Continúan movilizaciones en la calle para exigir decisiones oficiales...

Lidice Valenzuela - Cubahora.- El próximo día 27 quedará instalada en Ecuador la mesa de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fuerza guerrillera que también se pronunció a favor de la paz en esa nación como antes hicieron, y mantienen su palabra a pesar de los nuevos escenarios políticos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El ELN surgió en 1965 en Simacota, departamento de Santander, aunque sus tropas están también desplegadas en los de Chocó, Bolívar, Cauca y Nariño.

Seis temas serán abordados en los diálogos gobierno-guerrilla: Participación de la sociedad mediante propuestas para construir visión común de paz; democracia para la paz: el papel de la sociedad en las decisiones que la afectan; el derecho de movilización, la situación jurídica de las personas prisioneras políticas por ejercerlo; transformaciones para la paz: en materia política y en lo social y en lo económico, con el propósito de lograr la equidad, dando espacio a los planes alternativos de vida de las comunidades en los territorios; reconocimiento a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición ni olvido como premisas para el perdón y la reconciliación; fin del conflicto: garantías para la vida y la libertad que permitan a la guerrilla dejar las armas y hacer el tránsito a la actividad política legal; implementación de lo acordado. Firmado el acuerdo, se adelantará un plan verificable por la sociedad civil, el Gobierno, el ELN y la comunidad internacional.

Esta es una buena noticia para quienes defienden la pacificación de una nación en guerra por más de medio siglo, que parecía garantizada, en gran parte, luego de cuatro años de conversaciones de las FARC-EP y los representantes de Bogotá, y la firma definitiva del Acuerdo Final de Paz, primero en La Habana y luego en Cartagena de Indias, en una ceremonia protocolar aplaudida por la comunidad internacional.

Sin embargo, también hay novedades inquietantes en Colombia. Luego de la suscripción del histórico documento ante presidentes, Naciones Unidas y otras organizaciones regionales y mundiales, pero con poca participación popular, el plebiscito convocado por el mandatario el pasado día 2 le dio ventaja a la no refrendación popular del Acuerdo Final solo por 54 000 votos de diferencia y una abstención de más del 60 % de los electores. Números suficientes para tronchar por el momento el proceso de implementación de los pactos, por el cual se esperaba votara la mayoría de los participantes en la consulta. Hubo quienes idealizaron los resultados con demasiado entusiasmo, olvidando la fuerza de los detractores de la paz.

Para no dejar morir la amenazada paz, Santos invitó a distintos actores sociales que se manifestaron contra el Acuerdo para un análisis sobre la negativa. Con él conversó, y nunca con las FARC-EP, entre otros, la oposición de derecha y de extrema derecha comandada por el expresidente Álvaro Uribe, un enemigo público de la reconciliación nacional, quien busca, según sus planteamientos, un acomodo de ventajas para los intereses de las élites neoliberales. También escuchó a los actores sociales y políticos favorables a una solución del impase en que ha caído el proceso regulador.

Hasta ahora, Uribe, erigido como defensor de los intereses de la oligarquía agraria, banqueros, militares —nunca olvidar que Estados Unidos tiene instaladas en territorio colombiano siete bases militares—, pretende una revisión de algunos de los puntos del documento que Santos, como presidente, tiene potestad para hacer cumplir, ya que el plebiscito le es vinculante, al convocarlo. Pero ya había advertido que respetaría la decisión popular.

Una de las exigencias del exmandatario es una amnistía general para todos los participantes en la guerra, lo cual favorecería a los militares y a los paramilitares que han asesinado a miles de civiles, en especial en las zonas campesinas.

El Acuerdo de Paz, por el contrario, plantea la instalación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los casos y llevar a los tribunales a los culpables de los dos bandos que cometieron crímenes de lesa humanidad.

Para analistas, es inconcebible que el presidente permita a la extrema derecha situarse en posiciones de mando, aunque las FARC-EP, en un nuevo gesto tolerante, dijeron estar dispuestas a un reanálisis de algunos puntos del Acuerdo, para evitar que los politiqueros impidan la consolidación del proceso.

Existe también el peligro de que nazca una paz mutilada, amputada en sus puntos más importantes por la paciente actitud del Nobel de la Paz que fue Ministro de Defensa de Uribe —cargo que dejó para candidatearse a la primera magistratura— y al que ahora escucha, en una acción que considera democrática, pero es observada con recelo por los medios políticos locales.

Resulta casi inaceptable que luego del reconocimiento mundial al Acuerdo Final de Paz, logrado tras seis años de negociaciones, pensado, analizado y estudiado por expertos de las partes enfrentadas —Cuba y Noruega como países garantes—, se pretenda una renegociación para imponer —de acuerdo con el propio Uribe— condiciones de orden político y jurídico.

La estrategia derechista fue organizarse en un llamado pacto político para la campaña presidencial del 2018 y fortalecer los espacios económicos neoliberales, en una cruzada que, si finalmente se aceptan sus condiciones por el gobierno y las FARC-EP, garantice la propiedad privada de la tierra, entre otros puntos. Si ello se aprueba, quedarían fuera importantes concesos alcanzados en La Habana a favor de las víctimas y poblaciones más pobres de la Colombia profunda.

Santos, que convocó al plebiscito y se responsabilizó con sus resultados, tiene una papa caliente en las manos, pues millares de personas están movilizadas de manera permanente en Colombia exigiendo el fin de la guerra y que se viabilicen los Acuerdos de La Habana.

A estas alturas lo que la población pretende es que mas allá del plebiscito, la paz no quede en tierra muerta, pues ya han pasado más de dos semanas de conocerse los resultados y todavía no hay una declaración pública.

Como no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, al presidente no le queda otra que encontrar una rápida salida —que él aseguró sería antes de que concluya este mes, la cual podría ser, como han sugerido varios sectores políticos de izquierda, un gran diálogo nacional que permita la discusión pública del conjunto social. Solo así podría surgir una nueva forma de gobierno alejada de las actuales estructuras socioeconómicas y que dé respuesta a las demandas de las FARC-EP y la población pobre del país.

Sin embargo, en el plano personal, a Santos le resultará muy complejo separarse de los intereses de su propia casta, pues el mandatario es un hombre muy adinerado, con un patrimonio familiar de respaldo, y difícilmente quiera quebrar sus relaciones con el poder oligárquico nacional.

La izquierda colombiana y otros actores han hecho diferentes propuestas además del diálogo nacional, como es, y así lo expresó la exsenadora Piedad Córdoba, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que proponga —como se hizo en Venezuela, Ecuador y Bolivia— un nuevo modelo de país donde no caben Uribe y su camarilla.

No obstante, ninguna propuesta tendrá posibilidades de triunfo sin una participación activa del pueblo —tal como pidieron las FARC-EP y ahora el ELN— en cualquier acuerdo que se adopte y que repercuta en las masas.

Observadores del proceso de paz coinciden en que hubo una pobre participación popular en los diálogos de La Habana. En su conjunto, la población colombiana poco conoció, incluso, del Acuerdo Final de Paz, de 297 páginas, a pesar de los esfuerzos de los grupos progresistas para explicar su alcance.

En este confuso panorama colombiano también se conoció que el gerente de campaña por el NO por el partido derechista Centro Democrático de Uribe, Juan Carlos Vélez, confesó que manipularon al electorado para que rechazara el Acuerdo de Paz, por lo que medios políticos solicitan un nuevo plebiscito.

La suerte de Colombia está, entonces, en la actitud pública de Santos, un político que todavía no pasará a la historia como el presidente que logró la implantación de la paz en Colombia, una de sus grandes ambiciones, quebrada por sus propios amigos políticos de antaño.