teleSUR.-  Internautas revelan la campaña en medios de comunicación y redes sociales que sectores de la oposición han montado para incentivar el clima de desestabilización en Venezuela.


Medios de comunicación manipulan violentos hechos suscitados en Venezuela para sostener campaña golpista

Cubadebate.- Desde horas de la tarde de este miércoles los principales medios privados del país, secundados por los principales diarios latinoamericanos al servicio de la derecha, manipulan algunos hechos violentos suscitados al margen de las manifestaciones desarrolladas por la oposición en diversos puntos del país, para asegurar -en contra de las versiones oficiales- que éstos sucesos son consecuencia de una supuesta represión estatal a los manifestantes.

Para generar una línea informativa que proyecte un falso escenario de caos y violencia estatal en el país, los medios privados han manipulado con especial ahínco el asesinato de dos venezolanos durante este 19 de abril.

Carlos Moreno, que recibió un disparo en San Bernadino, Distrito Capital, y Paola Ramírez, fallecida por herida de bala en el estado Táchira, fueron víctimas de la violencia en circunstancias similares; cuando se encontraban cerca de alguna de las muchas concentraciones convocadas por la llamada Mesa de la Unidad (MUD) para este día, sin participar en ellas.

Aunque las investigaciones desarrolladas por los organismos de seguridad e inteligencia del Estado confirman que Ramírez, herida por un militante del partido de extrema derecha Vente Venezuela, y Moreno, baleado presuntamente en un hecho delictivo, fueron asesinados sin formar parte de las movilizaciones, los medios insisten en manipular estos casos y presentarlos como manifestantes caídos producto de una supuesta represión de las fuerzas de seguridad.

Bajo la misma línea operan los grandes medios de países latinoamericanos, como La Nación de Argentina, que abrió su edición de este jueves con una foto de la concentración opositora mientras era disuelta por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sin aclarar que esto se debía a que los dirigentes de la derecha querían desviar a la multitud hacia el centro de Caracas, donde se desarrollaba otra multitudinaria movilización de la militancia revolucionaria.

El diario argentino asegura que, producto de la “represión” de las fuerzas de seguridad retratada, dos venezolanos resultaron asesinados, cuando los casos de muerte ocurrieron en lugares diferentes y bajo circunstancias totalmente diferentes a la presentada.

(Con información de AVN)

 

Militante de Vente Venezuela involucrado en asesinato de mujer en Táchira

Caracas, 20 Abr. AVN.- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este jueves que Iván Alexis Pernía Dávila, militante activo del partido de derecha Vente Venezuela, que dirige María Corina Machacho, es el responsable del asesinato de Paola Ramírez Gómez, quien falleció este miércoles al recibir un tiro, en San Cristóbal, estado Táchira.

En rueda de prensa ofrecida este jueves, Reverol indicó que las investigaciones adelantadas refieren que el crimen fue premeditado, pues Pernía alteró la escena en la que ocurrió el asesinato.

"Se evidencia que este crimen fue deliberadamente planificado ya que el detenido, de manera predeterminada, distorsionó el sitio del suceso, recogió en el lugar 27 conchas, que le fueron encontradas posteriormente por parte de los funcionarios, y ocultó su arma de fuego entregándosela a otra persona para que se la guardara", dijo, en declaraciones, transmitidas por Venezolana de Televisión.

Reverol explicó, con la difusión de video que el suceso ocurrió en horas de la tarde del miércoles desde una azotea, una segunda terraza de un edificio de dos pisos, ubicado en el barrio San Carlos, en la Plaza Las Palomas, frente de la residencia San Juan de la ciudad de San Cristóbal, tras lo cual quedó identificado Iván Pernía como autor.

"De acuerdo a la perimetría y a toda la trayectoria intraorgánica que se pudo hacer (en el lugar del hecho), los más de 20 impactos de manera mansalva y discriminada" que hizo este ciudadano fueron "de manera planificada".

Señaló que a este ciudadano además se le incautaron 442 cartuchos calibre 9 milímetros y el arma incriminada en este hecho, una pistola 9 milímetro modelo 17.

"El esclarecimiento de este repudiable crimen constituye una prueba más de las infames y tendenciosas acusaciones que hace Henrique Capriles Radonski intentando involucrar al Gobierno en este homicidio. Tendrá que responder a la justicia venezolana", sostuvo.

Reverol reconoció el trabajo de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que continúan en la labor de recolectar todas las evidencias pertinentes para esclarecer si hay otros responsables en este lamentable hecho.

"Nosotros vamos a seguir haciendo todas las investigaciones que sean necesarias para dar con los responsables intelectuales porque se evidencia que este crimen fue deliberadamente planificado", ratificó.

El ministro informó igualmente que Almelina Carrillo, quien fue golpeada por un objeto lanzado desde un edificio en La Candelaria, en Caracas, se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en la ciudad.

 

La unión cívico-militar en la mira del Departamento de Estado

La estrategia de mecha lenta se acelera e internacionaliza cada vez más, los centros de poder global no cesan en su empeño de hacer estallar una conmoción social en Venezuela que le dé capacidad de maniobra a su fachada política para hacerse del poder de facto. El plan Zamora y ciertas detenciones de terroristas antes de las movilizaciones, causó el desinfle de la expectativa sobre el impacto de la marcha opositora del 19 de abril.

Antecedentes y recursos

El plan diseñado y financiado desde fuera de nuestras fronteras para el golpe de abril de 2002, incluyó mercenarios infiltrados en las movilizaciones de ambos grupos que generaran el caos necesario para que el relato mediático culpara a los colectivos chavistas, herederos de la satanización mediática emprendida en contra los círculos bolivarianos en aquel entonces. Reeditando esta estrategia y legitimado las acciones violentas de sus aliados internos, el Departamento de Estado de EEUU se ha referido al "uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas", en su última declaración contra Venezuela.

Sin embargo, el hostigamiento contra Venezuela por esta vía narrativa, no es nueva ni tampoco utilizada con caracter de excluvisidad, forma parte de un recurso mediático y político global utilizado en otros países adversos a Washington y con anterioridad en Venezuela: buscar imponer la matriz de "Estado fallido" y de "terrorismo de Estado", sobre la base de falsas torturas y persecuciones, calcando las experiencias de intervención en otros países soberanos.

Ya en Venezuela, ante el desgaste de esa matriz por la vía de la "crisis humanitaria" (enfocada alimentos y medicinas), y de la tesis del "autogolpe", judicializar mediática y políticamente al país como un promotor de "grupos civiles armados" y de la "militarización de la sociedad" (terrorismo de Estado) viene a ser un recurso alternativo para rellenar el expediente contra el país coordinado por el Departamento de Estado, que con su última declaración intentó a unificar a aliados regionales (con especial énfasis en Juan Manuel Santos), vocerías políticas internas de la oposición, medios transnacionales y locales y ONGs a este único relato pro intervención.

Este relato sirvió de excusa para el desmontaje de la Revolución Sandinista en Nicaragua (vía financiamiento gringo a los contras) o el golpe contra Aristide en Haití, por ejemplo. También, a partir de montajes, para legitimar la intervención contra Libia bajo el falso bombardeo del ejéricto de Libia sobre "manifestantes" en la Plaza Verde de Trípoli. O en 2014, cuando Obama firmó un decreto ejecutivo para facultar al Pentágono en el entrenamiento de mercenarios para derrocar a Al-Assad, que colocaba como principal objetivo deponer "regímenes autoritarios" y "luchar contra el terrorismo" en Medio Oriente, en un mismo marco discursivo de represión contra "la oposición siria". Hoy ese relato evoluciona demonizando y vaciando de contenido a las milicias iraníes y de otros países próximos que colaboran con el ejército sirio en la lucha contra el terrorismo en Siria, califcándolas como "paramilitares" para reforzar la intervención en la nación árabe.

Todas estas agendas acá mencionadas pre-bélicas tuvieron como centro la criminalización del Estado y de su aparato de seguridad, inseparable de la población en el marco de la defensa integral de la nación, como sucede en Venezuela.

En tal sentido, bajo el comando del Departamento de Estado (como en los casos anteriores), existe una fuerte maniobra de cartelización política y mediática y de satanización programada contra el Estado venezolano, acusándolo de armar civiles para que repriman a "manifestantes", bajo la clara intención de presionar un punto de infexión en cuanto a la severidad con la que debe tratarse la situación venezolana desde instancias extranjeras, el centro del golpe contra Venezuela. Aunque en los casos anteriores fue utilizado como excusa para financiar grupos irregulares/mercenarios que enfrentaran directamente a los Estados-objetivo, en Venezuela se utiliza, por ahora, para seguir estimulando un endurecimiento del asedio y una mayor demonización de sus autoridades legítimas y del chavismo en general, ya acosado con sanciones y criminalizado directamente por distintas agencias estadounidenses. Dando pasos adelantados en el ansiado punto de no retorno de la confrontación violenta apoyada desde el extranjero, con base al ataque a su unión cívico-militar y su fuerza pública.

Caso Venezuela y denuncias de mercenarios infiltrados (otra vez)

Las operaciones de bandera falsa no son nuevas en Venezuela, desde aquellos disparos en Plaza Altamira en 2002 en los que el responsable de 3 muertos y 28 heridos, Joao Gouveia, fue vinculado al Gobierno por operadores mediáticos hasta este 19 de abril cuando han responsabilizado a "colectivos chavistas" de la muerte de dos jóvenes que en realidad ni participaban en movilización alguna. Los altos dirigentes del antichavismo, Freddy Guevara y Julio Borges, se hicieron eco de estas versiones fortificando el relato de supuestas violaciones de derechos humanos permitidas por el Estado venezolano.

Uno de los dos casos fue resuelto policialmente, el autor del disparo es abiertamente opositor y disparó contra motorizados que pasaban cerca de su residencia asesinando a Paola Ramírez (23 años), quien transitaba por la zona.

La mediática global se carteliza en torno a la desinformación sobre Venezuela, la meta es consolidar el imaginario de Estado Fallido. Por eso, necesitada de noticias estremecedoras que apuntalaran su agenda, también se apuró a rebotar la especie de que grupos chavistas de choque habían asesinado al joven Carlos Moreno (17 años) en las inmediaciones de San Bernardino, Caracas, cerca de la manifestación chavista, sus familiares expresaron que no estaba vinculado a ninguna movilización. Momentos después y a pocas calles, una enfermera que pasaba cerca de la misma manifestación fue gravemente herida en la cabeza por una botella lanzada desde un edificio, hecho que el mismo aparato mediático calló como de costumbre. Una nota de Misión Verdad ilustra las manipulaciones de los medios en torno a este caso y otros, endosando las responsabilidades a "los colectivos".

Para elevar la tensión interna y la presión internacional sobre Venezuela a la mediática global se suman voces gubernamentales como la de Santos, un alto comisionado de la ONU y ONGs como Human Rights Watch han sembrado la tesis de la militarización del país y de la presencia de civiles armados, lo cual justificaría el deseado desenlace de una intervención preventiva a partir de denuncias internacional de "terrorismo de Estado", en el marco del Plan Zamora y la unión cívico-militar.

El presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello han advertido sobre la infiltración de sicarios y mercenarios disfrazados de "colectivos chavistas" y cuerpos de seguridad en distintas movilizaciones que pudieran detonar el caos que se ha diseñado. En este sentido la coordinación del Departamento de Estado en torno al expediente contra Venezuela por la vía del "terrorismo de Estado" tiene también un marco operativo, como mecanismo para generar un hecho desencandentante de nuevas movilizaciones. La noche del mismo 19 de abril fue asesinado Niumar José Sanclemente Barrios, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Perimetral de San Antonio de Los Altos, Miranda, tenia 28 años de edad. Al mismo tiempo fue herido un coronel que fue alcanzado por disparos de un motorizado que atacó a un grupo de militares que mantenían un cordón de seguridad frente a encapuchados que lanzaban bombas incendiarias y objetos contundentes.

El relato tremendista que culpa al gobierno de la violencia que genera el antichavismo es fundamental para el circuito discursivo entre políticos y medios, ya no solo en Venezuela sino por parte de gobernantes de derecha como Juan Manuel Santos, quien acaba de emitir opinión frontal contra la Revolución Bolivariana, en una embestida que busca arrinconar, superando las formas de la diplomacia, lo que se hizo usual desde hace un mes en la OEA.

Además está el financiamiento de la violencia por parte de partidos de derecha como Primero Justicia, quienes en la actualidad se benefician más por las muertes de venezolanos en las calles que por sus votos. Las confesiones de sus operadores son elocuentes, Guido Rodríguez encabezó el ataque a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en Chacao el pasado 8 de abril de 2017 y, desde que fue apresado en flagrancia, confesó que dirigentes de Primero Justicia le pagaron para causar hechos vandálicos ese día. Voceros de este partido acusaron nerviosamente al Gobierno de torturarlos aun cuando en los videos estas personas relatan sus versiones con aparente tranquilidad. Instituciones y gobiernos, que callando legitimaron esos hechos evidenciados por imágenes y videos, rechazan la supuesta tortura cuando no hay evidencia alguna.

Es descomunal la intoxicación mediática respecto al conflicto en Venezuela, se ha desatado toda la artillería desinformativa para sembrar confusión, la matriz de la militarización se ha intensificado para preparar el terreno psicológico (como en los casos anteriores, valga resaltar) para que sean legitimadas operaciones de bandera falsa ejecutadas por grupos violentos pagados por la oposición, con la cobertura engañosa y confusa de que eran "colectivos". La pata geopolítica de esta última gran maniobra encabezada por el Departamento de Estado, tiene a la unión del pueblo venezolano y la FANB como objetivo, piedra de tranca que intentan derribar para desatar su agenda de golpe y caos.

 

Propaganda contra Venezuela: los últimos cinco "fake news"

La incesante fabricación de noticias falsas sobre la situación en Venezuela tiene un propósito político bien definido: aumentar el expediente que desde Washington se maneja con respecto al país para, luego, reclamar una intervención extranjera. A continuación una nueva tanda de fake news desmontada por el equipo de Misión Verdad.

Falso. La misma Corte Penal Internacional (CPI) afirmó no haber aceptado ningún caso de torturas supuestamente sufridas por los hermanos Alejandro y José Sánchez, dos dirigentes de Primero Justicia detenidos el pasado jueves 13 de abril, sin embargo desde La Haya se desmintió lo manifestado por Julio Borges.

La fuente de la CPI consultada dice que "la entrega de documentos que ONG o particulares puedan hacer a la Fiscalía no implica la apertura de una investigación o de un procedimiento", y recordó que el tribunal internacional recibe cada año cientos de dosieres de decenas de países.

Falso. La periodista opositora Yasmin Velasco entrevistó al hermano del muchacho asesinado, José Carlos Moreno de 17 de años, el día miércoles 19 de abril en San Bernardino, quien expresó que su hermano no formaba parte de la marcha opositora ni tampoco fue muerto por colectivos chavistas, como afirman los medios "independientes" y voceros de la MUD.

De hecho, el hermano de Moreno aclara que hubo personas disparando desde un "conteiner" en el lugar del suceso, y que el joven sólo iba de paso por el lugar de la marcha. Otros periodistas, abiertamente de oposición todos, lanzaron la hipótesis de que a Moreno le robaron la moto, consecuencia del homicidio.

Falso. El Plan Ávila contempla otras formas, procederes y actores en momentos de contingencia social y desestabilización del país. En el Plan Zamora convergen organizaciones sociales y populares, las milicias bolivarianas y las FANB con el propósito de desplegar fuerzas de contención ante un posible intento de golpe de Estado: es la unión cívico-militar que como doctrina tiene la Revolución Bolivariana, no una militarización de la sociedad venezolana.

Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, financiada por el Departamento de Estado gringo, es utilizada en este caso para promover la versión de que el Plan Zamora en su Fase Verde era "para reprimir" las manifestaciones del día miércoles 19 de abril. Sin embargo, los mecanismos del Plan Zamora consisten sólo en la contención de las protestas violentas bajo las reglas de acuerdo internacional en el uso de la fuerza por parte de los Estados-nación.

Falso. No existen las llamadas "protestas o manifestaciones pacíficas", como se ha evidenciado en las últimas semanas. Numerosos videos han sido compilados por el equipo de Telesur en los que se demuestran los focos de violencia fabricados por pequeños grupos opositores en las marchas y concentraciones convocadas por la MUD.

Además, el saldo de las protestas violentas es conocido, nada más en el marco de las marchas del miércoles 19: saqueos a comercios de El Paraíso a horas de la noche, chavistas heridos por objetos contundentes lanzados por simpatizantes de la oposición desde edificios, y un Guardia Nacional Bolivariano muerto y otro herido en San Antonio de los Altos. Distintos efectivos policiales del país (Polcía de Barinas, de Mérida y de otros estados) han sufrido graves lesiones producto de la violencia callejera estimulada por las vocerías antichavistas.

La periodista Larissa Costa ha preparado un dossier de la violencia que generan los grupos de oposición comprometidos con el golpe.

Falso. Guido Rodríguez, joven militante de Primero Justicia (PJ) que fue sobornado con 300 mil bolívares para ocasionar destrozos en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura venezolana, con sede en Chacao, el pasado 8 de abril, no mostró señales de tortura.

Pero la inconsistencia de la versión opositora es aun mayor. El 16 de abril, Tomás Guanipa había declarado que el joven militante de PJ había sido torturado, para que al día siguiente (17 de abril) tuiteara desde su cuenta que "no tiene idea" de quién es Guido Rodríguez.

¿Ante qué estamos?

A medida que aumenta la agresividad en el verbo antichavista, también lo hacen las manipulaciones mediáticas. Una no existe sin la otra. Los fake news como recurso de guerra informativa a nivel global, son actualmente utilizados contra Venezuela para, como en otras expresiones de asedio internacional protagonizadas por Estados Unidos (acoso contra Rusia, Siria e Irán), sirvan como apoyo narrativo para aplicar medidas de fuerza, sean sanciones financieras o judiciales (como han aplicado contra Venezuela) o una mayor interferencia en los asuntos internos. Necesario es recordar que a partir de los fake news ("bombardeo" a la plaza Verde de Trípoli por parte de Gadafi, "armas de destrucción masiva en Irak", "ataque químico" por parte de Al-Assad en Siria) los puntos de quiebre se marcan y definen, dibujando en el escenario venezolano su peligrosidad como maniobra y la urgencia de su desmonte.

 

Autoridades investigan asesinato de tres personas en medio de espiral de violencia

Caracas, 20 Abr. AVN.- El Estado venezolano investiga las circunstancias en que fueron asesinados Carlos Moreno, Paola Ramírez y el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Niumar San Clemente Barrios, hechos ocurridos este miércoles.

De acuerdo con información del Ministerio Público (MP), la fiscal 79° nacional auxiliar, Amis Mendoza, fue comisionada para investigar la muerte de Carlos Moreno, quien fue asesinado de un disparo en la cabeza, en las adyacencias del Parque La Estrella, en San Bernardino.

También fue capturado Iván Pernía Dávila (31) por su presunta responsabilidad en el crimen cometido contra Paola Ramírez, quien recibió un tiro en las cercanías de la Plaza San Carlos, en San Cristóbal, estado Táchira.

Del mismo modo, ya están en marcha las investigaciones para esclarecer la muerte del sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Niumar José San Clemente Barrios, quien fue baleado mientras realizaba labores de resguardo del orden público en San Antonio de los Altos, estado Miranda, la noche del miércoles.

En el hecho también resultó herido el jefe del Estado Mayor de esa jurisdicción, Juan Carlos Arias Méndez.

Al respecto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol, informó este jueves que equipos del Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Táchira y Distrito Capital participan en las investigaciones de estos crímenes.

Informó también que Almelina Carrillo, quien fue golpeada por un objeto lanzado desde un edificio en La Candelaria, Caracas, se encuentra recluida en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en la ciudad. Este caso también es investigado por el CICPC.

Rechazo a la violencia

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, expresó en la red social Twitter su repudio a los hechos ocurridos este miércoles, cuando sectores de la extrema derecha alentaron actos vandálicos en varios puntos del país.

"Repudiamos y lamentamos la muerte de S/2 Niumar San clemente, Carlos Moreno y Paola Ramírez; venezolanos todos,víctimas de intolerancia y odio", indicó.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, condenó todos los actos homicidas y exhortó a las autoridades con competencia a esclarecer los hechos y sancionar a los culpables.

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