Misión Verdad.- Luego de seis días de protesta, el 7 de octubre, el gobierno de Lenín Moreno mudó la capital ecuatoriana de Quito hacia Guayaquil, declarando estado de excepción en todo el país.

La medida, a un día del paro nacional, tendía a resguardar las instituciones claves del Estado, como el poder ejecutivo, para evitar un cierre técnico que derivara en el derribo del gobierno, como sucedió en eventos similares de la historia de Ecuador.

Ese mismo día, Moreno acusó al presidente Nicolás Maduro de haber activado, junto a Rafael Correa, un plan de desestabilización contra su gobierno, tal como al inicio del paro nacional lo hiciese su Ministra de Seguridad, María Paula Romo.  

Anticipándose a la decisión oficial, el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, uno de los directores del medio La Posta, de fuerte tendencia anti Correa, lanzó el mismo 7 de octubre una queja contra los organismos de inteligencia de Ecuador por no haber advertido la "llegada de agentes de inteligencia cubanos y venezolanos con fines desestabilizadores".

El paquete de salida de esta matriz de opinión quedó completamente cerrado el 8 de octubre a las 10:52 de la mañana, cuando el periodista Casto Ocando, residente en Miami, filtró que el expresidente Correa organizaba la "operación" desde Venezuela.

Unas horas después, Correa publicó un video desde su apartamento en las afueras de Bruselas, Bélgica, desmintiendo por completo esta afirmación. 

Ese mismo día, el asambleísta Yofre Poma, primer dirigente cercano a Correa detenido, fue presentado ante la justicia por supuestamente haber paralizado el funcionamiento del Oleoducto Transecuatoriano.

La acusación, realizada por la Fiscalía, se dio un día antes de que la ministra Romo acusara a la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, de querer causar "terror y caos" en el país. La palabra terror, con el pasar de los días, sería repetida una y otra vez por los voceros del gobierno.

A partir de este momento hay un claro punto de aceleración en las vocerías públicas y comunicacionales donde la protesta se dividió entre la "legítima", realizada por el movimiento indígena, y la violenta desestabilizadora, llevada a cabo por "elementos infiltrados correístas, financiados por Venezuela".

Uno de los elementos centrales de esta argumentación reposó el 8 de octubre en la denuncia del Contralor de la República, Pablo Celi, en contra de grupos "organizados que atacaron la sede del organismo en función de destruir documentos que sustentan responsabilidades penales en investigaciones en curso".  

Según la opinión de Celi, este tipo de acciones demostraron que en el país había en marcha "un proceso conspirativo en función de subvertir el orden democrático".

Rápidamente la denuncia de este funcionario, nombrado por Moreno, fue utilizada para acusar a los seguidores de Correa de "destruir pruebas de corrupción en su contra".

Otro de los elementos centrales, para engordar aún más el expediente conspirativo "apoyado" desde Venezuela y Cuba, fue la detención de 17 conductores venezolanos de Uber en las afueras del aeropuerto de Quito. 

Según Andersson Boscán y su sospechosa clarividencia, los detenidos tenían en su poder la ruta del vicepresidente y se habrían hecho pasar por conductores de Uber para realizar un ataque contra el segundo al mando en Ecuador. Un día después, 15 de ellos quedaron en total libertad por no haber pruebas en su contra.

Todo este clima de opinión, sin lugar a dudas, se solidificó el sábado 12 de octubre cuando se conoció de antemano que el gobierno de Moreno aplicaría un toque de queda en Quito en el marco de una convocatoria al diálogo, según el periodista de La Posta, Juan Eduardo Vivanco. Quien, además, denunció que Quito estaba "bajo un plan orquestado por mafias para tomar el control del Estado".

Colaboró en esta tesis el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Salvador Quispe, al afirmar ese mismo sábado que "el correísmo había tomado el control de la movilización" para impedir que los indígenas negociaran con el gobierno.

Este adelantamiento a los hechos generó que, una vez anunciado el inicio de una negociación entre el gobierno y el movimiento indígena, se ordenase, finalmente, un toque de queda en Quito.

Inmediatamente, los manifestantes que quedaron en la calle en este contexto fueron culpados de un nuevo incendio a la Contraloría y un ataque al canal privado Teleamazonas, propiedad del banquero ecuatoriano Fidel Egas.

Ambos hechos fueron considerados "actos terroristas" atribuyéndoselos a turbas violentas del "correísmo".

Teleamazonas, por su lado, al igual que el resto de medios privados, calificaron al cacerolazo contra Lenín Moreno como uno realizado por la ciudadanía de Quito a favor de la "paz" en Ecuador (y por ende del toque de queda).

Por su parte, una vez aplicado el estado de excepción, el movimiento indígena se resguardó en la Casa de Cultura en Quito, lugar donde en reiteradas oportunidades fue reprimido, mientras que la expresidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se asiló en la embajada de México ante el peligro de ser detenida bajo la acusación de terrorismo e instigación a la rebelión, como un día después le sucedería a la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce.

En este contexto, el diálogo el domingo 13 se inició con una declaración del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, donde recomendó investigar a los políticos visibles vinculados a Correa por la violencia registrada en los últimos días.

Medios colombianos como RCN reseñaron, en la misma línea, supuestas tácticas de guerrillas empleadas por los manifestantes, y la existencia de escudos comprados por el expresidente ecuatoriano para generar violencia en las calles de Quito.

El lunes 14 de octubre, bajo estos argumentos, fue detenida la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, y uno de sus colaboradores, ambos acusados de participar en un plan de "desestabilización financiado desde el extranjero".

La misma acusación pesó contra el secretario del partido de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, luego de allanar su casa y la sede de la fuerza política en Quito. De los allanamientos, se tomó como pruebas del plan insurrecional la existencia de escudos, cajas fuerte con dinero, material de protestas, y una suma de efectivo embutida en el colchón de una cama.

Por otro lado, el expediente conspirativo fue presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte del canciller de Ecuador, José Valencia.

Valencia hizo referencia a un plan violento ejecutado por manifestantes que emplearon tácticas de guerrilla urbana, y fueron infiltrados por 41 agentes de Venezuela, sin citar ningún nombre ni lugar de detención de los mismos, al igual que lo realizado con los 17 conductores venezolanos detenidos fuera del aeropuerto de Quito.

La denuncia cumplió el objetivo. Además de cerrar el ciclo de impulso de esta matriz de opinión que, según el secretario de Estado, Mike Pompeo, era observada con atención por Estados Unidos.

Así, más allá de la operación, se prefigura la utilización de este expediente para criminalizar a Venezuela en el mismo tono que intentó hacerlo Iván Duque en la ONU con el supuesto apoyo del país al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En Ecuador, mientras tanto, la Fiscalía se encarga de desarmar la estructura orgánica del partido de Rafael Correa con la persecución de sus liderazgos, amparándose en el clima de opinión generado posterior a la protesta.

Su lugar en el sistema político ecuatoriano ahora pretende ser ocupado por el liderazgo de la Conaie, fortalecido en las protestas, quien acaba de anunciar sus intenciones de fundar un partido y presentar un candidato presidencial en 2021.

El dato que cierra por completo esta trayectoria es el anuncio de que Estados Unidos colaborará con la Fiscalía de Ecuador en la investigación de los "hechos de violencia", registrados en los días de protestas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Siendo este último el gran absuelto ante el tribunal de los medios que al hipertrofiar el papel de venezolanos y "correístas" y cuya responsabilidad estructural quedó más blanqueada y lavada que el dinero sucio de las cuentas offshore de los funcionarios del actual gobierno ecuatoriano.