Graciela Ramírez, Corresponsalía de Resumen en Cuba, 21 de diciembre de 2019 - Video: teleSUR

Juan Ramón Quintana en la mira de los golpistas

En horas de la mañana del viernes 20 de diciembre, medios de prensa en Bolivia destacaron en letras de molde el allanamiento a la casa de Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Evo Morales hasta el golpe de Estado.

“Lo que se busca es poder ubicar para proceder a secuestrar cualquier elemento que tenga relación con él o los hechos que se están investigando”, declaró el coronel Iván Rojas, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y uno de los participantes del golpe de Estado que interrumpió la institucionalidad en Bolivia.

No es la primera vez que se violenta el domicilio particular de Quintana. Telesur denunció el asalto a su vivienda por grupos de choque a cuyo mando estaban los mal llamados “dirigentes cívicos” que de civismo no tienen nada y sí mucho de métodos fascistas. Los latinoamericanos vimos por TV el destrozo que provocaron en su vivienda, poniendo en riesgo la vida tanto de Quintana como de su familia. Solo habían pasado unas horas del golpe de Estado del 10 de noviembre que obligó a la renuncia del presidente Morales y enseguida comenzó la persecución contra los miembros del gobierno del Movimiento Al Socialismo, que había dirigido los destinos del país desde el año 2006.

El 13 de noviembre, la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, designó como ministro de Gobierno (Interior) a quien fuera miembro de su partido Unidad Demócrata, Arturo Murillo. El también exsenador de la derecha boliviana, no perdió tiempo en proferir amenazas ante los medios de prensa afirmando que: “todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel”.  Por “sedición” se refería al pueblo que con heroísmo salió  a las calles a  resistir el golpe.

De inmediato señaló a Quintana como responsable del rechazo popular a los golpistas. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, aseguró brutalmente.

Días después, el 22 de noviembre, Murillo presentó ante el Ministerio Público una querella penal contra el presidente constitucional Evo Morales y el ministro Quintana imputados por presunta sedición y terrorismo. ¿Cuáles eran las pruebas para acusaciones de semejante gravedad? una supuesta llamada telefónica de Evo instando al bloqueo de la ciudad y lo expresado por Quintana en una entrevista a Sputnik.

Utilizaron un video que mostraba a una persona recibiendo una supuesta llamada en la que Evo daba instrucciones, todo fue un montaje burdo. Especialistas en comunicación así lo denunciaron en las redes sociales. No era la voz de Evo, era una simulación para montar la acusación.

Desde el triunfo de Evo el 20 de octubre comenzaron las acciones desestabilizadoras de los “cívicos”. Para desconocer los resultados que dieron la mayoría al MAS, instalaron la narrativa del fraude y comenzaron a agitar el golpe.

El 30 de octubre Sputnik (*) publica una entrevista en la que Quintana denuncia: “Lo que estamos viendo es la ruta del golpe que se está desencadenando de manera intensa y a distintas velocidades en todo el territorio nacional».

Quintana, respondía desde la Casa Grande del Pueblo, la sede del Gobierno, que era también la Casa de los movimientos campesinos, la de los mineros, los pueblos originarios y el MAS. Hoy se ha poblado de militares, agentes, politiqueros y golpistas. 

En la conversación sobre los retos que afrontaban ante la inminencia del golpe, Quintana alertó que estaban ante un escenario de «guerra de alta intensidad para el mediano plazo”. En relación a las fortalezas del proceso de cambio instaurado por Evo, y la confrontación a la derecha golpista, expresó “Aquí hay una acumulación política de los movimientos sociales que están dispuestos a pelear«… “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”.

Murillo basó su acusación sacando de contexto las palabras del ministro Quintana, y con el montaje de las supuestas órdenes dadas por Evo.  “Las pruebas son claras, las hemos presentado, Juan Ramón Quintana que dijo que iba a convertir a Bolivia en un Vietnam, lo está tratando de hacer (…), la prueba del señor Evo Morales es que el vídeo y la grabación que se ha presentado es muy clara dice que maten a los bolivianos, haciendo un cerco a la ciudad” (***), dijo Murillo ante las puertas de la Fiscalía en La Paz.

Y se lanzó una verdadera cacería hacia Quintana.  Día tras día la prensa boliviana habla de la búsqueda de Quintana como si se tratara de un peligroso criminal. La campaña mediática, política y judicial agrega cada jornada una nueva mentira, un nuevo cargo a los ya existentes que incluyen la alusión a supuestos vínculos con el narcotráfico. En letras de molde se exhibe su foto con el “se busca” como si de un delincuente se tratara.

Ante semejante persecución Juan Ramón Quintana se vio obligado, así como otros ministros y el intelectual Hugo Moldiz, ministro hasta el año 2015 y miembro de la Secretaría la Red en Defensa de la Humanidad, a solicitar asilo ante la embajada de México en La Paz para salvaguardar sus vidas e integridad física.

El 13 de noviembre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador  concedió asilo a Quintana en La Paz.  El 15 de noviembre el Gobierno mexicano solicitó a las autoridades actuantes de Bolivia los salvoconductos correspondientes para que Quintana, Moldiz, varios ministros y un gobernador puedan abandonar la sede de la embajada y trasladarse a los países que ya se han ofrecido a otorgarles asilo o refugio político.       

El pedido de aprehensión carece de fundamento alguno, fue emitido por un gobierno golpista y usurpador acusado penalmente de genocidio y delitos de lesa humanidad por las masacres perpetradas, detenciones ilegales, desapariciones, torturas y persecución a indígenas y campesinos, dirigentes del gobierno y del MAS. Fue radicada en los tribunales de Argentina en base al principio de Jurisdicción Universal que establece que cuando los crímenes de lesa humanidad no son investigados en el país donde ocurren, otro puede juzgarlos.  La querella fue firmada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH- (***).

La orden de captura y detención es inaplicable ya que fue emitida luego de que el Gobierno de México  concediera el asilo a Quintana, pero haciendo alarde de sus amenazas Murillo expresó:   “En el caso de Juan Ramón Quintana, claramente lo que debería hacer la embajada mexicana es dejarlo en la puerta para que nosotros lo subamos a nuestro carrito y lo llevemos a que proceda al juicio que le corresponde por sedición y terrorismo”. (****)

En visita reciente a Washington Murillo declaró que “ya salió la orden para Juan Ramón Quintana de apremio (captura), es por eso que no se le va a dar salvoconducto para que salga de la embajada de México, donde se encuentra refugiado. No lo vamos a dejar salir de Bolivia».

Habrá que recordarle a Murillo que negar la entrega de salvoconducto a Quintana y los ministros asilados es una grave violación a la Convención de Ginebra y el derecho internacional público.

Y recordarle también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, la Unión Europea, numerosos organismos de derechos humanos de la región, asociaciones de abogados y magistrados expresaron que Bolivia debe entregar salvoconducto al ministro Juan Ramón Quintana, el intelectual Hugo Moldiz, la ministra de Culturas Wilma Alanoca, el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez, el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna. Estos tres últimos también con falsos procesos judiciales iniciados por el gobierno de facto luego de la concesión de asilo.

Los organismos internacionales piden que le sea también otorgado el salvoconducto al ministro de Defensa Javier Zavaleta, el ministro de Justicia Héctor Arce, el ministro de Minería Félix César Navarro, y el viceministro de Desarrollo rural y agropecuario Pedro Damián Dorado.

De no hacerlo convertiría a estos ministros de reconocido prestigio nacional e internacional, en rehenes políticos del régimen dictatorial que impera en Bolivia.