, el Congreso puede emitir un voto de confianza a la acción de los que gobiernan. Es una manera de poner momentáneamente a un lado la voluntad de los electores y reemplazar al gobierno. Pero en el presidencialismo esto no puede suceder en cualquier circunstancia”, enfatizó.

Prado fue el segundo testigo presentado por la defensa, un tercero será escuchado a continuación, y otros tres serán interrogados durante una sesión este sábado.

(Tomado de La Jornada)

Senado con techo de vidrio juzga a Dilma Rousseff

Gritos y caos interrumpen juicio contra la presidenta de Brasil, prácticamente condenada de antemano en esta fase final del golpe

Juventud Rebelde

BRASILIA, agosto 26.— «Esto es un golpe claro contra una presidenta honesta», aseguró la senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, quien cuestionó la «falta de pruebas para imputarla», durante la segunda jornada del proceso de impeachment en el Senado, y que se caracterizó por los gritos y el caos.

«Los testigos que trajo la oposición no pudieron aportar nada», citó ANSA a Bezerra, quien subrayó: «Si sirviera para algo esta farsa del impeachment, es para demostrar, como está siendo demostrado, que Dilma Rousseff no cometió ningún delito, es un golpe contra quien fue votada por 54 millones de ciudadanos».

Bezerra, al igual que otros legisladores del PT, como el senador Jorge Vianna, anticiparon que si el Senado vota por la condena de Rousseff, el caso será llevado al Supremo Tribunal Federal.

«Todo este proceso fue un embuste, no se respetó el derecho de defensa de la presidenta, iremos al Supremo Tribunal y a donde sea necesario», señaló Vianna a una radio de Brasilia.

Mientras, una información comentada de AFP sobre el cuerpo legislativo que está dando el punto final al golpe preparado contra la mandataria, afirmaba: «El Senado de Brasil es muy estricto en cuanto a normas de decoro, al punto de no permitir que los hombres entren al recinto sin saco o corbata. Pero cuando se trata de denuncias de corrupción, los legisladores que ahora ofician de jueces de Dilma Rousseff, son bastante más laxos».

La organización Transparencia Brasil —dijo AFP— reveló que un 59 por ciento de los 81 senadores, que decidirán si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, han sido condenados, acusados o investigados por crímenes en algún momento, y el mismo porcentaje se repite en la Cámara de Diputados, que dio luz verde al inicio de este proceso hace nueve meses.

Rousseff está acusada de manipular ilegalmente las cuentas del gobierno para disfrazar el déficit fiscal de la crisis. Sin embargo, ese supuesto crimen que viola las normas fiscales contempladas en la Constitución, no sugiere que sea corrupta, agrega la agencia noticiosa francesa.

No se puede decir lo mismo de muchos de los que han ocupado una silla del Congreso en los últimos años, que cuentan con un extenso prontuario que incluyen desde acusaciones de malversación y compra de votos, hasta presunto homicidio, y recuerda que Brasil aparece en el puesto 76 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Entre los «peces gordos» implicados en crímenes incluyen al presidente del Senado, Renan Calheiros (del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del mandatario interino Michel Temer), acusado de recibir millones de dólares en sobornos, junto a otros políticos y líderes empresariales, enmarcados en la multimillonaria trama de corrupción de la estatal petrolera Petrobras. También pone en la lista al senador Aecio Neves, que perdió las elecciones en 2014 ante Rousseff, investigado por aceptar sobornos y su familia está en la mira por una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein, el cual sería candidato nuevamente en 2018.

Con varios senadores gritando a la vez, el jefe de justicia Ricardo Lewandowski, quien está presidiendo el juicio en el Senado, pidió un receso de cinco minutos, luego cambió de opinión y dijo que el órgano legislativo reanudaría sesiones después de almorzar, cuando se preveía que testigos de la defensa declararan este viernes.

Dice DPA que simpatizantes y opositores de Rousseff intercambiaron insultos en una agitada sesión que mostró que la antesala a una votación final prevista para el miércoles por la mañana estará cargada de tensión.

Varios días de testimonios, incluyendo un discurso de Rousseff el lunes, culminarán con esa votación final.

En mayo, el Senado votó para impugnar y suspender a Rousseff por 180 días mientras se preparaba el juicio.

Se prevé que el proceso culmine con la remoción de Rousseff del cargo de presidenta. Si eso sucede, su vicepresidente, Michel Temer, será confirmado como presidente durante el resto de su mandato hasta 2018.

Tensión marca primer día de impeachment a Rousseff

El Senado brasileño puso en marcha la fase final del juicio político contra Dilma Rousseff, con acalorados debates y acusaciones entre los senadores que apoyan a la presidenta separada y quienes la acusan del delito de responsabilidad fiscal

Granma

BRASILIA.—El Senado brasileño puso en marcha la fase final del juicio político contra Dilma Rousseff, con acalorados debates y acusaciones entre los senadores que apoyan a la presidenta separada y quienes la acusan del delito de responsabilidad fiscal.

Los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT), formación política a la que pertenece Rou­sseff, presentaron diversas denuncias por irregularidades en el proceso judicial.

Los representantes del PT exigieron la nulidad del proceso argumentado que existían varias irregularidades en el juicio político contra Rou­sseff, entre las que se encuentra el periodo que este debe abarcar.

La Constitución establece 180 días como plazo para llevar adelante el impeachment, pero Rousseff es llevada a juicio a poco más de 90 días de iniciado el juicio político.

Gleisi Hoffmann, senadora del PT indicó, “en diversas ocasiones, los derechos de la defensa fueron sustraídos sin considerar que es la presidenta de la República la que está siendo juzgada”, y añadió que el cuerpo legislativo no tiene la moral para juzgarla.

A los argumentos de los senadores del PT, los partidarios del mandatario interino Michel Temer repitieron sus prácticas de insultos, injurias y ataques a sus oponentes, tal como sucedió en la votación del 12 de mayo cuando la mandataria fue separada temporalmente de su cargo.

La sesión inicial estuvo encabezada por el presidente del Su­pre­mo Tri­bunal Federal (STF), Ri­cardo Lewandowski, quien ignoró los ar­gumentos presentados por los senadores del PT, según Te­le­sur.

El primer día culminó con la de­claración de los dos testigos de la par­te acusadora Júlio de Oliveira, fis­­­cal del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el auditor Antonio Carlos Costa D’Ávila Carvalho Jú­nior, también del TCU, ambos respondieron a las preguntas vinculadas a los asuntos fiscales del gobierno de Rousseff.

Se conoció que existen más de un centenar de solicitudes para formular preguntas a los testigos de la de­fensa por lo cual se presume que la jornada podría extenderse hasta la madrugada del sábado y pro­ba­ble­mente continuar el domingo.

Uno de los días más intensos de la fase final del impeachment será el próximo lunes 29 de agosto cuando Dilma Rousseff, asista al Se­nado a presentar su defensa.

La presidenta separada dispondrá de 30 minutos, prorrogables a criterio del titular del STF Lewan­dowski, para exponer su alegato de defensa, posteriormente cada senador tendrá cinco minutos para interrogar a la mandataria, quien po­drá o no responder a las preguntas que le formulen.

Seguidamente comenzará la discusión del caso con la intervención de la parte acusadora, la defensa y luego cada uno de los 81 senadores, por un lapso de hasta diez minutos.

Al finalizar esta etapa, Lewan­dowski leerá el relatorio con los elementos aportados por las partes, antes de conceder la palabra a dos senadores favorables a la separación definitiva de Rousseff y a dos legisladores favorables a Dilma.

Mientras tanto, numerosas organizaciones sociales y populares que denuncian el golpe de Estado y la ilegitimidad del gobierno de Temer se mantienen movilizados en las cercanías del Senado, los organizadores de las protestas indicaron que  permanecerán en vigilia hasta el próximo lunes 29.

De ser hallada culpable del delito de responsabilidad fiscal tras la votación del pleno del Senado, Rou­sseff será separada definitivamente del cargo e inhabilitada políticamente por un periodo de ocho años. Si obtiene el apoyo de 54 senadores de los 81 del pleno de la cámara alta, asumiría de manera inmediata el gobierno del país hasta el final de su mandato en diciembre del 2018.

El Senado es un “manicomio” en el juicio contra Dilma Rousseff

El juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, continuó hoy con una creciente tensión, continuas descalificaciones e insultos, que llevaron al presidente del Senado, Renán Calheiros, a decir que se sentía en un “manicomio”.

Los ánimos de los senadores se volvieron a caldear este viernes en la recta final del proceso de destitución de Rousseff, que han motivado airadas protestas en el Senado.

El enfrentamiento subió de tono y el propio presidente del Senado llegó a perder hoy la compostura que ha mantenido a lo largo del proceso cuando se enzarzó en una discusión con la senadora Gleisi Hoffmann, defensora de Rousseff.

Hoffmann declaró abiertamente que el Senado “no tiene ninguna moral para juzgar” a la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo por unas irregularidades en las cuentas públicas.

La declaración de Hoffmann cayó como un jarro de agua fría en el Senado y el propio Calheiros la rebatió y consideró “el colmo”, tras lo cual hizo uno de los más duros pronunciamientos vistos desde que, este jueves, comenzó la fase final del proceso.

El senador Lindbergh Farias, quien tachó de “rastrero” el comportamiento del presidente del Senado.

“No sirven las discusiones verbales. No podemos entrar en el terreno de las agresiones”, dijo a periodistas Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los adversarios de Rousseff, por su parte, atribuyeron la bronca a la “agresividad” de Farias y sus colegas.

En tono irónico, Edison Lobao, también del PMDB, de Temer, aseguró que la sesión del próximo lunes será todavía “más animada”, ya que será cuando la propia Rousseff presentará su defensa personalmente por primera vez en todo el proceso.

Consciente del aumento de la tensión en el pleno y también de su repercusión, Calheiros tomó un tono conciliador e instó a los senadores “a ponerle seriedad a este tumultuoso proceso”.

“Esto es una demostración de la estupidez infinita”, comentó el presidente del Senado, quien llegó a afirmar que la sucesión de descalificativos e insultos escuchados en el Senado en los últimos dos días transmite la idea de que la cámara “es un hospicio”.

Las continuas agresiones verbales entre los senadores, que casi llegaron a las manos en alguna ocasión, llevaron hoy al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que dirige las sesiones finales del proceso, a interrumpir la sesión durante una hora.

Pasado ese lapso, y con los ánimos aparentemente más calmados, el trámite fue reiniciado y el pleno del Senado comenzó a escuchar a los seis testigos presentados por la defensa, una etapa que deberá concluir entrada la madrugada del sábado.

Luego habrá un receso hasta el lunes, cuando Rousseff presentará sus alegatos de manera presencial y, tras un posterior debate, se realizará la votación final sobre su destitución, que tendrá lugar entre el martes y el miércoles de la próxima semana.

En caso de ser destituida, Rousseff será sustituida de manera definitiva por Temer, quien concluirá el mandato que culmina el 1 de enero de 2019.

(Con información de agencias)

 

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