teleSUR.- El líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, fue recapturado este viernes tras minutos de haber sido liberado luego de pasar más de un año detenido en la cárcel de La Picota en Bogotá, capital de Colombia.

Recaptura de Jesús Santrich es una traición al Acuerdo de Paz, asegura senadora colombiana

Cubadebate

Diego Martínez, abogado de Jesús Santrich, explicó este viernes que la recaptura del miembro del partido FARC irrespeta el debido proceso y es «un nuevo golpe de los enemigos de la paz».

«Este es un mensaje de clara perfidia, de irrespeto al debido proceso de Jesús Santrich, efectivamente nos acercamos a un proceso de paz fallido», aseveró Martínez tras la recaptura del excombatiente, minutos después de haber sido liberado de la cárcel La Picota, en Bogotá, por orden de la Fiscalía General bajo la acusación de «concierto para delinquir con fines de narcotráfico».

Por su parte, la senadora del partido FARC, Victoria Sandino, enfatizó que la recaptura de Santrich , firmado en 2016, y una burla a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

«No existe una sola prueba que demuestre que Jesús Santrich cometió ningún delito. Esto que están haciendo es un favor a los señores de la guerra que quieren acabar con la JEP», aseguró Sandino.

«Nuevas pruebas» contra Santrich

La Fiscalía General de Colombia informó en un comunicado que producto de la cooperación judicial con Estados Unidos (EE.UU.) se hallaron nuevas evidencias y elementos de pruebas que dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

De esta forma, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías de Bogotá ordenar la captura de Santrich, lo que fue cumplido apenas salió en libertad.

El supuesto delito sería su participación en el tráfico de 10 toneladas de drogas entre 2017 y 2018, hacia EE.UU., después de la entrada en vigor del Acuerdo de Paz.

Sin embargo, Martínez, el abogado de Santrich, explicó que las nuevas pruebas de la Fiscalía son ilegales. «Recordemos que muchas de las actuaciones de las agencias norteamericanas, en este caso de la DEA, que es la que está detrás de estos montajes, se hicieron sin ningún tipo de control ni garantías por parte de los jueces colombianos», indicó.

Asimismo, recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz en su fallo ordenó investigar a funcionarios de la Fiscalía «precisamente por estas actuaciones desleales que irrespetan el debido proceso».

Violación al Acuerdo de Paz

El abogado Diego Martínez resaltó que la recaptura de Santrich y la amenaza de extradición son actitudes violatorias del Estado de derecho porque no se cumplió el habeas corpus ordenado por Tribunal Superior de Bogotá ni la orden de libertad de la JEP.

El Acuerdo de Paz, suscrito entre las FARC y el Gobierno colombiano en noviembre de 2016, señala que ningún excombatiente del exgrupo insurgente puede ser extraditado a EE.UU. por delitos cometidos previos a la firma de la paz, pero esta garantía es nula si los delitos ocurren en fecha posterior.

Sin embargo, la Fiscalía General nunca quiso entregar a la Sección de Revisión de la JEP las pruebas del supuesto delito de Santrich para determinar si ocurrió antes o después del Acuerdo de Paz.

Como conclusión, la JEP  determinó que “las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización” y ordenó la libertad de Santrich y aplicó la garantía de no extradición.

«Se va a demostrar en juicio que es un claro fraude procesal», aseguró el abogado de Santrich, en referencia a la irregularidad de las «nuevas pruebas».

Por su parte, la JEP aclaró que la libertad de Santrich «no implica que los hechos por los cuales se acusa a Hernández Solarte queden en la impunidad». Al contrario, al no extraditarse, «los delitos por los cuales lo acusa EE.UU deben ser investigados por la justicia colombiana».

Recordó que la Procuraduría General de la Nación anunció apelación de la decisión de liberar a Santrich y el asunto debía ser resuelto por la Sección de Apelación de la JEP.

(Con información de Telesur)

Santrich: otra espina en el camino de la paz en Colombia

Marina Menéndez Quintero - Juventud Rebelde

La revocada orden de no extradición y liberación del excomandante guerrillero asesta otro golpe a los Acuerdos firmados con la extinta FARC-EP

EL viacrucis por el que transita el proceso de paz en Colombia está ante el peor escollo de sus escasos casi tres años de existencia.

El reapresamiento del excomandante guerrillero Jesús Santrich cuando se cumplía la orden de liberación emitida por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), no solo muestra un espíritu revanchista de parte de la ultraderecha que resulta incongruente con la convivencia pacífica; además, desmoraliza y virtualmente entierra a esa instancia judicial, piedra angular para la implementación de los Acuerdos.

La extradición de Santrich a Estados Unidos —contra la que se pronunció la JEP— vuelve a ser una amenaza luego de una «liberación» el viernes que solo duró tres minutos pues, en la misma puerta del penal de La Picota donde estuvo confinado por más de un año, el exguerrillero volvió a ser arrestado por orden de la Fiscalía, que alega ahora poseer pruebas no aportadas antes a la Jurisdicción Especial, a pesar de que esta las pidió y, ante cuya ausencia, falló a favor de la inmediata liberación.

Un video donde se muestra a Santrich con personas no identificadas en diálogo donde presuntamente se habla de «hectáreas» y «millones», es la única prueba con que se cuenta hasta hoy para acusar al reo de haber negociado la introducción a EE. UU. de diez toneladas de cocaína después de suscrita el acta de paz.

La filmación ha sido calificada de montaje y chapuza. Amén de que con ella no se prueba el alegado intento de narcotráfico, era crucial especificar la fecha de la supuesta cita pues, según lo pactado, la JEP solo juzgará los crímenes cometidos antes de la firma de los Acuerdos. Pero el momento en que la alegada reunión ocurrió, tampoco pudo comprobarse.

Los exámenes practicados al reo en el hospital al que debió trasladársele inmediatamente después de la «recaptura» —y en el que lo destinaron a cuidados intensivos—, arrojaron «síndrome mental orgánico o delirium», según el certificado publicado por un periodista de derecha y, aunque dice debía descartarse «posible intoxicación exógena» ordenó, entre otras disposiciones, un «examen toxicológico completo». Santrich presentaba también lesiones con arma blanca en los antebrazos que presuntamente él mismo se infligió en su celda.

El suceso ha provocado la entendible remezón política en un país donde, unas horas antes, los defensores de la paz aplaudían la decisión de la JEP y la consideraban un paso a favor de los Acuerdos y de la soberanía colombiana mientras, por otro lado, se ufanan ahora los enemigos del proceso, entre ellos las autoridades que habían adelantado la disposición de impedir que se cumpliera el dictamen.

Deben contarse entre estos el ya ex Fiscal General, Néstor H. Martínez, quien renunció al conocer el fallo de la JEP y lo calificó como «un desafío a la Constitución y al orden jurídico», al tiempo que exhortaba a la ciudadanía a movilizarse; el propio presidente Iván Duque, quien es la expresión en el poder de la animadversión a lo pactado, y al exmandatario Álvaro Uribe, quien siempre apostó por una conclusión a la guerra por la vía militar que doblegara y humillara a la insurgencia.

Y también debió hallar aplausos en la Embajada de EE. UU. en Bogotá, que se había manifestado disgustada con la liberación. Sin contar lo que estarán pensando ahora en Washington.

La reunión que a la hora de redactar estas líneas sostenía la dirigencia del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (donde están los miembros de la otrora guerrillera FARC-EP), fue dada a conocer por su líder Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, y expresaba la gravedad del momento.

«No paran las puñaladas a la paz, con odio hacen trizas lo acordado... Con dignidad y esperanza recompondremos y construiremos el país del futuro; ese que le pertenece a la reconciliación y a la generación de la paz», escribió Timoshenko en su cuenta en Twitter.

Los acontecimientos están enmarcados en un entorno que ya tenía en crisis la credibilidad y la salud de la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana en agosto de 2016, y ratificados luego en la colombiana Cartagena de Indias, en las postrimerías del mandato del expresidente Juan Manuel Santos.

La amenaza de que otros exlíderes guerrilleros fueran reclamados y enviados, sin más pruebas, a EE. UU., generó un ineludible sentimiento de inseguridad entre los desmovilizados, y de frustración entre todos quienes creyeron en que ambas partes respetarían el pacto de caballeros que, además, debería ser compromiso de Estado. Mientras, siguen los asesinatos entre los 7 000 guerrilleros que con confianza entregaron las armas, y de los cuales han matado a 115, hasta la fecha.

Ha habido rupturas insalvables, como la que ha alejado del escenario político y de su curul como senador (fue ese uno de los puntos de los Acuerdos) a Iván Márquez, jefe de la delegación negociadora de las FARC-EP durante las conversaciones en La Habana, quien se pronunció en duros términos contra el apresamiento de Santrich y todavía hoy tiene paradero desconocido.

La extradición a Estados Unidos del excomandante Simón Trinidad, en 2004, luego de su captura en Ecuador cuando exploraba la posibilidad de un canje de prisioneros y una vía para la negociación de la paz, constituye un preocupante precedente: todavía Ricardo Palmero, que es su nombre real, está en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Las autoridades buscarán ahora legitimar sus pasos. Ciertamente, la JEP había dicho que la acusación estadounidense contra Santrich debía ser terminada de ventilar por tribunales nacionales. Pero el abogado de la defensa ha dicho que las supuestas nuevas pruebas de la Fiscalía también son ilegales, y acusó a la DEA (el departamento antinarcóticos de Estados Unidos) de estar detrás de estos montajes.

Analistas sobre el terreno aducen, además, otras intenciones desde el ejecutivo, que lleva semanas tratando de que el Congreso apruebe reformas a la Ley estatuaria de la JEP para cercenar sus facultades y someter a inadmisible revisión y cambio lo firmado.

Según esos observadores, en tramoya existe el deseo del exFiscal de crear condiciones para declarar emergencia nacional que permita extraditar a Santrich y, más aún, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente cuyos postulados entierren de una vez el proceso de paz. Algunos ya están haciéndole la caja al muerto.