Ana Cristina Bracho - Misión Verdad.- En las últimas décadas, la migración se ha convertido en uno de los temas habituales de las agendas políticas y académicas internacionales. Los estudios que la abordan ponen de manifiesto la configuración tan compleja como dinámica de nuevas formas de desigualdad y exclusión basadas en género, clase, etnia y condición social.
Según datos publicados en diciembre de 2017 por la ONU, en el mundo existen 258 millones de personas en condición de migrantes. Estas personas tienen distintas categorías y sólo el 10% de ellas tienen la condición de refugiados mientras la totalidad tiene importancia en los balances económicos de los países que dejan y aquellos donde ingresan.
La migración masiva es una situación que revela las características del mundo que estamos viviendo y cómo se define por su inequidad, pues la decisión de desplazarse muchas veces es producto de las difíciles condiciones económicas que se viven en los países de origen. Por ello, cuando pensamos en el auge de la emigración latinoamericana en la región y fuera del continente, vamos a encontrar una coincidencia en los tiempos con el de los ajustes estructurales que se aplicaron y que provocaron mayor pobreza, hambre y desempleo. A esas medidas perversas de ajustes estructurales se les sumaría las guerras, los conflictos interétnicos y religiosos así como el progresivo aumento del impacto negativo del narcotráfico.
En el caso de Venezuela, estas consideraciones generales merecen complementarse observándose que los efectos de las sanciones y de la guerra económica –disminución de los ingresos per cápita, la mayor dificultad para satisfacer las necesidades individuales y el debilitamiento de los servicios sociales- son un factor importante en el aumento de la población emigrante, así como que en los últimos meses se ha visto la promoción de la emigración desde foros internacionales y las vocerías del Grupo de Lima.
Sobre ello, podemos observar dos aspectos. El primero, es la conveniencia económica que significa la recepción de la población inmigrante venezolana, que implica recibir ayudas económicas importantes del gobierno de los Estados Unidos y de las organizaciones multilaterales. Lo segundo, es que la migración es una nueva forma de abaratar la producción de bienes y servicios mediante la obtención de poblaciones dispuestas a trabajar en condiciones laborales que, por su precariedad jurídica y económica, se asimilan a la esclavitud.
Los condenados de la tierra: la ciudadanía como frontera
Pese a que han pasado setenta años de que se adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos y se estableciera como base de las relaciones entre las personas que "todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos", la ciudadanía sigue siendo una categoría de exclusión en el acceso a los derechos y esto parece agravarse cuando los países desarrollados, por la vía ejecutiva o por medio de leyes y referendos, le cierran las puertas a las personas que vienen de los mismos espacios de donde ellos han venido tomando las riquezas.
Jornaleros, trabajadores del campo, obreros sin calificación que construyen edificios, señoras que limpian casas, jóvenes que lavan platos, trabajadores a destajo en fábricas textiles y de accesorios de cuero, así como la cara uniformada de las empresas que proporcionan deliverys inmediatos de cualquier producto, a cualquier parte de la ciudad en tiempo récord. Ese es el destino laboral de los inmigrantes ilegales en buena parte del mundo.
Pese a ello, con frecuencia suele afirmarse que la llegada de inmigrantes implica la pérdida de bienestar y de oportunidades de trabajo para los habitantes locales. Por lo cual, debe evitarse que se establezcan en sus países y que traigan con ellos los elementos de sus propias culturas.
Si tomamos a los Estados Unidos como ejemplo, veremos que en este país donde se ha endurecido las condiciones de recepción de poblaciones extranjeras, la fuerza laboral de nacionales ha disminuido, como consecuencia de la mengua de su población en edad de trabajar producto de que en las últimas décadas ha habido menos nacimientos que en épocas anteriores. Por esta vía, hasta ahora, es la inmigración la que ha mantenido el porcentaje de población en edad laboral, evitando que la misma disminuya de manera dramática.
Así que, las políticas actuales que han sido declaradas como mecanismos para evitar la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos, buscan disminuir la población laboral por la vía de minimizar el porcentaje que venían supliendo los extranjeros a falta de trabajadores nacionales que los hicieran. Siendo señalado, de manera reiterada, que por las condiciones del sistema no se produce un reemplazo de los puestos de trabajo de los estadounidenses sino la ocupación de vacantes, por numerosas o indeseadas, que quedaban disponibles por el achicamiento natural de la población local.
Si esto es así en Estados Unidos no es cierto que lo que ocurre en el resto del mundo sea muy distinto. Si pensamos, por ejemplo en España, encontraremos informes que revelan que los inmigrantes:
"…están empleados en sectores que «contribuyen mucho a nuestro bienestar»: hostelería, servicio doméstico, agricultura, construcción, etc. lo que nosotros no queremos (un estudio del INEM de hace unos años mostraba el número de parados y el porcentaje superior de empleos en estos sectores sin cubrir). Me refiero también a las condiciones de vida de los inmigrantes. Un 47% de inmigrantes 'subarrendados' (lo que es ilegal es nuestro país), un 19% viviendo en sólo diez metros cuadrados, las 'camas calientes', en las que se duermen a turnos, etc. Y por último me refiero a la fosa común que es el Estrecho de Gibraltar y las inmediaciones de Mauritania a la que no son ustedes capaces de poner freno".
De regreso a nuestro subcontinente, podemos tocar el caso de Chile sobre el cual tomaremos como referencia el artículo "Calidad de vida percibida en inmigrantes sudamericanos en el norte de Chile" de Alfonso Urzúa y otros, publicado en 2015 en la Revista Terapia Psicológica, en el que concluye que Chile, que no es un país reconocido mundialmente como receptor de inmigrantes, pero que se ha vuelto destino atractivo para personas y familias que buscan oportunidades y condiciones que no han encontrado en su país de origen, dados los buenos resultados económicos y las condiciones de seguridad del país, las condiciones de los inmigrantes pueden caracterizarse señalando que:
"…Las características socioeconómicas de los participantes sugiere que sus ingresos no sobrepasan el mínimo necesario para sustentar una vida totalmente satisfecha en sus necesidades básicas, siendo la base de problemáticas vinculadas con el ambiente en el que se desenvuelven los inmigrantes (Christenson, Zabriskie, Eggett y Freeman, 2006; Stack e Iwasaki, 2009). Resultados similares se han reportado en población chilena (Urzúa, Caqueo-Urízar, 2013), lo que podría evidenciar la fuerza contextual que tiene el entorno en la Calidad de Vida de los inmigrantes más que el hecho mismo de ser migrante."
Por estas razones, es el contenido habitual de los documentos de Derechos Humanos que se refieren a las condiciones de la población migrante en el mundo, determinar que estos son colectivos que generalmente viven en áreas remotas y sufren de malnutrición, salarios bajos, alta movilidad laboral, condiciones laborales precarias, estatus jurídicos y condiciones de medioambiente laboral inadecuadas, en líneas gruesas, incompatible con las premisas que, según el Derecho, deben garantizársele a todo ser humano y no limitarse a los ciudadanos.
El caso venezolano
La población emigrante venezolana que en su mayoría permanece en el continente americano, se encuentra con las realidades que antes desconocía cuando los flujos migratorios estaban representados casi exclusivamente por población de los países andinos y de las islas del Caribe. Así, se encuentra en los márgenes de la precarización jurídica y económica, que antes conocieron colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos y haitianos pero con algunas características que le son propias.
En primer lugar, la migración venezolana es la única movilización humana dentro del continente que ha ameritado declaraciones conjuntas y continuadas por parte de los organismos periféricos y tener una colisión de países destinada a producir medidas -algunas de ellas contradictorias- para mantener el tema en agenda.
En segundo lugar, la migración venezolana se produce con una población profesionalmente más preparada, a la vez que la ausencia de estas personas viene favoreciendo que los extranjeros acudan a Venezuela a concluir los estudios que no pueden pagar en aquellos sitios a los que nuestros connacionales deciden partir.
En tercer lugar, la emigración venezolana si bien envía por mecanismos paralelos dinero que ayuda a los familiares que permanecen el país, no significa para Venezuela un ingreso que pase por las vías formales de las remesas que tienen gran importancia en las economías de los países de nuestra región.
Igualmente se debe considerar que Venezuela ha determinado que los nacionales que emigran tienen además del derecho a la asistencia consular, el derecho a solicitar del Estado las prestaciones materiales requeridas para garantizar el retorno al territorio nacional si así lo desearen, sin que se observe como una acción de carácter limitado, como lo realizó en el pasado Ecuador y que implica todas las erogaciones necesarias para el retorno.
Las nuevas jugadas
Al tiempo que se escribe el presente análisis, ocupa a la prensa mundial reseñar el beneplácito con el cual la ONU y la OIM han recibido el Plan que se adoptó el 23 de noviembre, en Quito, en el marco de la II Reunión Técnica Internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas, con la participación de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Al respecto, hemos de observar que los países que lo presentan no son todos los Estados que conforman el continente, ni siquiera todos los que conforman el Grupo de Lima, pudiendo tomar como ausencia más sensible en las filas que nos acosan que el documento no fue adoptado por Brasil.
Seguidamente, este es un documento no vinculante, cuyo rango es el de la declaración de voluntad política, y como en anteriores ocasiones donde se ha tratado el tema, puede observarse que las actuaciones individuales de los Estados no obedecen a estas líneas. En tanto que Chile, Ecuador y Perú forman parte de los Estados que han aumentado los requisitos de entrada para los venezolanos y Colombia ha mantenido un plan de deportación de venezolanos.
Un aspecto importante, está en el punto dos de la Declaración de Quito que sirvió como documento base para la adopción del Plan, que insiste en que deben los países otorgar a los venezolanos el estatus de refugiado, que, como hemos señalado insistentemente, es la categoría que necesitan para determinar la naturaleza política de la emigración y así declarar la legitimidad de la intervención.
De igual forma, en la categorización de los migrantes venezolanos como tal, parece evidenciarse una pugna dada la falta de consenso entre las agencias especializadas para definirla así, pues podría sentar precedentes que obliguen a los países a asumir más cargas de migraciones en otras latitudes del mundo, y esto, como lo hemos visto en los últimos años, es un punto de honor para buena parte de los gobiernos desarrollados que se niegan a recibir humanos de los países de donde sólo quieren extraer cosas.
