Davide Angelilli - Revista Pueblos.- “Bienvenidos todos los conflictos, menos aquellos que exterminan físicamente a sus adversarios”. Con estas palabras iniciaba sus clases el profesor colombiano Alfredo Correa de Andréis, asesinado a manos de paramilitares el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla. Su hermana Madga ha participado en La Habana en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, como víctima del paramilitarismo. Magda está presente, interviene mientras entrevistamos a Julián F. Martínez, el autor del libro “ChuzaDASs, ocho años de espionaje y barbarie”, una investigación sobre la persecución de la disidencia orquestada por el Gobierno de Álvaro Uribe.

Antes de ser asesinado, Alfredo Correa de Andréis fue injustamente encarcelado tras una campaña de desprestigio y criminalización que lo vinculó con las FARC. La figura de este sociólogo, comprometido con el pensamiento crítico en la Universidad, se ha convertido en uno de los símbolos de la violencia paramilitar en Colombia. Su historia se cuenta en el libro de Julián Martínez, que, junto con Magda Correa de Andréis, ha presentado en el País Vasco[1].

– ¿Cuál es el significado del título del libro, ChuzaDAS?

– “Chuzadas” es el término que popularmente describe la interceptación ilegal de una conversación, de un teléfono, de un correo electrónico o de una comunicación digital. En el caso de mi libro, nos estamos refiriendo a cómo se denominó el escándalo de interceptaciones, seguimientos y campañas de desprestigio que ejecutó el Gobierno de Álvaro Uribe contra cualquier persona en Colombia que pensara diferente a su estrategia política.

Los agentes de inteligencia y el DAS (la policía secreta del presidente de la República) se utilizaron en función de una campaña para restringir y neutralizar el accionar del movimiento de derechos humanos, de la oposición política, de los periodistas independientes, de la Corte Suprema de Justicia, de quienes estaban investigando los vínculos de los políticos y del Gobierno de Uribe con las paramilitares. Las chuzadas sirvieron al Gobierno para escuchar las conversaciones de sus contradictores, conocer su actividad política y así poder hacer montajes judiciales. Hay casos gravísimos en los que, a través de las interceptaciones, se identificaron las fuentes de periodistas independientes; además, diversas personas fueron asesinadas como consecuencia de las campañas de desprestigio que se montaron con las chuzadas.

– El control, la represión y la persecución son parte de la realidad cotidiana de los periodistas y las comunicadoras populares en Colombia. Tú trabajas desde hace mucho años en la televisión, ¿por qué decidiste llevar a cabo esta investigación independiente?

– Como periodista televisivo llevaba años reportando noticias breves, notas de unos minutos, sobre estas operaciones ilegales. Un día me senté y pensé que teníamos toda la información y recursos necesarios para ir al fondo de la cuestión, investigarla y así poder entregar al lector la verdad sobre este proceso judicial, sin opiniones, sin adjetivos. Mi libro no es la trascripción de un expediente, es una investigación independiente que está escrita a modo de reportaje, con el objetivo de aportar a la memoria del país y de todo el mundo lo que ejecutó Álvaro Uribe en términos de inteligencia ilegal. Sin embargo, la información es muchísimo más amplia de la que reporto en el libro; se describen unos diez casos, pero el número de víctimas es muchísimo más grande. Para entender la magnitud de la cuestión, cabe evidenciar que, el 30 de octubre 2005, la inteligencia entrega un informe de gestión en el cual se explica que Movistar, Telefónica y Comcel (que ahora es Claro), firmaron un convenio para entregar información de sus clientes a la policía secreta. Es decir, también las corporaciones de las telecomunicaciones estaban implicadas en una estrategia ilegal del Gobierno de Uribe, que llegó a interceptar 183 millones de llamadas. Estas interceptaciones ilegales fueron el primer hecho ejecutado por el grupo G3: un grupo siniestro de la policía secreta (el DAS), que hoy ya no existe con este nombre, porque lo liquidaron en el año 2011.

En estas operaciones, primero interceptaban el teléfono. Al no encontrar nada, bajo la presión de la presidencia, iniciaba el espionaje: se infiltraban en los espacios, trataban de tener acceso a las reuniones privadas. Después de esta fase de espionaje, seguían sin encontrar nada de ilícito. Entonces, Uribe ordenaba fabricar pruebas. Así iniciaban los montajes policiales en contra de opositores de cualquier tipo: periodistas, jueces, políticos, defensores de derechos humanos. En suma, las interceptaciones son solamente la fase inicial de una campaña mucho más amplia de criminalización de la disidencia. El caso de Piedad Córdoba es ejemplar. Con un montaje fue vinculada a las FARC y así deshabilitada de su vida política. Luego, se demostró y sentenció la falsedad de esta acusación. Sin embargo, la reparación a Piedad Córdoba es imposible, ya que la campaña de desprestigio fue increíble y duró más de ocho años. Para una verdadera reparación, todos los medios de Colombia tendrían que hacer una rectificación nacional.

– En el libro afirmas que fue Álvaro Uribe el coordinador de estas operaciones ilegales. ¿Cómo explicarías que, pese a estas evidencias, Uribe siga siendo un actor tan protagonista en la política colombiana?

– En primer lugar, Uribe tiene un proyecto con el cual un sector de la sociedad se siente identificado, y es totalmente legítimo que él quiera representar políticamente a estos sectores sociales. Sin embargo, Álvaro Uribe está impune y rodeado por gran cantidad de delitos y escándalos. Tiene 4.120 investigaciones en la Comisión de acusaciones del Congreso de la Republica y ninguna avanza; tiene 27 investigaciones por paramilitares en la fiscalía y tiene diversas investigaciones en la Corte Suprema. Se le acusa de vínculos con el paramilitarismo y de calumniar a muchas personas, poniendo en riesgo la vida de estas.

El Estado cuenta con una institucionalidad muy bien organizada; yo creo en la justicia del país, pero lo cierto es que la justicia de Colombia tiene miedo a procesar a Álvaro Uribe, porque representa a un sector de la sociedad muy poderoso y al mismo tiempo muy delictivo. La representación de Uribe como líder es la que tuvo Pablo Escobar como jefe del cartel de Medellín. En los años 80 e inicios de los 90, Colombia vivió una época de narcoterrorismo. Si un juez ordenaba la captura de Pablo Escobar, este juez aparecía muerto, o sufría un atentado, y lo mismo pasaba con los periodistas. Yo creo que la sociedad colombiana entendió el mensaje de Pablo Escobar: estas personas tan poderosas son intocables. Existen evidencias, mi libro revela que Uribe ordenó estos hechos ilegales, y que además tenía conocimiento de todo. Hay un conjunto de escándalos que rodean a este Gobierno, muchísimo más que a cualquier otro gobierno de Colombia. Hablamos también de crímenes de lesa humanidad, cuya magnitud todavía no hemos alcanzado a comprender en Colombia. Por lo tanto, el reto del país no es demostrar los crímenes de Uribe, esto ya se sabe; el desafío es hacer un verdadero proceso de paz que pueda realmente reparar a las víctimas.

– Después de tu investigación, en diferentes ocasiones, ya has señalado la urgencia de un verdadero proceso de paz para reparar a las víctimas de las chuzadas, un fenómeno inexplicable sin entender el conflicto armado colombiano.  ¿Cómo ves el camino hacia un proceso de paz aquí en el País Vasco?

– En el caso del País Vasco me preocupa que, frente a la voluntad de ETA de acabar con el conflicto armado, el Gobierno español no tenga la voluntad de abrir un diálogo… en un contexto en el cual hay presos políticos y muchas situaciones delicadas.

Todos los conflictos son diferentes, las culturas de los países son muy distintas, pero se puede afirmar que desde Colombia estamos dando señales importantes para todos los conflictos. Hemos conseguido que los jefes de las FARC se sentaran con el Gobierno; estamos asistiendo a los comandos guerrilleros que van a las zonas de las víctimas y les ofrecen perdón con total dignidad y garantías. Para llevara a cabo un verdadero proceso de paz no hay otra forma que sentarse y hablar con el contradictor, dejando las estigmatizaciones. Esta es la única salida: la salida militar o restringir las garantías políticas nunca podrá ser una solución para los gobiernos.

Por ejemplo, yo no pretendo estigmatizar a Álvaro Uribe, él tiene derecho a hacer política. Sin embargo, también tiene la obligación de responder por todos estos hechos que hemos relatado en el libro. Hoy Álvaro Uribe ya no está en el poder, pero sus campañas de desprestigio siguen, sigue la estigmatización hacia periodistas, siguen las amenazas y la persecución. Y precisamente por la criminalización de investigaciones independientes, la vida de periodistas como Daniel Coronell[2] está en riesgo.

Davide Angelilli es periodista freelance.

NOTAS:

[1] Las presentaciones han sido organizadas por la asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, dedicada a la Memoria Histórica de la figura del profesor, abogado y sindicalista de la Universidad del Atlántico, asesinado en el 2001 por grupos paramilitares en convivencia con agentes de las Fuerzas Militares colombianas. La asociación estudia la violencia política en América Latina y especialmente en las universidades públicas colombianas.

[2] Daniel Coronell es un periodista colombiano que, por las amenazas recibidas, se exilió unos años a los Estados Unidos. En 2007 regresó a Colombia, donde trabaja como director de noticias para la cadena de información Univisión. También es columnista de la revista La Semana.