El panorama no ha hecho más que complicarse después del amañado proceso de impeachment contra la mandataria Dilma Rousseff y luego la toma del poder por Michel Temer
Laura Bécquer Paseiro - Granma.- En el filme Aquarius de Kleber Mendoca, Clara representa la resistencia ante la imposición, el entorno desfavorable y la injusticia. Aun cuando no es una denuncia explícita a la situación política, este personaje interpretado por Sonia Braga retrata la realidad de un Brasil que está tocando fondo y que no acaba de encontrar la salida a la crisis en la cual está sumido.
El panorama no ha hecho más que complicarse después del amañado proceso de impeachment contra la mandataria Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores. Tras asumir la presidencia interina, Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) prometió «meter en cintura» al país de casi 200 millones de habitantes bajo el pretexto de «enrumbar la economía». Una de las medidas que impulsó apenas llegar a Planalto fue la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), la cual fue aprobada la semana pasada por el Congreso.
Dentro de la PEC el tema más cuestionado es el de la reforma fiscal que limita el gasto público por los próximos 20 años y que debe entrar en vigor a partir del año que viene. La misma es la más grande que ha asumido el país en décadas y fue defendida a capa y espada por Temer como la única salvación ante la profunda crisis económica —estancamiento, contracción del PIB y cero crecimiento— en la que se encuentra un país que un día fue ejemplo ante el mundo.
Por un lado, el Gobierno interino promete generar más empleos y atraer inversión extranjera para reanimar la desgastada economía. Por el otro, establecer límites al dinero que el Estado invierte en salud y educación —principalmente— para los menos favorecidos simboliza un retroceso muy peligroso en materia social. La PEC congela los gastos sociales, entendidos por el nuevo Gobierno como una carga, incluyendo sectores sensibles como la salud y la educación y algunos programas sociales.
«El presupuesto del Estado del 2017 será el mismo que el del 2016 sumado a la variación de la inflación del 2016. En ese contexto, el salario mínimo no podría sufrir modificaciones en los próximos 20 años, manteniendo el valor actual de los 880 reales (275 dólares) mensuales. Hasta ahora, el salario se ha calculado sumando el porcentaje de la inflación al del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), pero al aprobarse esta reforma, el salario mínimo no podrá subir “bajo ningún concepto” por encima de lo que marque la inflación», según se explica en el sitio especializado Brasil de Fato.
Otro detalle es que la PEC afecta por el momento solo al Gobierno federal aunque no se descarta una nueva reforma para los estados.
Desde Planalto advierten que si no se cumple el techo de gastos propuesto se podría negar los concursos públicos y la contratación de personal, entre otros asuntos. Este plan incluye además reformas en la educación por lo que asignaturas como Sociología, Artes y Educación Física no serán obligatorias.
LA PEC A FONDO
La doctora en Economía por la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, Laura Carvalho, señala que para mejorar la eficiencia es necesario voluntad y capacidad y eso no se define por una ley que limita el gasto.
«Ningún país aplica una regla así, mucho menos por 20 años. Algunas naciones toman medidas para estimular el crecimiento pero en general son concertadas por tan solo unos cuantos años, teniendo en cuenta el aumento del PIB y otros indicadores económicos. Además, ningún país tiene una regla para gastos en su Constitución», aclara Carvalho en su artículo Diez preguntas y respuestas sobre la PEC, publicado en Brasil de Fato.
La economista advierte además que en el largo plazo el PIB crecerá de nuevo, por lo que la PEC será una cuestión rígida y para nada necesaria en el sector económico.
Otro elemento interesante que señala es que, según un estudio del Fondo Monetario Internacional del año 2012, los países con medidas fiscales muy rígidas tienden a sufrir con las maniobras fiscales de sus gobernantes, lo que impulsa a cometer gastos por fuera de esa regla y acabar en corrupción.
«El país ya tiene instrumentos de fiscalización, control y planificación, además de las metas fiscales anuales. No basta bajar una ley sobre el tema, es preciso que haya deseo por parte de los gobiernos de fortalecerlos, basados en la transparencia de la política fiscal», asegura Laura Carvalho.
De momento las voces en contra de esa medida draconiana se hacen escuchar por todo Brasil. Las protestas se sienten desde Alagoas, Bahía, Ceará, Espíritu Santo, Mato Grosso hasta Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Río Grande do Sul, Roraima y Sergipe. También ocupa titulares la represión por parte del Gobierno interino a esos ciudadanos. El único lugar del mundo que aplaude hasta el momento el rumbo que está tomando Brasilia es Washington, donde desde la sede del FMI, su directora Christine Lagarde, dijo sentirse animada por el foco y dirección de esas reformas.
Los representantes de la izquierda y de los movimientos sociales, cual la Clara de Aquarius, han entrado a una etapa en la cual la única solución es resistir ante la injusticia.
