Granma.- José Eduardo Cardozo insistió en que no existen pruebas para culpar a la jefa de Estado por crímenes de responsabilidad fiscal y que los presupuestos son leyes que deben respetarse porque son autorizaciones de gastos.


El abogado defensor de Dil­ma Rousseff, José Eduardo Cardozo, indicó este martes que el único poder que puede juzgarla es el pueblo y reiteró que el juicio político contra la mandataria de Brasil es un proceso viciado.

“El que tiene que distorsionar las pruebas, lo hace porque no tiene pruebas a su favor, es una verdad de la vida forense y que todos conocemos”, sostuvo durante su hora y media de de­claración en la fase final del impeachment, para hacer referencia al proceso viciado que asegura se teje contra la líder.

Cardozo insistió en que no existen pruebas para culpar a la jefa de Estado por crímenes de responsabilidad fiscal y que los presupuestos son leyes que deben respetarse porque son autorizaciones de gastos, pero mencionó que la Cons­­­titución brasileña autoriza de manera ex­presa la posibilidad de que se realice la adición de créditos, sin que estos constituyan una ilegalidad.

“El artículo 4 autoriza la apertura de créditos en ciertos casos y lo que prevé el artículo es que es perfectamente posible”, dijo, según Telesur.

Por otro lado, instó a los senadores a juzgar con justicia, por el Estado de Derecho, para que el país no sufra un golpe parlamentario y no se someta a una persona inocente a una pena de muerte política.

Asimismo, recordó que el mundo entero percibe el juicio político como una farsa, porque se originó luego que Rousseff no aceptara los chantajes del antes presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, quien le pidió que evitara votar en su contra en un Con­sejo de Ética para no enfrentar el impeachment.

Por su parte, el presidente del Supremo Tri­bu­nal Federal, Ricardo Lewandowski, informó que la votación en el Senado tendrá lugar a primera hora de este miércoles, detalló la Agen­cia Senado.

Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el Senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria.

Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se de­sarrolla bajo la figura de juicio político.

De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un periodo de ocho años. Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre del 2018.

Siguen las protestas en contra del golpe

Una manifestación en contra del Golpe a Rousseff bloqueó varios tramos de la Marginal Tiet, una de las principales vías de acceso a la ciudad brasileña de Sao Paulo, que terminó con intervención policial.

La concentración fue llevada a cabo por integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) que exigen que se restituya en el cargo a Rousseff, quien afronta un juicio en el Senado que puede acabar en su destitución, según informó el diario Folha de Sao Paulo.

Según AFP, algunos de los manifestantes por­ta­ban carteles con el mensaje “Fuera Te­mer”, habitual en las protestas convocadas desde que el pasado 12 de mayo el otrora vicepresidente de Brasil y ahora presidente interino, Michel Temer, asumiera la jefatura de Estado de manera interina.

El hecho sigue causando reacciones solidarias a nivel internacional. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, difundió por medio de las redes sociales una carta que le envió Luiz Inacio Lula da Silva, ante la posible e inminente destitución de Rousseff.

En la misiva, habla de “persecuciones políticas contra los dirigentes del Partido de los Tra­ba­­ja­dores y se refiere a las acusaciones por corrupción que pesan contra él y otros dirigentes clave del Gobierno anterior como un ataque político.

“Cualquier coincidencia con lo que sucedió y está sucediendo en nuestro país no es casualidad. Es estrategia dura y pura, sobre la región, contra los Gobiernos nacionales, po­pulares y democráticos y sobre sus líderes políticos”, fue la reflexión que Fernández hizo sobre la letra enviada por su colega y recordó una frase de Evo Morales, presidente actual de Bolivia: “A los expresidentes de derecha se los favorece con un manto de impunidad. A los presidentes de izquierda, persecución judicial y escarmiento”.

Por su parte, Morales anunció que llamará a su embajador en Brasil, José Kinn, en caso de concretarse el golpe de Estado parlamentario contra Rousseff.

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