Misión Verdad.- La proclamación y autojuramentación de Juan Guaidó como "Presidente interino y de la transición" en Venezuela, empleando la figura de la Asamblea Nacional en desacato e inhabilitada en sus funciones administrativas, sugiere para Venezuela otra etapa en la trama de desestabilización.

También Guaidó fue "habilitado" para asumir la presidencia de Venezuela por la instancia autodenominada "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio”, que meses antes había proclamado a Antonio Ledezma como "Presidente de la transición en Venezuela". Mediante carta firmada en Washington, el llamado tribunal, que fue creado como instancia paralela a las instancias en ejercicio y con legitimidad en Venezuela, autorizó a Guaidó para hacerse del poder.

En un marco de asedio de espectro total como el que sufre Venezuela, la fijación de instancias paralelas, paralegales, como tribunales supremos y presidentes paralelos, prefija condiciones para el desmembramiento de la legitimidad con la que está investida el presidente Nicolás Maduro, al menos ante la comunidad internacional, que en realidad es el espacio donde se demarcan y desarrollan estos eventos.

Se propaga un intento de fragmentación de la institucionalidad venezolana que, en teoría, legitimaría el uso de la fuerza contra el Estado venezolano bajo el supuesto de un "rescate de la democracia".

Ante la autoproclamación de Guaidó, las reacciones no se hicieron esperar desde Washington mediante varios de sus más importantes voceros. Mike Pompeo, secretario de Estado; el senador de Florida, Marco Rubio; y John Bolton, asesor de seguridad de Trump, desde el 10 de enero declararon al presidente venezolano Nicolás Maduro como "usurpador" del cargo, y seguidamente el 11 de enero proclamaron a Juan Guaidó como figura "legítima" que ostenta el cargo de "presidente" de Venezuela.

En contexto, la trama de deslegitimación de las autoridades venezolanas está claramente delineada con la postura de la Casa Blanca, que intenta doblar la institucionalidad venezolana y con ello presionar a Nicolás Maduro para una entrega del poder, en un claro acto de intento de desmantelamiento del Estado-nación venezolano, dada la negación de Washington de las leyes venezolanas y la ausencia, hasta la fecha, de un nuevo acuerdo que coloque al chavismo y a la oposición venezolana en vías de resolver la pugna interna.

Para la oposición venezolana, claramente dirigida y apoyada por Estados Unidos, no hay diálogo posible con el chavismo. Por lo tanto, la agenda venezolana luce cada vez más en vías de choque y convulsión.

El rol de Pompeo, Rubio y Bolton ha sido indispensable para posicionar el tema venezolano como una situación de primer nivel en la ajetreada y compleja mesa de las relaciones internacionales estadounidenses. Con varios frentes de choque en simultáneo, la Casa Blanca dirime y ordena su política para la región amalgamando su apresto político en el Grupo de Lima, condensando un lobby de presión política regional contra Venezuela y promoviendo el cerco diplomático y económico contra la nación petrolera.

Pero, al mismo tiempo, la agenda, que involucra acciones militares regulares e irregulares contra Venezuela, parece escalar a nuevos niveles cuando estos funcionarios han llamado, en la misma línea narrativa de Guaidó, a las "fuerzas armadas" (FANB), a la comunidad internacional y a los factores civiles de la vida venezolana, a "hacer efectivo" un gobierno de transición presidido por Guaidó. Un abierto señalamiento al empleo de la fuerza.

El desmantelamiento de la "Operación Constitución", señalado por el medio estadounidense Bloomberg a mediados de 2018 y que confirma la planificación de acciones armadas irregulares en Venezuela mediante la cooptación de militares y otros componentes de seguridad en el país, así como la colaboración logística desde Florida (EEUU) y Colombia, con la probable inserción de elementos mercenarios en el terreno, es un elemento relevante e indispensable a reconocer, por tratarse de un aflujo importante de intenciones armadas que no tendrían lugar sin el apoyo de funcionarios norteamericanos.

El ex coronel venezolano Oswaldo García Palomo habló para Bloomberg en diciembre de 2018, explicando la intención de una sublevación militar en Venezuela, al unísono de los continuos pronunciamientos que ha hecho el senador Marco Rubio para el derrocamiento de Maduro por parte de la FANB.

A mediados de diciembre, luego de su visita a Rusia, el presidente Nicolás Maduro presentó serias denuncias que involucran al asesor de seguridad estadounidense John Bolton en fraguar una inserción de fuerzas regulares e irregulares estadounidenses y colombianas en Venezuela, que actuarían bajo la apariencia de ser fuerzas regulares venezolanas, en la acometida de un golpe de Estado.

Esta trama de señalamientos y situaciones que suponen el desarrollo de una fluida colaboración entre funcionarios y países, para otra "Bahía de Cochinos" en Venezuela, contaría sin dudas con el beneplácito u apoyo de Mike Pompeo, quien dirige la política exterior estadounidense con métodos de la CIA, de la que fue su director.

El empleo de las vías irregulares y mercenarizadas contra Venezuela camufladas como "fuerzas armadas nacionales" es sugerida como una seria posibilidad para bypassear la falta de consensos políticos alrededor de los países de la región, buena parte de ellos integrados en el Grupo de Lima, sobre la opción militar contra Venezuela.

La cancillería rusa emitió un comunicado recientemente que explica esa situación, pues de ella se decantaría un conflicto de proporciones regionales que serían técnicamente imposibles de encapsular eficazmente, agudizando fenómenos como la migración desde Venezuela al extranjero y la creación de un foco de inestabilidad a gran escala en la región sudamericana y el Caribe.