Ana Cristina Bracho - Misión Verdad.- Pocos derechos son más relativos que la libertad de circulación. Uno de los aspectos en los que está más limitado nace de que todas las personas, en principio, pueden transitar libremente incluso fuera de las fronteras nacionales, pero ningún país está obligado a recibir a las personas que aspiren a entrar en ellos.

Por esta razón es que existen requisitos para entrar a un país y que, con el paso de los años, estos se han ido generalizando. El primer requisito que se plantea es el uso del pasaporte, que tiene una forma estándar, pero que dependiendo de su origen servirá para desplazarse por un mayor o menor número de países aunque existan territorios, como la Zona Schengen en Europa, que producto de un acuerdo entre los Estados que la conforman permiten entrar sin necesidad de pasaporte a los nacionales de sus países miembros.

En mayo de 2019, el tema de los pasaportes venezolanos comienza a hacerse viral en la medida en que la oposición se planteó que el "gobierno" de Juan Guaidó emita nuevos documentos de identidad internacional. Lo que ha sido, con acierto, denunciado desde la Cancillería venezolana como una estrategia que debilitará la fe pública internacional de los documentos bolivarianos.

¿Qué es un pasaporte?

Una definición básica nos indica que un pasaporte es un documento confeccionado por un gobierno que permite a sus ciudadanos salir de un país e ingresar en otro. Por lo que se trata de un instrumento con validez internacional expedido por las autoridades de un país que acredita un permiso o autorización legal para salir o ingresar por los cruces fronterizos, puertos o aeropuertos internacionales.

Sus reglas se fijaron en el Derecho que los desarrolló, que nació después de la Primera Guerra Mundial, con la intención no de ampliar la libertad de circulación sino de restringirla a los ciudadanos de países que interactuaban entre ellos y de los que consideraban seguro recibir visitantes o residentes.

Recordemos en esto que "el derecho a ingresar a un determinado país no corresponde, en principio, a los extranjeros. No existe un derecho protegido por el Pacto a ingresar a un país que no es el propio, tal entrada depende de una autorización de parte del Estado. El Estado puede otorgar su consentimiento a la entrada del extranjero con sujeción a condiciones determinadas; por ejemplo, respecto de la circulación, la residencia y el empleo".

En el presente, en Venezuela, según la autoridad administrativa correspondiente (SAIME), el documento vigente es el pasaporte biométrico que han sido expedidos desde el mes de julio de 2007; este sistema biométrico es un documento de identidad que además del uso de papel de seguridad, contiene una lámina de policarbonato con un circuito electrónico incrustado en ella, y que usa la biometría para autentificar la ciudadanía de los viajeros.

Los pasaportes venezolanos actuales muestran el símbolo biométrico en la parte inferior de su cubierta, contiene 34 páginas y la información del portador está escrita en formato digital sobre una tarjeta plástica. Esta tarjeta también incluye en su parte inferior una zona para ser utilizada en máquinas de lectura automática. La foto del portador se encuentra en el lado izquierdo.

Según el portal Passport Index, el pasaporte venezolano ocupa el puesto 30 del ránking mundial, un índice de movilidad de 130 y el puesto 71 del ránking individual, por lo cual, según Telesur, puede resumirse diciendo que el pasaporte venezolano es uno de los diez más poderosos del mundo en función de los países que pueden visitarse presentando este documento.

Dificultades con los pasaportes

El portal web del SAIME tiene disponible un histórico de las noticias generadas por su oficina desde el año 2016. Al revisarlo podemos encontrar 30 notas de prensa referidas a la entrega, cambios en los procedimientos y envíos internacionales de pasaportes venezolanos.

De ellas se desprende que para el año 2016 incrementó la presión de los ciudadanos solicitando la emisión de pasaportes. Así, el 8 de abril de 2016, señala el servicio, durante el primer trimestre del año se habían tramitado 1 millón 54 mil 131 documentos de identidad a adultos y 369 mil 287 a niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la expedición de documentos de viajes, se registró en este primer trimestre del año un total de 525 mil 884 pasaportes entregados a adultos, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, lo que supera la meta programada en el presente ejercicio fiscal en un 13%.

Para julio de ese año se informaba que un total de 835 mil 433 documentos de viaje habían sido tramitados por el SAIME a adultos, niñas, niños y adolescentes en todas sus oficinas desplegadas en el territorio nacional.

De igual forma, en septiembre de 2016, autoridades del SAIME explicaban que todos los insumos que intervienen en la elaboración del pasaporte son importados, como la lámina de policarbonato donde va el chip que lleva los datos de la persona, por lo que había una merma en el material disponible y debía ajustarse el costo del documento. Pese a esa dificultad, en octubre se anunciaba que en 2016 el sevicio de extranjería había tramitado 1 millón 343 mil 977 pasaportes.

Observándose así que un crecimiento exponencial de las solicitudes, así como los efectos del bloqueo económico que comenzaban a manifestarse con fuerza, entre otras áreas, en todas las relacionadas con la papelería y la impresión, empezaron a entorpecer el normal desenvolvimiento de la actividad.

Con intenciones de contener al menos las solicitudes, en febrero de 2017, el SAIME indicó que penalizará a quienes, habiendo tramitado pasaportes, no los retiraban; y, en marzo de 2017, publicó un nuevo costo, considerablemente superior, para la emisión del documento.

En junio de 2017, el SAIME hacía saber que había gestionado 442 mil 369 documentos de viaje, lo que correspondía a casi la mitad de lo que para el mismo período había emitido en 2016. Lo que crecería rápidamente, en tanto que en julio notificaban haber atendido 528 mil 54 usuarios desde enero de ese año.

Dado que las dificultades persistían, en noviembre de 2017, las autoridades migratorias optaron por extender la validez de los documentos que había emitido mediante prórrogas, burlando la falta de material que le dificulta generar pasaportes nuevos.

Observándose que, desde agosto de 2018, el SAIME y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores comienzan a notificar la recepción de pasaportes en las sedes diplomáticas en Indonesia, Japón, Vietnam, Italia, Bélgica, Hungría, Reino Unido, Rumania, Suiza, Austria, Aruba, Panamá, Rusia, Nicaragua, Barbados, Colombia, Paraguay, Brasil, Guyana y Surinam.

En septiembre de 2018, fueron recibidos pasaportes en España, Australia, Bélgica, Suiza, Brasil, El Salvador, Dominica, Irán, Kenia, Líbano, Italia, Noruega, Alemania, Indonesia, Corea del Sur, China, Japón, Bonaire, Angola, Bolivia, Martinica, Turquía, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita, Catar, Guatemala, Jordania, Nicaragua, Grecia, Aruba, Estados Unidos, Colombia, Honduras, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Curazao, Austria, Filipinas, Paraguay, Belarús, Rumania, Belice, Marruecos, Canadá, Surinam, Mozambique, Barbados, Senegal, Kuwait, Sudáfrica, Singapur, Uruguay, Francia, Portugal, Bulgaria, Siria, Chile, Inglaterra, Panamá, Malasia, Suecia, Argentina y México.

Finalmente, desde octubre de 2018, el SAIME, en compañía de la Vicepresidencia de la República, señalaron que cambiarían los criterios para fijar el precio del pasaporte determinando que la solicitud de emisión y prórroga del pasaporte se cobrará en Petros, lo que hasta el presente se mantiene.

De este recuento de lo que han sido los últimos tres años para el trámite de los pasaportes, nos interesa destacar que los pasaportes tienen un material y un formato mundialmente estándar que no puede modificarse por la crisis; que las campañas que estimulan la emigración aumentaron sensiblemente las demandas usuales de estos documentos en el país; y que, debido a la crisis económica y al bloqueo existen -y se admiten- dificultades para adquirir los insumos que requieren los pasaportes, todos importados.

Desde esta perspectiva, el Derecho a la Identidad, que es considerado jurídicamente el requisito previo al ejercicio de los demás derechos, se observa claramente afectado por las políticas de asfixia que se han ejercido contra la República Bolivariana de Venezuela.