Misión Verdad.- En Bolivia se desarrolla en estos momentos una hoja de ruta de asedio, mediante actos de sedición interna que intentan un resquebrajamiento de las estructuras institucionales, al unísono de una criminalización del gobierno de Evo Morales desde el frente externo.


Se trata de un nuevo golpe de Estado en marcha, una vía expedita para resolver por mecanismos de fuerza lo que no se logró por la de los votos el pasado 20 de octubre.

Los eventos evidencian una clara agenda de cambio de régimen en marcha; tal proceso, aunque sobrevino luego de las pasadas elecciones generales, había sido anunciado tiempo antes por factores opositores en el país.

Semanas antes de las elecciones, mediante la modalidad de "cabildos", la oposición boliviana se organizó en una campaña ciudadana (al margen de los mismos partidos opositores) de "voto castigo" contra Morales y desconocimiento a priori por razones de "fraude" del resultado electoral que, sabían por las encuestas, favorecería a Morales.

Los eventos se articularon para fabricar el resultado electoral más cerradamente posible como factor de legitimación del supuesto robo electoral, y las acciones y consecuencias de la oposición golpista boliviana tienen características que se suponen planificados con antelación.

La coyuntura electoral como punto de quiebre

En la noche del 20 de octubre, el presidente reelecto Evo Morales lideraba el conteo con el 45.28% de los votos frente a Carlos Mesa, quien acaparaba el 38.16%. Con este resultado preliminar, ambos candidatos se encaminaban a una segunda vuelta, sin precedentes en Bolivia, luego de escrutar el 84% de los votos.

Acorde a la legislación boliviana, para evitar un balotaje, el candidato con más votos debía obtener un puntaje superior al 50%, o al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10% sobre el segundo.

El órgano electoral, tal como estaba previsto aunque fuera ocultado por los medios, paralizó la noche del domingo 20 de octubre la emisión preliminar de resultados al 84% de votos, dando un resultado de conteo manual y anticipando un posible balotaje el 15 de diciembre.

La modalidad de recuento rápido de actas (TREP), reanudada al finalizar la tarde del lunes 21, otorgaba el 46.4% de los votos a Morales, y 37.07% a Mesa, con el 95.63% de los votos escrutados.

Días luego, conforme avanzó el conteo computarizado y la digitalización de actas, Evo Morales se alzó con una diferencia de 10%, ganando en primera vuelta.

A primeras horas, lo que parecía ser un acto negligente del órgano electoral por la dilación en la entrega de resultados, consistía en la ejecución de una arremetida en marcha.

Amparados en las vulnerabilidades del sistema electoral manual de Bolivia, desde las primeras horas de la noche del domingo y antes de que cualquier resultado fuera anunciado, la oposición había convocado a sus seguidores a efectuar ataques frontales contras las oficinas electorales, torpedeando el proceso de acopio y conteo riguroso de votos.

Tal como lo anunció el presidente Evo Morales, la noche del domingo 20 faltaba por escrutar las actas de los centros electorales de las áreas rurales e indígenas, sectores apartados, con particularidades para el acopio de votos y que históricamente han apoyado al mandatario.

El caos en los centros electorales demandó nuevos esfuerzos logísticos para el resguardo de votos y actas, frente a una sinergia violenta que destruyó sedes y material electoral en ciudades como Potosí y Santa Cruz, comprometiendo así el conteo sobre un resultado que ya se consideraba "cerrado" para que Morales alcanzara el 10% de diferencia.

Dicho de otra forma, el proceso todo fue abiertamente saboteado.

Todos estos eventos, aunados a las propias debilidades del sistema electoral boliviano, sirvieron para la construcción de un "moméntum" idóneo para la reproducción del ciclo violento hoy en marcha.

La fase violenta

Desde el domingo 20 la agenda programada de caos se ha desarrollado tal como se había anunciado en los "cabildos" organizados previo a las elecciones.

El énfasis de la violencia en sus denominaciones más abiertas ha tenido lugar en Santa Cruz, la histórica ciudad de los "cambas", los blancos de Bolivia, donde en efecto parte de su gentilicio se asume como una nación que nada tiene que ver con "la indiada" altiplana, y donde, recordemos, tuvo lugar una arremetida racista y separatista en el año 2008. Es precisamente en Santa Cruz donde hubo la pérdida de dos vidas humanas en el contexto de estos eventos.

El desarrollo de la violencia opositora en Bolivia ha tenido un calco y copia de la violencia en Venezuela en los años 2014 y 2017, consistiendo en el cierre de vías, el ataque a instituciones simbólicas, las paralizaciones forzadas de la normalidad económica, el ataque directo a los "indios" o "masistas" (seguidores del Movimiento Al Socialismo -MAS-) y la confrontación con la fuerza pública con llamados a la sedición.

Hay un claro factor de consonancia entre la violencia y los pronunciamientos que desde el extranjero han cuestionado el proceso y el resultado electoral, el gobierno estadounidense, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA).

En las calles bolivianas el frenesí violento se acentuó invocando una arremetida internacional contra el supuesto fraude.

El indefinido rol de la OEA

La OEA en la noche del domingo 20 se dispuso a cuestionar al órgano electoral boliviano, creando así las primeras suspicacias que luego fueron replicadas en las vocerías de varios gobiernos de la región. En efecto, Estados Unidos, Argentina y Brasil no dudaron en hacer sus apreciaciones para nada disímiles entre ellas.

Fue convocada una reunión extraordinaria ante esa institución días después, la cual generó un particular debate entre los países miembros, divididos en posiciones a favor y en contra de inferir en el proceso electoral boliviano, mientras Chile ardía y Ecuador viniera de allí, sin que hubiera llamados a reuniones en Washington, sede del organismo.

Para la OEA, tal como fue expuesto en un comunicado del secretario general, Luis Almagro, lo idóneo era auditar oficialmente las elecciones bolivianas y emanar de ella un resultado "vinculante", en claro desconocimiento al rol que es exclusivo del órgano electoral.

Al mismo tiempo, la "recomendación" emitida de ir a segunda vuelta de igual manera desconocía los votos que dieron la diferencia de 10 puntos a Morales. Pero lo que parecía ser un imposible, a expensas de los eventos violentos, ha sido ahora una "posibilidad" de resolución del conflicto, o al menos así lo espera el gobierno boliviano.

El gobierno de Bolivia acordó la semana pasada con la OEA hacer una auditoría de carácter "vinculante" a las elecciones. "Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se pueda realizar la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre", anunció en rueda de prensa el canciller boliviano, Diego Pary.

Sobre el proceso de auditoría, el mandatario reelecto indicó que "no tenemos nada que ocultar, dejemos que la auditoría internacional a cargo de expertos verifique si hubo o no fraude". Agregó desde su Twitter:

¿A qué obedece esta movida del gobierno boliviano? A primera vista, pareciera haber una plena confianza en el escrutinio, pero más allá de ello, yace la confianza que hay en los auditores de la OEA; parte de ellos son los mismos observadores que cuestionaron el resultado el 20 de octubre.

Con una auditoría iniciada el pasado jueves y que durará entre 10 y 12 días, el rol de definitivo de la OEA en los eventos bolivianos aún queda por definirse.

Ruptura opositora ¿y gobierno paralelo?

Los eventos en Bolivia y su espiral violenta también yacen en la ruptura transversal que marca a la oposición boliviana. Ésta acudió dividida a las elecciones y, ahora, el ciclo violento es emprendido principalmente por los "cívicos", los organizadores de los cabildos.

Para el candidato perdedor, Carlos Mesa, se debe ir rumbo a la realización de una segunda vuelta electoral, pero lejos de ello, su agenda es la calle. Mesa ha perdido la cohesión de su denuncia de "fraude" pues no reconoce la auditoría, por supuestamente estar "pactada" entre gobierno y OEA, según sus palabras, "sin haber dado voz" a los que como él denuncian el fraude.

La probabilidad de que la auditoría respalde el resultado favorable a Morales significa para Mesa un agotamiento de su agenda, por lo cual el empleo al máximo de sus mecanismos de presión tienen al tiempo jugando en contra.

No obstante, para los cívicos el resultado que emanará de la OEA (si es favorable a Morales) parece irrelevante. Los cívicos son expresiones de un nudo crítico de la oposición dura con tintes fascistas, y para ellos el desplazamiento de Morales debe ser inmediato.

En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, principal referente de la desestabilización en Bolivia, llamó a "resistir" con el paro nacional, bloqueos y movilizaciones, hasta conseguir que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo.

  • "Hablamos de la renuncia de Evo Morales, un nuevo proceso electoral sin la participación de Evo Morales y un nuevo tribunal (electoral), pero la renuncia tiene que ser inmediata”, dijo Camacho.

En seis regiones se organizaron cabildos que determinaron rechazar la tregua planteada por el presidente Morales; llamó a desistir de las movilizaciones hasta que culminara la auditoría.

La narrativa y el ímpetu de clara confrontación planteado por los cívicos cruceños también ha supuesto la proclamación de Carlos Mesa como "presidente electo y legítimo". Dicha semiótica parece enfilar la posibilidad de que se fragüe en Bolivia otro ensayo de proto-Estado paralelo, tal como en Venezuela con Juan Guaidó, aunque tal experiencia no ha rendido los frutos esperados en la agenda golpista.

Para los cruceños, su proclamación como "autonomía" o su consagración bajo la nueva condición de ser "otro país" mediante una institucionalidad paralela, no son actos que les parezcan descabellados. Sin embargo, el elemento subyacente de estas pretendidas acciones supone propiciar un quiebre institucional, el cual se está fabricando de manera multidireccional, con llamados a las fuerzas armadas a que depongan a Morales.

Las posibilidades de diálogo político para una pacificación de la coyuntura boliviana son indecibles, por la ruptura opositora y el hecho de que no hay una interlocución clara entre los adversarios de Morales.

¿Intento de magnicidio?

Como componente adicional a la crisis boliviana sobrevinieron los eventos de este 4 de noviembre. El helicóptero donde viajaba el presidente Evo Morales sufrió una falla mecánica precipitándose hacia tierra a baja altura, sin que el mandatario u otro tripulante resultara lastimado.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea Boliviana detalló que durante el despegue, el piloto se dio cuenta de una falla en la cola de la aeronave, por lo que aterrizó de inmediato. En ese sentido, el texto destacó que "la FAB de acuerdo con las normas procederá a activar la Junta Investigadora de Accidentes; mayores detalles referente al hecho se los dará de acuerdo con los avances de la investigación".

Casi en simultáneo a estos eventos, la Fuerza Armada de Bolivia se había pronunciado institucionalmente reafirmando su rol de velar por el "mantenimiento de la democracia" y apegándose a la Constitución, llamando a la "racionalidad" y al "diálogo".

Una respuesta directa a los llamados de sedición cada vez más acentuados y en la víspera de los resultados de la auditoría electoral en curso.

América Latina
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