Las primeras reuniones tuvieron un efecto político de múltiples manifestaciones: 1) la fractura de la oposición se acentuó entre "moderados" y "radicales", aumentado su crisis de credibilidad generalizada; 2) EEUU como promotor de sanciones financieras perdió interlocución interna y capacidad de reordenar a la MUD en función de objetivos monolíticos; 3) Luis Almagro y otros operadores del cambio de régimen perdieron peso en su vocería internacional; 4) internacionalmente el chavismo ganó espacios de credibilidad y confianza, posibilitando que gobiernos como México o Chile, quienes desde la OEA enfrentaron al Gobierno durante 2016 y 2017, legitimaran la instancia de diálogo; 5) la debilidad, deslegitimación e inconsistencia de los liderazgos opositores es un factor transversal en la presencia del antichavismo dentro de la Mesa de Diálogo, en el espacio político del parlamento y en la escena política venezolana en general, con alcance incluso en la escena puertas afuera de Venezuela.

Los mediadores, así como los voceros de la oposición y el Gobierno, administraron con tacto la información sobre todos los puntos y detalles que estaban en medio de la negociación; sin embargo, en la opinión pública las apuestas e intereses de lado y lado se hicieron públicos.

El presidente Maduro recalcó a mediados de noviembre que "los emisarios del Gobierno pedirán que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo, se comprometan a hablar con el Gobierno de EEUU y exigir que levante la persecución financiera y económica, y las sanciones contra Venezuela, esa es la exigencia que lleva Venezuela a la mesa de diálogo". De esta forma el Gobierno del presidente Maduro puso su carta principal sobre la mesa.

Por su parte la oposición, dirigida en el diálogo por Julio Borges, mantiene como carta política el cambio de rectores del CNE, en parte por la desconfianza sembrada por la dirigencia en el ente electoral actual (un factor constitutivo de la abstención en sus filas), en parte por la postura de EEUU de buscar un choque institucional de poderes bajo la excusa de un CNE "parcializado".

Muestra de ello fue el desconocimiento de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre por el Departamento de Estado de EEUU, que más que una declaración política representaba una orden para evitar que la dirigencia opositora participara en los comicios municipales del 10 de diciembre, debido a que, al igual que las regionales, las elecciones habían sido convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El no reconocimiento de la ANC es otro punto de honor de la Administración Trump, y por delegación de la oposición, toda vez que en su cálculo estratégico la Asamblea Nacional debe ser utilizada como mecanismo para doblegar al Gobierno, anidar el camino de mayores sanciones y erigirse como un gobierno paralelo, mas no para articular una mediación política con otro poder constitucional como lo es la ANC.

Por su parte han avanzado en un instrumento legal aprobado en la Cámara Baja del Congreso para posibilitar una intervención humanitaria, mediada por ONGs y otros dispositivos de poder blando, maniobra que a su vez supedita a la aceptación de ese plan su apoyo a la coalición opositora. La variable electoral entra en un segundo plano, o a lo sumo como acelerante de la operación de cambio de régimen que se va decantando por la variante humanitaria.

Días después de la alocución de Maduro el dirigente de AD Edgard Zambrano amagó con reconocer la ANC si así el trayecto del diálogo lo permitía. Esa insinuación no sólo crispó los ánimos opositores en las redes sociales, sino que también sembró dudas sobre si la juramentación de cuatro gobernadores de AD ante esta instancia había sido negociada (en contraposición a lo que dijera el líder del partido Henry Ramos Allup en su momento), y alrededor de si la decisión de UNT de participar y reconocer a la ANC, decisión frenada por Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) cuando fue convocada, volvería al ruedo en la Mesa de Diálogo.

Los sectores llamados "radicales", articulados en torno a María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, quienes reclaman para sí la vocería venezolana de la Administración Trump y su agenda de asfixia económica, criticaron fuertemente la elección de Omar Barboza como presidente de la AN a inicios de enero de 2018.

Ese mismo día sin hacer ninguna mención de respaldo o apoyo a la nueva junta directiva, el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro funcionarios del Gobierno venezolano, en una muestra clara de que su agenda unilateral continúa y de que no confían en UNT o AD por entablar puentes con el chavismo. Y aquí no sólo se mezcla la urgencia geopolítica de derrocar al Gobierno venezolano, toda vez que las alianzas con Rusia y China aumentan a paso acelerado, sino la toma del frente interno por actores sobre los cuales no tienen un control absoluto, cuestión diametralmente distinta cuando se trata de PJ y VP: la vanguardia interna de las guarimbas y la exigencia de sanciones.

En el filo de las negociaciones se encuentra el tema de la reestructuración y/o emisión de deuda nueva, hoy judicializadas por EEUU para evitar que el país obtenga financiamiento para reacomodar su economía interna, además del conjunto de sanciones más específicas que limitan las transacciones internacionales e importaciones del país. Es necesario destacar que a inicios de diciembre pasado el Departamento del Tesoro anunció que emitiría una licencia para emisión de deuda si ésta era aprobada por la AN. Este es su principal recurso de poder en las negociaciones, donde la debilidad política del antichavismo a lo interno ha sido compensada por el asedio financiero externo contra el país.

Las informaciones públicas sobre los temas clave del diálogo suponen que en el contexto actual EEUU intuye que factores como UNT y AD podrían negociar una reestructuración de la deuda y aprobarla por la AN (previa reincorporación al ruedo), además de brindar un reconocimiento tácito de convivencia con la ANC, a expensas de cambios poco sustanciales en el CNE y la superación del desacato de la AN. Para que esto sea efectivo, la oposición debe mostrar capacidad de lograr una flexibilización mayor de las sanciones. Y no parecieran tener la fuerza para ello.

Un retorno a cierto equilibrio institucional, requerido por la apremiante situación económica del país, impactaría negativamente en la capacidad de EEUU para marcar la pauta y los tiempos del conflicto.

En respuesta parece haber decidido avanzar en el bloqueo financiero y en la desestabilización económica como punto de honor, así intentarían vaciar el sentido de las presidenciales ante la presunción de que Maduro ganaría, pero también en lo que respecta al diálogo hacen saber que no levantarán las sanciones por exigencia de dirigentes opositores.

En tal sentido la responsabilidad de un eventual estancamiento del diálogo radica en los efectos contraproducentes que generaron las sanciones financieras, y la imposibilidad de quienes las solicitaron de revertir la situación. La debilidad interna e inercia política de la oposición es otro factor de peso que juega en contra para tratar de obtener sus puntos estratégicos en el diálogo.

Muy probablemente a raíz de estos movimientos los cancilleres de México y Chile aseguraron que reconsiderarían su participación como mediadores en el diálogo, al mismo tiempo algunos operadores como Felipe González y analistas de distinto nivel anuncian que es el Gobierno quien tiene una posición de dominio en el diálogo.

Otro aspecto importante es que la ANC podría adelantar las presidenciales, un factor que colocaría en aprietos a la oposición en busca de nuevas condiciones de unidad política y electoral. Ya AD decidió que se relegitimaría ante la ANC, en busca de posicionar a su líder principal como candidato presidencial, hecho que no sólo reduce los incentivos para una negociación del CNE, sino que aumenta las fracturas internas en la coalición opositora.

Para el Gobierno venezolano el diálogo es una oportunidad de retornar a ciertos puntos de equilibrio político e institucional que se traduzcan en acciones positivas en beneficio de la economía interna, la estabilidad política, la regresión de las amenazas de confrontación social y la construcción de gobernabilidad. Para la oposición representa una encrucijada: un acuerdo mínimo de diálogo tiene graves afectaciones políticas y electorales, tanto para su base de seguidores como para otros actores que disputan el liderazgo de partidos políticos tradicionales en la opinión pública; producir su estancamiento por la incapacidad de levantar sanciones, en cambio, generaría una situación de aislamiento que sería poco rentable y sobre todo, peligroso.

Misión Verda.- Desde la firma del decreto Trump hasta finales de año, varias son las dificultades que el Estado venezolano ha tenido que sortear para la importación de medicinas y alimentos no producidos en el país. El bloqueo financiero afecta directamente los pagos internacionales que hace usualmente Venezuela para obtener bienes y servicios.

Así lo denuncia repetidamente la dirigencia del Gobierno nacional. El 7 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro había denunciado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el "congelamiento" en un puerto internacional de un cargamento con más de 300 mil dosis de insulina, gracias al "acuerdo Trump-Borges".

Explicó que la entidad financiera Citibank, con sede en Estados Unidos, se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación de este inmenso cargamento de insulina, una necesidad para los pacientes de diabetes. En consecuencia, la insulina estuvo paralizada en un puerto durante muchos días. "Aunque tenemos los recursos no lo aceptan", advirtió el Presidente en su momento.

"Hago responsable a Trump y a Julio Borges por el bloqueo de medicinas a partir de esta semana", dijo Maduro en referencia a la solicitud de este tipo de medidas por parte del dirigente de Primero Justicia durante 2017.

El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, denunció el 3 de noviembre que el Estado venezolano había comprado en territorio colombiano un paquete de Primaquina, medicina para el tratamiento con la malaria, pero "(…) el laboratorio (BSN Medical), una vez que supo que el destino final era el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela, bloqueó arbitrariamente el despacho de esta medicina por órdenes de la presidencia de Colombia".

Lo mismo declaró el presidente Maduro: "Cuando ya teníamos el dinero para comprar las medicinas, y las fuimos a pagar, el gobierno de Colombia prohibió la venta de estas medicinas contra el paludismo y la malaria al pueblo de Venezuela. Las compraremos en otro lugar, pero a Venezuela no les faltarán sus medicamentos para combatir estas enfermedades".

Hace un año el secretario general de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, denunció que ya Venezuela sufría un intenso bloqueo para la importación de alimentos en ese entonces.

Advirtió que en el marco de la guerra financiera contra el país, bancos "congelaron" el pago en moneda extranjera a proveedores internacionales que impidió, durante tres meses, desembarcar 29 barcos contenedores productos necesarios para el procesamiento y elaboración de alimentos en el país.

"68 días duramos en buscar mecanismos de pagar y eso por supuesto hay que decírselo al país, eso impactó negativamente en la distribución de alimentos", reveló Bernal.

Las cajas del CLAP, que han aminorado drásticamente las consecuencias del desabastecimiento y la inflación producto de los ataques a la moneda venezolana, también fueron producto del asedio económico foráneo: en septiembre no pudieron llegar unas 18 millones de cajas debido al bloqueo de pago. El Estado venezolano tuvo que usar el sistema de varios países aliados y triangular el pago para poder traer los alimentos a puerto venezolano.

El dirigente chavista Aristóbulo Istúriz fue quien denunció este siniestro ante el Consejo Nacional de Economía Productiva, quien asimismo detalló que tras la cancelación de los productos se produjo un cerco naviero, el cual provocó que los 600 contenedores que podrían ser trasladados en un solo viaje, se tuviera que realizar de 100 en 100.

Ante estas limitantes claramente inducidas por los poderes hegemónicos antivenezolanos, el Gobierno nacional hizo recientemente las contrataciones provenientes de México y Panamá para la importación semanal de más de millón y medio de cajas de alimentos de primera necesidad que arribarán a los puertos de La Guaira (Vargas) y Puerto Cabello (Carabobo) para ser distribuidas en todo el país a través de los CLAP.

Sin embargo, no sólo son las medicinas y los alimentos los principales puntos con que se expresa el bloqueo de facto que vive la población venezolana. El deporte también ha sido afectado.

Ante la ANC, el presidente Maduro también denunció que el 6 de septiembre un banco internacional informó al Gobierno Bolivariano sobre la "imposibilidad" de ejecutar los pagos tramitados por Venezuela a una entidad financiera estadounidense, que no aceptaba la transferencia de los recursos por más de un millón y medio de dólares para cancelar a proveedores del Ministerio del Deporte, los pasajes de avión, alojamiento y otros conceptos de los atletas de alto rendimiento que conforman diversas delegaciones deportivas del país.

Aunque el Ejecutivo Nacional intentó desbloquear los pagos para que se puedan comprar los pasajes, el alojamiento en hoteles y los viáticos correspondientes, Maduro resolvió poner los aviones estatales a la orden de los deportistas, sobre todo a la delegación de voleibol femenino que vio peligrar su participación en el Sudamericano 2017 debido al bloqueo estadounidense sobre Venezuela.

El incremento de los ítems en que se impone el bloqueo a nivel internacional sobre Venezuela tiene su respuesta correlativa en las acciones del Gobierno, que vela por la protección necesaria a la población venezolana toda. Las alianzas internacionales con el bloque que enfrenta a la hegemonía estadounidense han permitido a Venezuela, con dificultades, sortear las duras medidas del establishment estadounidense para intentar formar un caldo de cultivo social que allanaría el camino al derrocamiento del chavismo del poder estatal.

El bloqueo está implementado para afectar directamente a la población venezolana, sin embargo la dirigencia del Estado toma decisiones en pro de neutralizar, o por lo menos aligerar la carga de las consecuencias del "acuerdo Trump-Borges", una nueva forma de denominar a la injerencia y el golpe.

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