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La hora de reprimir a los últimos que quedan en pie: Gobierno de facto en Bolivia

Wyatt Reed

Tomado de Cubadebate

Una brutal junta militar que le arrebató el poder al presidente boliviano democráticamente electo, Evo Morales, reprime violentamente la sublevación liderada por la clase trabajadora y los indígenas, y el país cae rápidamente bajo su control.

Soldados con uniforme militar merodean por las calles e imponen una serie de controles viales alrededor de la sede de gobierno. Cualquiera que ahora sea considerado contrario al statu quo se expone a ser arrestado por cargos de sedición o terrorismo. Periodistas disidentes y simpatizantes de Morales se han visto obligados a esconderse y salen de sus hogares solo cuando es necesario.

“Es una dictadura fascista, no hay forma de ocultarlo”, dice Federico Koba, un periodista de izquierda que me pidió que no usara su nombre real por temor a ser arrestado. “Hay agentes paramilitares que recorren la ciudad tomando fotos e identificando quién es quién. Quién es un líder, quién graba las protestas, quién registra la represión”.

Me reuní con Koba, un activista y periodista del sitio de noticias de izquierda, La Resistencia Bolivia, la noche del 24 de noviembre. Inicialmente había planeado reunirme con su compañero de trabajo, quien me pidió que me refiriera a él por el seudónimo de Carlos Mujica porque también temía ser encarcelado por su activismo.

Pero el día de nuestra entrevista, Mujica nunca apareció. Mantenía un perfil bajo y la policía había allanado y saqueado su casa la noche anterior al golpe.

Horas más tarde, recibí un breve mensaje suyo: “Hermano, no puedo hablar en este momento. Estoy en la cárcel”.

Los amigos de Mujica fueron a todas las cárceles de la ciudad a buscarlo, pero no lo encontraron por ningún lado. Al día siguiente, fue liberado después de una intensa sesión de interrogatorio en un lugar clandestino. Inmediatamente se escondió y desconectó por completo de las redes sociales, las que sus compañeros ahora creen han sido intervenidas por el gobierno golpista.

El ambiente era sombrío cuando me reuní con Koba y algunos de sus colegas. “Sabemos con certeza que estamos en una lista, la hemos visto y lo que le hicieron a Carlos lo confirma”, me dijo un miembro de La Resistencia.

Después de la entrevista con Koba, rechazó mi sugerencia de ir a tomarnos una cerveza.

“Quizás algún día, después que todo esto haya terminado, podamos hacer eso”, dijo. Así que en vez de eso anduvimos en auto bajo el manto de la oscuridad, repitiendo rutas y tomando curvas frecuentes para asegurarnos que no nos siguieran.

“Ese camión podría pertenecer a la policía o a los paramilitares”, comentó, mientras dábamos la vuelta a una rotonda varias veces para permitirle pasar.

“No se disparó un sólo tiro”

Desde que el país fue tomado por las élites terratenientes de extrema derecha, prácticamente todos los bolivianos de izquierda con un perfil público comenzaron a sentir la coacción. Incluso quienes recién incursionan en política tienen las cicatrices de la represión.

Minutos después de conocer a otro colega boliviano, quien había tomado una cámara por primera vez unas semanas antes, cuando comenzó el golpe, se subió la pierna del pantalón para mostrarme la herida que había sufrido el día anterior. Le dispararon con una bala de goma mientras documentaba la ofensiva militar contra los residentes de El Alto.

Días después del golpe que envió a Morales al exilio, los residentes de la ciudad en su mayoría indígena y de clase trabajadora de El Alto, rodearon la planta de gas llamada Senkata, cortándole su principal fuente de gas a la cercana capital boliviana de La Paz. En respuesta, las mismas fuerzas militares y policiales que habían conspirado con paramilitares fascistas para forzar a Morales a dejar el cargo, desataron una brutal ola de violencia contra los manifestantes en gran medida desarmados.

Llegué justo después de lo peor de la masacre. Los “terroristas”, como la junta militar y la prensa bolivianas han denominado a las patrullas auto organizadas y mayoritariamente desarmadas de jóvenes y madres indígenas, fueron decididamente menos violentos de lo que cabría esperar. En lugar de las armas y la dinamita que los bolivianos que apoyaron el golpe de estado insisten que tienen en su poder, solo vi teléfonos celulares y polleras, los vestidos tradicionales que usan muchas de las mujeres indígenas de Bolivia.

Pero eso sirvió de poco para evitar que fueran acribillados en el transcurso de varias horas. Si bien la cifra oficial de muertos por la masacre de Senkata de momento es nueve, una procesión aparentemente interminable de familiares de las víctimas le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que el número real era ciertamente más alto: hasta veinticinco muertes.

Sus desgarradores testimonios pintaron una imagen de soldados desquiciados disparando al azar desde helicópteros y puestos de francotiradores. Las madres sollozaban mientras mostraban fotos de sus hijos. Muchos habían sido abatidos a tiros cuando iban o venían del trabajo; muchos más simplemente habían desaparecido. Casi una semana después, sus familias comienzan a suponer que fueron asesinados por soldados que posteriormente ocultaron los cuerpos para reducir el número oficial de víctimas.

Pero la junta militar ahora en control discrepa. El ministro del Interior Arturo Murillo ha insistido públicamente que “no se disparó un sólo tiro”.

Fue un relato repetido por el doctor en jefe del Centro de Trauma Hospital Corazón de Jesús. Me permitió entrar a la clínica solo después de que un equipo de cinco enfermeras había limpiado las pozas de sangre del suelo. El doctor insistió después en que solo dos de las víctimas podían ser confirmadas como víctimas de disparos, y que sus heridas eran consistentes con un arma calibre .22. En sus palabras, “armas no militares”.

Cómo alguien sin entrenamiento como patólogo forense podría llegar a tal conclusión es desconcertante, pero lo que se sabe hoy en Bolivia es que cualquier profesional médico que contradiga la narrativa oficial corre el riesgo de ser criminalizado.

Después de que un video de un profesional médico llorando en Senkata y denunciando cómo la horrorosa violencia se volvió viral, éste fue arrestado solo unos días después que el régimen boliviano lo acusara de ser un “doctor falso”.

Un laboratorio para la guerra informativa de posverdad de la junta

La ira del gobierno de la junta de Áñez se extiende hacia toda la izquierda boliviana. Prácticamente cualquiera que represente un desafío percibido al statu quo puede ser blanco de cargos fabricados de “sedición” o “terrorismo”.

Como explicó Koba durante nuestro viaje clandestino nocturno, “están tratando de reprimir no solo a los manifestantes que marchan, sino a cualquiera que diga algo diferente de lo que el gobierno dice que está sucediendo. Así que están reprimiendo a cualquier medio de comunicación que intente mostrar la represión y los asesinatos, las muertes, y mostrar la evidencia, mostrar las protestas y las marchas. Todo lo que está en contra del golpe está siendo reprimido y está siendo atacado”.

Y continuó: “Muchos medios de comunicación pequeños y medianos han sido cerrados o se han visto obligados a no mostrar lo que está sucediendo, y a otros se les ha pagado para mostrar lo que les dicen. Por lo tanto, es una situación muy grave en el ámbito de la libertad de expresión, no solo en el ámbito de los derechos humanos, porque, como creo que el mundo ha visto, estos tipos no se han controlado en el uso de toda la fuerza a su disposición”.

El prestigio y la prominencia no son garantías de protección bajo el gobierno de la junta. Incluso el periodista cinco veces ganador del Emmy, Carlos Montero, y Juan Manuel Karg, fueron expulsados del país después que una senadora fanáticamente derechista los calificó de “comunistas e insufribles” que estaban metiendo “su nariz sucia” en Bolivia.

La policía incluso lanzó gas lacrimógeno a la cara a una reportera de Al-Jazeera que transmitía desde la Plaza Murillo en La Paz mientras intentaba entregar su informe.

Y Telesur, uno de los últimos canales de noticias restantes en darles una voz a los opositores del gobierno golpista, sufrió la expulsión de numerosos corresponsales del país por acusaciones de “sedición” antes que la estación fuera oficialmente retirada del aire el 21 de noviembre.

Pero la represión de los medios internacionales ha palidecido en comparación con la represión de derecha a los medios locales bolivianos. A los pocos días del golpe, el director de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), José Aramayo, un aliado de Morales, fue encadenado a un árbol mientras los paramilitares sacaban a su personal de su oficina.

Como explicó Koba, los medios de comunicación bolivianos ahora se enfrentan a una elección: o aceptas un soborno o tu vida se volverá extremadamente difícil. En este ambiente, los puntos de vista contrarios son prácticamente inexistentes en la televisión boliviana, que ahora emite anuncios de servicio público que advierten que Evo Morales está tratando de matar de hambre a la audiencia.

“Estamos virtualmente  solos mostrando lo que está sucediendo”, dijo Koba sobre el grupo de reporteros de izquierda amenazados que permanece activo en Bolivia. “Los medios tradicionales solo muestran lo que no pueden ocultar. Pero, por supuesto, niegan la evidencia. Dicen que fueron montajes, que los cocaleros y las personas de El Alto se están matando.”

“Todo está al revés”

En la realidad “posverdad” de Alicia en el País de las Maravillas impuesta por la junta, dijo, “Los progresistas son los fascistas. ¡Dicen que somos los fascistas! Dicen que somos los violentos, que somos los terroristas. Dicen que nosotros somos los que llevamos a cabo el golpe hace mucho tiempo con este presunto fraude, este supuesto fraude”.

Mientras que algunos progresistas dispersos en el Congreso de los Estados Unidos han manifestado su condena al golpe, el daño ya está hecho y el complot ha se ha llevado a cabo.

Los demagogos de extrema derecha que expulsaron a Morales han consolidado el control y, como dice Koba, “trataron de poner todo al revés para que el “fraude electoral” fuera un golpe de estado, y el golpe fuera un retorno a la democracia; las fuerzas paramilitares son fuerzas pacificadoras; los fascistas son los demócratas”.

“Todo”, dice, “está al revés”.

Bolivia se ha convertido en “un gran laboratorio de la posverdad y de los golpes de estado del siglo 21 que utilizan todo lo que han recabado de sus experiencias en Nicaragua y Venezuela, hasta Honduras… Brasil y Argentina”, dijo Koba.

En el 2008, “intentaron dar un golpe aquí, y no tuvieron éxito, pero aprendieron de sus errores… Éste ha sido un laboratorio para usar todas sus armas: la posverdad, los paramilitares, los movimientos civiles financiados por ONGs, y organizaciones fascistas extranjeras”.

Ahora, advierte Koba, “cualquiera que diga que éste no es un gobierno de transición es acusado de fomentar la sedición. Y todo es sedición. Publicar en las redes sociales es sedición, hablar de la represión violenta es sedición, decir lo que piensas sedición”.

Según Koba, “Lo único que no han podido hacer es convencer a la comunidad internacional que se trata de una transición democrática. Por supuesto, eso es lo único que tenemos a nuestro favor, que la comunidad internacional ha visto la represión, ha visto todas las violaciones a los derechos humanos”.

Mientras Bolivia regresa a los días oscuros de gobierno de facto por una junta militar despiadada y respaldada por Estados Unidos, la voz de Koba es una de las pocas que aún se atreven a protestar.

Tras una discusión larga y aleccionadora, regresamos al centro de La Paz. Le di la mano y le deseé lo mejor, sin saber cuándo, o si es que, volvería a verlo.

(Tomado de The Gray Zone)

 

Un país gobernado por EEUU, neonazis y narcos: el pasado al que regresa Bolivia

Misión Verdad

Los últimos días del golpe en Bolivia están dejando ver, en buena parte gracias a la mediocridad de sus ejecutores, la costura del traje confeccionado para encubrir intereses de actores foráneos. El diseño sugiere que el cambio de régimen fue inspirado en patrones políticos de décadas anteriores.

Habría que remontarse a los años de los 70-80, cuando militares formados bajo la doctrina estadounidense asaltaban el poder y se dedicaban a hacer sus negocios particulares bajo la fachada de las instituciones estatales.

De los hilos que hicieron el amarre, existe uno relacionado a las mafias del narcotráfico. No puede interpretarse de otra manera el intento de los medios internacionales por relacionar al depuesto presidente Evo Morales con el comercio ilegal de la cocaína. Es un procedimiento de criminalización que guarda similitudes con acusaciones contra el gobierno de Venezuela, por colocar un ejemplo destacado de los países asediados  en América Latina por una narrativa hecha a la medida de los intereses geopolíticos de Washington. Ambos casos parecen partir de un mismo formato.

La persecución de los dirigentes políticos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) encontró buen suelo con el argumento del narcotráfico. Caso tras caso, el régimen golpista de Jeanine Áñez está armando un expediente contra la oposición política al golpe, incriminándolos en negocios ilícitos con la hoja de coca, en un país permeado cultural y económicamente por el uso de la planta.

El mito de "Evo narcotraficante"

En la Constitución del Estado Plurinacional, la hoja de coca está protegida como patrimonio, reconociéndole su uso ancestral y medicinal. Se permite el cultivo en las zonas del trópico de Cochabamba y los Yungas, en las estribaciones de La Paz.

Desde el ascenso de Evo Morales a la presidencia del país, el gobierno asumió una política de defensa al consumo de la hoja y lucha contra el tráfico para fines ilícitos.

Morales, quien en sus inicios fue dirigente cocalero del Chapare, asumió la tarea de extirpar la asistencia extranjera en el control de los cultivos. Esencialmente, la presencia de la Oficina para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de las políticas policiales y militares impuestas por Washington para atacar las plantaciones y perseguir a los productores, no afectaban el negocio de la cocaína.

Para muestra, las cifras. Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), en el régimen de Luis García Meza (1980), la superficie de cultivos de coca creció de 10 mil 806 hectáreas a 29 mil 582. Fue el inicio del incremento acelerado de la producción de cocaína.

Con la llegada de Hernán Siles Suazo en 1982, el cultivo se expandió a 39 mil 834 hectáreas. Durante el último mandato de Víctor Paz Estensoro (1985), se superaron las 65 mil hectáreas.

Al entrar en vigencia la Ley 1008, en el marco internacional de un aumento al presupuesto del Pentágono para pelear la "guerra contra las drogas" durante el mandato de Ronald Reagan, los esfuerzos se concentraron en la erradicación de manera forzosa del cultivo y no en la desarticulación de las redes de narcotráfico.

Es harto conocido que las instituciones estadounidenses de la droga conocen las rutas de envío, encubren la movilización hacia los países demandantes y, a manera de espectáculo, hacen incautaciones puntuales para el consumo de la opinión pública. 

En 2005, los números bajaron a 25 mil 500 hectáreas de las 38 mil que se alcanzaron en 1998, pero la drástica medida le proporcionó una base legal a la violencia y al asesinato de cocaleros.

Estados Unidos orientó en el país andino la criminalización de las prácticas culturales del indígena y el campesino boliviano alrededor de la coca, mientras que regulaba el flujo del narcotráfico a su conveniencia. Sumó plazas para la instalación de bases militares que cubrieron la ruta Bolivia-Colombia para eliminar movimientos subversivos y garantizar el control geopolítico de la cara amazónica y andina del continente. 

¿De qué manera contrastan los años de control estadounidense con el abordaje del gobierno de Evo Morales? La administración Morales reconoció la identidad cultural de la hoja de coca y la separó de la maquinaria del narcotráfico, como quien separa lo soberano de la intervención extranjera.

Igualmente, reivindicó al productor y estableció una política consensuada para reducir los cultivos ilícitos. La promulgación de la Ley General de la Coca en 2017 reflejó estos elementos, aunque fue duramente atacada por las potencias occidentales, por la ampliación del cultivo legal de la planta a 22 mil hectáreas.

El reclamo es absurdo, si se compara con las 209 mil hectáreas sembradas ese mismo año en Colombia, todas con el objeto de producir cocaína.

Pero el atrevimiento fue más allá: durante los últimos años, Bolivia asistía a los foros multilaterales de lucha contra el narcotráfico con la determinación de defender la producción de coca como parte de sus actividades económicas. Propuso la industrialización del sector para exportar sus derivados al mercado internacional.

Al contrario del relato dominante, el país se planteó la lucha antidroga sin abandonar el dato cultural de la siembra y consumo de hoja de coca. El enfoque estuvo dirigido a desmantelar los traficantes de estupefacientes y denunciar la constante demanda en las grandes urbes del mundo, con Estados Unidos a la cabeza.

El factor externo en el combate a la cocaína

Evidentemente, los esfuerzos de una nación por combatir un negocio que sustenta al capitalismo global sobrepasan los límites de la resistencia. La posición en la cadena de consumo le agrega distintos niveles de dificultad en el aguante: nunca serán las mismas condiciones para un territorio de tránsito que para uno productor. El gobierno de Bolivia resistió volver al pasado del narcoestado mientras en paralelo maniobraba con el crecimiento global de los consumidores de estupefacientes, que ya no solo se remiten a Estados Unidos y Europa.

Brasil aloja a 5,6 millones de adictos a la cocaína y sus derivados, colocándolo de segundo en el ránking mundial, solo superado por Estados Unidos. Limita con los departamentos orientales de Beni, Pando y Santa Cruz, sitios en los que se dispuso el proceso, almacenamiento y transporte de la pasta base que luego va a parar a Colombia.

Sin embargo, el país brasileño no tiene una plataforma propia de tráfico de drogas, sino bandas criminales locales que se encargan de la distribución.

Ante esto, hay que sopesar el hecho de que las mafias de México, que según alertas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, controlan la ruta de la cocaína que llega a Estados Unidos, podrían estar obligando a los traficantes colombianos a mirar los mercados emergentes en Sudamérica, teniendo en cuenta que poseen la capacidad logística para tomarlos.

Desde el gobierno boliviano, se hizo pública la sospecha del ingreso de emisarios colombianos que pretendían impulsar grupos armados entre los productores de coca, luego de que un enfrentamiento en agosto de 2018 en los Yungas dejara un saldo de un policía muerto y siete heridos.

A la vista del cambio de régimen, podrían generarse condiciones favorables a la reinserción de los carteles colombianos, tal y como fue en los inicios del comercio de la cocaína en el continente.

El primer narcoestado del mundo

La historia contemporánea de Bolivia está marcada, sin duda, por dos elementos que mantienen un fuerte vínculo ignorado por los análisis de los medios corporativos: la instauración de regímenes dictatoriales con asistencia extranjera y el auge del narcotráfico en el continente.

Entrando a los años 80, los países de América Latina resentían los efectos de las dictaduras instaladas por la Operación Cóndor, y algunos de sus gobiernos, presionados por las agitaciones sociales, retornaban al modelo democrático.

El caso boliviano fue uno de los interrumpidos por un acoplamiento entre militares, redes neofascistas y carteles de droga, siendo evidente que la administración del país por parte de una coalición de izquierda, la Unidad Democrática y Popular (UDP), no garantizaba la continuación de los negocios entre esos sectores.

El régimen dictatorial del general Hugo Banzer llegaba a su término en 1979 cuando Walter Guevara asumió la presidencia temporal, ya que ningún candidato alcanzó el 50% requerido por los términos electorales de la época.

Su gobierno no logró acabar el año, pues en noviembre Guevara fue derrocado por un golpe de Estado ejecutado por el general Alberto Natusch Busch. En su libro El agente del diablo: vida, tiempos y crímenes del nazi Klaus Barbie (2013), Peter McFarren y Fadrique Iglesias destacan que, antes de la operación, este militar había cenado en La Paz con el exagente alemán de la Gestapo, Klaus Barbie, y con Roberto Suárez Gómez, el "Rey de la Cocaína".

Días después Barbie y Suárez Gómez tendrían un encuentro aparte en la ciudad de Cochabamba. Barbie le dijo al capo boliviano del narcotráfico: "Ustedes, los bolivianos, no están preparados para vivir en democracia, necesitan a un gobierno de línea dura, similar a aquellos que gobiernan en los países vecinos".

La oposición de la Central Obrera Boliviana (COB) y la intervención del Congreso detuvo las intenciones de Natusch. Fue designada Lidia Gueiler Tejada como presidenta interina constitucional, que al momento era presidenta de la Cámara de Diputados. Las proyecciones de las elecciones próximas a celebrarse, le abrían una ventana al candidato del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Hernán Siles Zuazo, en alianza con partidos de izquierda, entre ellos el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).

Pero el evento no ocurrió. McFarren e Iglesias escriben que el 17 de julio de 1980, el general García Meza, acompañado del coronel Luis Arce Gómez y, nuevamente, por la intervención de Barbie y Suárez Gómez, organizó un golpe de Estado y se impuso como "el último dictador en un periodo de dos años, en la época más turbulenta y violenta del siglo XX en Bolivia".

¿Quiénes eran los personajes y por qué organizaron un golpe de Estado?

Así como sucedió con otros criminales de guerra, Klaus Barbie, el "Carnicero de Lyon", fue reciclado en su momento por Estados Unidos a cambio de colaborar con la CIA en su guerra contra los países socialistas de Europa del Este.

Huyó a Bolivia en 1951, colaboración de la Iglesia católica mediante, escapando de la justicia francesa por las acusaciones de asesinatos y torturas que practicó durante el dominio del nazismo. Se le atribuye la detención, tortura o muerte de al menos 11 mil personas.

En última instancia, se le consideró responsable de la detención y la tortura o la muerte de 11 mil a 25 mil personas, quizás más. Pero la hazaña que lo distinguió a los ojos de los franceses fue su búsqueda despiadada de Jean Moulin, un héroe de la Resistencia que lideró a los partisanos del general Charles de Gaulle y su Francés Libre.

En La Paz adoptó la falsa identidad de Klaus Altmann, lo que sirvió para que los tribunales rechazaran dos veces la solicitud de extradición presentada por Francia.

Mientras estuvo al frente la dictadura de Banzer, el alemán tuvo un refugio en el país, siguiendo sus trabajos encubiertos ahora con la dictadura militar. Un cambio de la cúpula que controlaba el Estado, era una amenaza para su permanencia en el territorio. Fue de hecho lo que ocurrió al retornar la democracia: en enero de 1983, las autoridades judiciales arrestaron a Barbie y ordenaron su expulsión como extranjero indeseable.

En Bolivia, además de desempeñarse como agente anticomunista, fue "traficante de armas y de drogas para distintas dictaduras sudamericanas y participante del acoso y muerte del Che Guevara en 1967", reseña La Vanguardia.

El periodista Boris Miranda, siguiendo datos de uno de los paramilitares que participó en el "golpe de la cocaína" de 1980, deduce que el comercio de drogas emerge de la apuesta de terratenientes cruceños a invertir en el sector, beneficiados con títulos de propiedad entregados por Banzer.

El negocio se concentraba, principalmente, en el control de los puntos de salida de la droga por demandas de Colombia, que para el momento carecía de grandes plantaciones domésticas, teniendo que abastecerse con materia prima proveniente de Perú y Bolivia.

Las mismas Fuerzas Armadas bolivianas disputaban terrenos en el oriente del país, especialmente en Beni y Santa Cruz, departamentos en los que se establecieron las pistas para la exportación aérea de la coca, pasta base y cocaína.

En este sentido, Barbie intercede en el golpe para proporcionarle a los conspiradores un grupo de choque que impidiera el traspaso de la administración estatal a movimientos de izquierda. Puso a la disposición del militar Luis Arce Gómez a mercenarios europeos y bolivianos (los "Novios de la Muerte"), con los que ejecutaron el cambio de régimen a favor de una alianza de narcos, extrema derecha y militares corruptos.

Bajo las órdenes de Arce Gómez, fueron asesinados el líder del PS Marcelo Quiroga, el dirigente universitario Carlos Flores Bedregal y el sindicalista Gualberto Vega Yapura en la sede de la COB, el mismo día del golpe. Antes de ser ministro de Interior, elaboró junto a García Meza una "lista negra" donde figuraban más de 100 figuras políticas que debían ser eliminadas antes de la toma violenta del poder.

Luis Arce Gómez encabezó el narcogolpe con un contingente de paramilitares que fueron pagados con recursos obtenidos del tráfico de drogas.

Allí sale a relucir el nombre de Roberto Suárez Gómez, el "Rey de la Cocaína", quien aportó 5 millones de dólares a la campaña para derrocar el gobierno de Gueiler e instalar un régimen militar, luego de sus reuniones con Klaus Barbie.

Este terrateniente y ganadero oriundo de Beni ya era, entrando la década de los 80, uno de los traficantes de droga con mayor influencia en la región. Contrató a la legión de Barbie, que ya se encargaban de controlar la seguridad de las operaciones en las pistas de Santa Cruz y Beni.

Explica Miranda que el criminal de guerra alemán, conectado con la dirigencia militar y con mafiosos de la talla de Suárez Gómez y el colombiano Pablo Escobar, fue uno de los "principales engranajes de una máquina que controlaba casi el 90% de la producción y distribución de cocaína en el mundo a través de una conexión que comenzaba en Bolivia, pasaba por las selvas colombianas y terminaba en las calles de Estados Unidos y Europa".

El día que la DEA expuso el papel de la CIA en el narcogolpe

En mayo de 1980, Michael Levine pensó que había logrado dar un importante golpe al narcotráfico internacional, al involucrar en una venta de cocaína escenificada por la DEA a líderes del narcotráfico boliviano, entre ellos Roberto Suárez.

Levine fue un agente encubierto de la DEA, que trabajó en la embajada de Estados Unidos en Argentina entre 1978 y 1982. Sus investigaciones dieron con la trama conspirativa de la CIA, la dictadura militar argentina y narcos en el golpe que llevó a García Meza al poder.

"El 24 de mayo de 1980, un viejo Convair cargado con la droga partió desde una pista escondida en la selva beniana rumbo a Florida. Al mismo tiempo, dos bolivianos eran arrestados en el interior del Kendall Bank de Miami después de recibir el pago por 'coronar' la operación", relata Boris Miranda.

Consiguió incriminar a los actores clave del narcotráfico, que al mismo tiempo estaban planificando la agenda irregular en Bolivia. Pero Levine tocó varios activos fundamentales de la red de colaboradores de la CIA desplegados en el continente sudamericano. El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de tapar el caso y liberar a los detenidos.

En 1996, Michael Levine publica un libro titulado La gran mentira blanca en el que revela, con la documentación de sus años de servicio en la región latinoamericana, el fraude de la guerra declarada por Estados Unidos al narcotráfico.

Las relaciones que nos traen al presente

Lo narrado hasta ahora permite fijar los puntos de coincidencia con el golpe ejecutado contra Evo y anticipar el escenario a mediano plazo del país, al menos en lo que al narcotráfico se refiere.

Primero evidenciar las semejanzas entre las formas de operar de la extrema derecha. Luis Camacho y los "comités cívicos" que iniciaron las protestas se revelaron, en el punto álgido de la confrontación, como turbas violentas y armadas. Consumado el golpe, existen indicios de que el líder político cruceñista coloca al servicio de las fuerzas de represión a la Unión Juvenil Cruceñista formada al estilo de banda paramilitar, para realizar las persecuciones contra figuras políticas del MAS.

A la altura de esta partida, sabemos por buena fuente que las operaciones de la policía reciben apoyo de equipos "que no forman parte de la estructura orgánica de la policía", lo que refuerza la hipótesis del paramilitarismo.

No es un dato menor que muchos de los que conforman la red empresarial-militar sediciosa que atacó al gobierno de Evo provengan de los departamentos del oriente o tengan vinculaciones políticas con esa región.

Santa Cruz capitalizó el comercio de la cocaína en sus tiempos de gloria, y las actividades ilícitas contribuyeron a convertirla en el centro económico de la nación.

Los perfiles elegidos para constituir el "gobierno de transición" también sugieren rasgos en común con la narco-organización vinculada a García Meza. Antes de ser nombrado por Áñez como Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá se desempeñaba como defensor legal de los narcotraficantes, práctica que era común en los inicios de los 80, por narcoabogados que también llegaron a ocupar puestos dentro de las instituciones. El "brazo cívico" minimizaba las vulnerabilidades judiciales y lavaba las acciones ilícitas.

Por otro lado, que a Arturo Murillo, delator de la DEA, le asignaran el Ministerio de Gobierno supone el regreso de la política antidroga para nada neutral de Estados Unidos en el país.

Parecería innecesario hacer una revisión del factor del tráfico de drogas en la evolución del Estado boliviano post-1952 para sostener el argumento de su implicación en la agenda irregular, si a la vista están los vínculos mafiosos del "gabinete" ministerial, o incluso, de la propia autoproclamada. Una vía fácil que nos deja el gobierno de facto.

Sin embargo, se requiere una lectura rigurosa de la explotación de la coca en el país, los actores internos y externos que están involucrados y su relación con la formación de grupos paramilitares anticomunistas, con el fin de añadir otra arista que le dé las dimensiones geopolíticas correspondientes al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.

Forzada la dimisión del presidente, ahora los conspiradores en Bolivia anulan al movimiento indígena y campesino formado en los últimos trece años, retomando el viejo camino de la represión militar, mientras que van barriendo con las figuras públicas que no respondan a la defensa de sus intereses económicos.

Como el pasado inmediato lo refiere, el oscuro negocio de las drogas es tan igual de relevante que los recursos naturales, en los privilegios que tuvieron los grupos de poder, locales y extranjeros, en el territorio boliviano, y que ahora recuperan.

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