AVN - Video: teleSUR.- Las acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público (MP) en torno a daños patrimoniales asociados a contrataciones ilegales en la Faja Petrolífera del Orinoco, delitos de fraude importador y desmantelamiento de vehículos de Petróleos de Venezuela, han arrojado un total de 26 personas detenidas, 18 allanamientos y 35 órdenes de aprehensión en los últimos dos meses.

En rueda de prensa ofrecida este miércoles en la sede del MP en Caracas, el fiscal general, Tarek William Saab, precisó que nueve personas han sido detenidas por cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas a través de Cadivi y Cencoex.

Precisó que el Ministerio Público ha verificado a 32 empresas, a través de allanamientos e investigaciones, de las cuales 26 son fantasmas. Entre agosto y octubre se han realizado nueve allanamientos y existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para ser ejecutadas.

En la última semana fueron detenidas seis personas por su vinculación con la práctica de fraude importador para la obtención ilícita de divisas, entre ellos Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio C.A, a quienes se les imputaron los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que están en marcha. Río Turbio recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 con sobrefacturación para importación de azúcar cruda a granel.

En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la empresa C.A. Central La Pastora. Hay siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230% de importaciones de azúcar cruda a granel. Recibió del Estado 1,3 millones de dólares con forjamiento de actas de pesaje, reveló.

A la lista de detenidos se suma Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares y simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación. Aquí hay otras siete órdenes de aprehensión.

Tanto la Policía Nacional Anticorrupción como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en acción conjunta con la Fiscalía, detuvieron a Félix Jiménez Silva y Rafael Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, C.A., señalada por sobrevaloracación de 300% en importaciones, a la que se le liquidaron 2,4 millones de dólares y se presume que es una empresa fantasma.

Asimismo, este miércoles fue detenido Sadia Cohen cuando intentaba huir del país por el Aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas, hacia la ciudad de Miami en Estados Unidos. Sobre esta persona se había girado una orden de aprehensión por simular importaciones con su empresa fantasma Acción Mercantil C.A., a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras.

A todas estas personas se les detuvo al momento en que pretendían huir del país en vuelos privados, indicó.

El fiscal general informó que este miércoles fueron allanadas las instalaciones del central azucarero La Pastora en Carora, estado Lara, pues fue usado para cometer fraude importador para la obtención irregular de divisas. Estos bienes pasarán a manos del Estado venezolano "para ser administrados de una manera más pulcra, más idónea en favor de la ciudadanía", apuntó.

Continúan las investigaciones sobre la Faja Petrolífera

Con las investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre acciones de sabotaje a la industria petrolera, se ha logrado la detención de 17 personas por casos de corrupción vinculados a contratos con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco y al desmantelamiento de vehículos de la flota de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco han sido allanadas nueve empresas y se encuentran privadas de libertad tres personas: Pedro León, exdirector de la Faja; Manuel Vicente Sosa Morales, actor y socio de la empresa Suministros Gramal C.A., quien fue imputado este martes por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir; y Carlos Esteban Urbano Fermín, directivo de la empresa Cuferca. Dos hermanos de Urbano Fermín están prófugos de la justicia y el MP tramita la activación de alerta roja de Interpol.

En el caso de la empresa Gramal, las investigaciones iniciaron "por la adquisición de dos impresoras para el mejorador de Petropiar, con una sobrefacturación por un monto de 391.111 dólares, cuando el monto original debió haber sido de 3.500 dólares".

A partir de este hecho, el Ministerio Público comenzó la indagación sobre esta empresa, que entre 2015 y 2016 recibió 27,8 millones de dolares por diversas órdenes de compra con sobreprecio, durante la gestión de Francisco Velázquez, gerente de Petropiar.

Por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión y el ciudadano Sosa Morales se acogió a la figura de la delación.

Precisó que en el caso de Petrozamora hay nueve gerentes y directores de Pdvsa con medidas de privativa de libertad. Uno de ellos se encuentra bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país, ya que se acogió a la delación, figura prevista en el Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso del desmantelamiento de más de mil vehículos en el estado Monagas, hay cinco funcionarios detenidos. Esta semana se puso a las órdenes del Ministerio Público Jesús Moreno, gerente de transporte de la división Pdvsa Carabobo, quien se encontraba prófugo.

Venezuela: Revelan datos sobre red de estafa que operó durante gestión de Luisa Ortega

El fiscal general, Tarek William Saab, reveló nuevos resultados sobre la lucha en Venezuela contra la corrupción y evidencias de los vínculos de la anterior administración del Ministerio Público (MP) con esos delitos.

En conferencia de prensa, William Saab mostró documentos que comprueban la implicación del bufete propiedad de José Parra en la red de extorsión y estafa que operó durante los 10 años de gestión de Luisa Ortega, actualmente prófuga de la justicia venezolana.

El fiscal expuso contratos suscritos con personas que solicitaron los servicios del bufete y que se les comprobó delitos como fraudes económicos o el desfalco.

También informó que al menos nueve personas fueron privadas de libertad por cometer fraude importador y por el cual obtuvieron divisas de manera ilegal.

Entre los implicados mencionó a Gabriel Peña y María Sigala, accionistas de la compañía Azucarera Río Turbio que pasará a ser administrada por el gobierno venezolano, señaló.

Al respecto, advirtió que a medida que se descubran otras compañías vinculadas con esos delitos, estas dejarán de ser operadas por el sector privado para convertirse en patrimonio estatal.

Apuntó que hasta el momento se han detectado 26 empresas de maletín o fantasmas como parte de las pesquisas que se siguen en cuanto a hechos de corrupción.

Recordó que los delitos investigados en los últimos dos meses, engavetados durante la administración de Luisa Ortega, han ocasionado daños patrimoniales a la nación, a través de contrataciones con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco.

De acuerdo con las indagaciones, varios fiscales y directores del MP cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes, rememoró

Por esta red fue imputado y solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y esposo de la exfiscal, Germán Ferrer, también prófugo, quien actuó en complicidad con los otros magistrados Pedro Lupera y Luis Sánchez, se conoció previamente.

(Con información de PL)