Misión Verdad.- El 27 agosto, a través de un avión facilitado por el Gobierno venezolano en el marco del "Plan Vuelta a la Patria", un total de 89 emigrantes venezolanos regresaron a Venezuela desde Perú.

Testimonios en el Aeropuerto Simón Bolívar, recabados por la periodista de Telesur Madelein García, visibilizaron que algunos de estos migrantes repatriados fueron víctimas de explotación laboral y trata de personas en el país andino.

La llegada de estos connacionales sucedió en paralelo al momento de mayor proyección de una intensa campaña de propaganda alrededor de la migración venezolana, orquestada entre medios locales, internacionales y vocerías de gobiernos extranjeros.

La explotación de esta temática, como se dijo en un análisis anterior, intentó ocultar de la agenda política los anuncios económicos lanzados por el presidente Nicolás Maduro.

La operación partió de cifras manipuladas y de un tratamiento narrativo basado en el recurso de la exageración para transformar un ciclo de emigración económica como la venezolana, forzada mediante el bloqueo financiero capitaneado por Estados Unidos, en una supuesta crisis de refugiados, que incluso entes multilaterales como ACNUR y la OIM no reconocen como tal.

El efecto mediático de la llegada de estos connacionales repercutió enormemente en el comportamiento de los medios, y generó un conjunto de expectativas que se manifestaron en la llegada de cientos de venezolanos, durante los días siguientes, a la embajada venezolana en Perú, a la espera de ser repatriados.

El 31 de agosto se confirmó la repatriación de venezolanos de 1 mil 230 personas desde Brasil. Al igual que las personas que llegaron desde Perú, los emigrantes también denunciaron abusos laborales y ataques.

Mientras tanto, en la parrilla de los medios la tendencia a cubrir de forma grandilocuente el asunto migratorio venezolano comenzó a cambiar de comportamiento, dejando entrever que la exigencia de personas para que el Gobierno venezolano facilitara las condiciones para su regreso, contravenía el enfoque con el que habían empezado la cobertura hace semanas.

El presidente Nicolás Maduro estableció un puente aéreo para garantizar el traslado de los venezolanos que deseen retornar al país, elevando el Plan Vuelta a la Patria a una política de Estado que busca marcar un punto de inflexión en el manejo del Gobierno venezolano con respecto al fenómeno migratorio.

Causas de la emigración, mercado laboral cerrado y una promesa que no fue

Las historias recientes de la emigración venezolana están repletas de situaciones que implican, para las personas que han tomado estas decisiones, la venta apresurada de sus propiedades para lograr adquirir los billetes de avión o el pasaje por vía terrestre, además de un mínimo ahorro para arribar a un país de destino.

La emigración ha sido estimulada mediante una campaña de terror mediático, la cual posiciona a Venezuela como un país en el que no se puede vivir por diversas razones, entre las cuales destacan el aumento sostenido de los precios, la inseguridad o las pocas posibilidades de ascenso social, utilizando el paralelismo de que cualquier destino, fuera de nuestras fronteras, representa una mejor alternativa.

Otro factor que se une a esta promoción es el bloqueo financiero y la crisis económica inducida que vive el país, que de manera tangible ha precarizado la vida de amplios segmentos de la población venezolana.

Sin embargo, un estudio presentado por ENCOVI a principios de año, refleja la composición de clase y de estratos socioeconómicos de los sectores que emigran.

En 2017, el grupo de migrantes más grande del país por condición socioeconómica corresponde al de la población con más privilegios, con 35% del total. Les sigue la clase media alta con 17%. Estos dos grupos totalizan un 52% del total de la población que emigra de Venezuela. Un 48% restante pertenece a los estratos populares y sólo 12% pertenece al estrato más deprimido de la sociedad venezolana.

Siendo las personas con mejor posición social en Venezuela quienes mayoritariamente componen el cuadro migratorio del país, suelen reproducirse historias comunes de venta de activos y propiedades que permitan llegar en las mejores condiciones posibles a un país cercano.

Un factor acelerante y casi siempre determinante han sido las recurrentes ofertas laborales, profesionales o de emprendimiento que suelen seducir a este sector social. Un reportaje del medio Americas Quarterly, de inicios de este mismo año, comentaba la historia de un profesional venezolano que había logrado insertarse en el mercado laboral, e incluso, formar una empresa para administrar propiedades inmobiliarias.

Esta ha sido relativamente la suerte de la primera capa migratoria venezolana, profesionalizada en los distintos subsistemas de educación superior de la nación. Buena parte de los emigrantes con estas características han sido asimilados por el mercado de trabajo de los países receptores, quienes ven en la mano de obra tecnificada que produce Venezuela una ventana de oportunidad financiera.

Las experiencias de estas personas han migrado hacia las redes sociales, transformándose en una especie de relato común sobre las alternativas y posibilidades que hay en el extranjero. Esto también ha representado un acelerante para que otras personas salgan del país, quienes buscan conseguir un trabajo bien remunerado que les reporte un nivel de vida clase media.

Sin embargo, las capas más recientes de la emigración venezolana no han tenido el mismo final, por lo que su destino laboral se ha visto relacionado a la venta de comida en las calles y a solicitar ayuda de otros venezolanos o familiares, factores que han convertido a los venezolanos en víctimas de explotación laboral y de mafias que se dedican a la trata de personas.

En contraposición a las primeras historias de éxito relativo de la emigración venezolana, las situaciones crecientes de abuso laboral, ataques de xenofobia y otros tratos denigrantes se han venido transformando en la normalidad.

Las nuevas medidas de restricción de algunos países de la región, sumado a las vocerías cada vez más agresivas de sus gobiernos con relación a Venezuela, tiene consecuencias directas sobre estos abusos que sufren los migrantes venezolanos.

Sin embargo, lo que estas medidas también pudieran estar indicando es que el mercado laboral ya fue copado por los venezolanos con mayor nivel de profesionalización, y que fueron los primeros en emigrar, dejando al resto de las capas migratorias más recientes sin un destino laboral legal, presa fácil de mafias económicas y sin las atenciones que los gobiernos afirmaban estar dispuestos a dar desde 2016.

Quiebre del mito del "refugiado venezolano" y la "crisis humanitaria"

Las imágenes de venezolanos en las puertas de la embajada en Perú, y los que fueron repatriados desde Brasil, generan un punto de inflexión en el patrón de cobertura que los medios venían realizando sobre la migración venezolana, calificándola como "crisis de refugiados".

Un refugiado, según los entes multilaterales encargados de esta temática, como se ha repetido insistentemente en esta tribuna, adquiere esa categoría en tanto y en cuanto ha sido expulsado de su país por razones políticas o étnicas. El refugiado teme volver a su país de origen, producto de una amenaza creíble de que será asesinado o perseguido.

En tal sentido, los venezolanos apostados a las puertas de la embajada venezolana en Perú, con miras a regresar por decisión propia y alegando maltratos de distinta índole en este país, genera una ruptura en el manejo simbólico sobre la "crisis de refugiados venezolanos".

La intención de regresar, bajo medios no coactivos, y alegando que la situación económica del país destino no ha sido la esperada, socava la mitificación que se ha hecho de la migración venezolana como un "éxodo" producto de una "crisis humanitaria".

En términos lógicos, que venezolanos deseen regresar a una "crisis humanitaria" que supuestamente se desarrolla en su país, según la cobertura de los medios, expone la manipulación realizada sobre la base de esta narrativa.

Neoliberalismo y crisis estructural en los países receptores

La emigración venezolana ha colocado en relieve que la mayoría de los países receptores no tienen el suficiente músculo financiero e institucional para integrar este flujo migratorio y ofrecer alternativas de incorporación económica, social y cultural.

Si nos detenemos un momento en Perú, observamos que en paralelo a una profunda crisis política y constitucional luego de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, se desarrolla una crisis económica que empuja al Estado a reducir su gasto social. Lo mismo ocurre, pero en un contexto diferente, en Brasil, país desde el cual también han regresado venezolanos.

Para este año, el gobierno peruano ha preparado un conjunto de recortes en el área de salud y educación. El diario Gestión apunta que estos recortes se aplican bajo la premisa de que son "gastos superfluos", mientras ocurre un decrecimiento de la actividad económica y un aumento de la pobreza y el desempleo que supera el 20%.

Las severas dosis de neoliberalismo en Perú han traído como consecuencia la reducción del tamaño del Estado y el abandono de amplios sectores de la población.

La misma situación se reproduce en Brasil, donde recientemente congeló el gasto social por 20 años, agudizando la crisis económica, política y social que vive el gigante del sur, el cual parece retornar a gran velocidad al sistema esclavista que imperó durante el siglo XIX.

Colombia no se queda atrás. Mientras avanza una agresiva campaña de impuestos por parte del gobierno de Iván Duque, el sistema sanitario del país se encuentra en crisis y la actividad económica se dirige hacia la recesión, toda vez que la crisis política y social, en medio de asesinatos a líderes sociales, se profundiza.

Una realidad que también atraviesa a Argentina, sumida en el caos social y económico producto del paquetazo coordinado entre su presidente, Mauricio Macri, y el Fondo Monetario Internacional, que ha generado una subida en el precio del dólar acompañada de una nueva cruzada para aumentar el desempleo y agravar la precariedad social que viven los argentinos desde sus últimas elecciones.

En estos contextos simultáneos, la migración venezolana que ha llegado a estos países no ha podido ser integrada a los sistemas de seguridad social y al mercado laboral regular, puesto que se encuentran en una situación de precarización y falta de financiamiento público. Ante eso, los gobiernos han solicitado ayuda internacional para intentar ofrecer alternativas.

Que muchos venezolanos hayan decidido a regresar a su país, aun cuando atraviesa un conjunto de problemas económicos inducidos por presiones financieras externas, describe que el conjunto de la región se encuentra en una crisis económica estructural, producto de la última gran expedición neoliberal, que no ofrece las garantías de seguridad social y gratuidad de servicios públicos que todavía Venezuela mantiene. Muchos venezolanos están pensando en regresar debido al contraste de ambas condiciones.

Esto se mezcla con la situación común que expresan los repatriados, donde los abusos laborales, maltratos, ataques xenofóbicos y la convocatoria a realizar trabajos en condiciones de esclavitud, se han transformado en lo cotidiano. Una realidad que responde a Estados y economías que han abandonado el terreno de la atención social, para legalizar la actividad económica de mafias paraeconómicas y empresarios semiesclavistas.

El puente aéreo y sus objetivos

Partiendo de esta realidad, el Estado venezolano en manos del presidente Nicolás Maduro ha implementado un puente aéreo para repatriar a venezolanos desde países que desde hace tiempo dejaron de ser la vitrina para una vida de mayor comodidad.

El uso de la emigración venezolana como un artefacto político y la violación sistemática de sus derechos humanos en los países receptores, visibilizada a través de los testimonios recogidos en los últimos días, han sido factores para la aplicación de este plan.

Con esta medida, el Estado reafirma su compromiso de atender a los venezolanos, quienes se han visto en situaciones de vulnerabilidad y fragilidad producto de las redes de trata y explotación laboral que operan a plenitud en mucho de los países receptores. No sólo se trata de un plan de repatriación, sino de reinserción a los planes de atención social que emprende el Gobierno venezolano en la fase más crítica de la crisis económica.

A nivel político, esta acción aminora el escándalo y el uso político de la emigración venezolana como arma política, pues el principal gancho publicitario empleado es que el Estado venezolano es el único responsable de esta situación, omitiendo la causas y sus orígenes: el bloqueo financiero.

El mediano plazo irá otorgando las coordenadas que faltan para hacer un paneo general sobre los alcances de este plan.

En lo inmediato, ha puesto al descubierto que el venezolano no es un "refugiado", que aún con la crisis existente en Venezuela se vive mejor que en manos de una red de trata de personas en Perú, Brasil y Colombia; que es preferible, paradójicamente, regresar a la supuesta crisis humanitaria que vive en Venezuela, que quedarse en los países paladines del progreso regional. Y eso puede tener enormes implicaciones, en cuanto a los agentes de la intervención que necesitan agarrarse de estas narrativas para seguir alimentando el expediente de un "Estado fallido" en Venezuela.