Veronica Zapata.- Los medios de comunicación blindan al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe a Morales mediante el discurso de la “herencia recibida” la responsabilidad de todo lo negativo que acontece.


Las venas abiertas de Bolivia sangran a seis meses del golpe

Verónica Zapata* - Prensa Rural

El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en Bolivia digitalizado por E.E.U.U. que logró articular a la oligarquía nacional racista con las F.F.A.A., la policía y los grupos paramilitares para obligar a renunciar a Evo Morales a punta de pistola. El objetivo es volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que por primera vez, desde la conquista genocida de América llega al poder. El 12 de noviembre Áñez se autoproclama presidenta, da vía libre a la represión, se produce la masacre de Sacaba y Senkata. El golpe deja un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue una cacería de dirigentes, ex funcionarios y periodistas. Se aplican políticas neoliberales y el país es sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria. El Covid-19 y la crisis sanitaria reconfigura el panorama anudándose a las demás crisis que adquieren una nueva forma de crisis absoluta con características específicas. El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Áñez utiliza la pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende prescindir de las elecciones con el fin de consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.

De potencia económica a suicidios por hambre.

Bolivia durante el gobierno de Evo Morales pasó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica, a ocupar el primer puesto de crecimiento económico de la región con un promedio de crecimiento de 4,9 %, según la O.N.U. y el B.M. El P.I.B. se cuadriplicó de 9.500 a 45.500 millones de dólares. Los indicadores macroeconómicos fueron insuperables en América del Sur y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%.  Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril, el de una menor de 12 años que no aguantó el dolor de estómago por hambre, el de un padre de familia ante la desesperación de no poder darle de comer a sus 8 hijos y de una adolescente de 15 años.  En este contexto, el 27 de abril se cortó el suministro de gasolina al trópico de Cochabamba ocasionando la muerte de más 11 millones de peces por falta de combustible para oxigenar las piscinas artificiales de 3.500 piscicultores, ocasionando un daño económico para escarmentar a la región. Por otro lado, intentaron impedir la campaña #TropicoSolidario que lleva a cabo esta región que reparte frutas a familias de escasos recursos. El 27 de abril Áñez pidió una jornada de “ayuno y oración”  para vencer el Covid-19 en plena hambruna y se realizaron bendiciones masivas desde helicópteros en diversas ciudades en un país laico.

El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir.

El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha de elecciones, a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el país. Los golpistas amenazaron con cerrar la asamblea legislativa para evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales, que da un plazo de 90 días para que el Tribunal Electoral fije una fecha. Áñez rechazó la ley y anunció recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno transitorio” de Áñez y se autoprorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y se utiliza la pandemia como excusa para volver a autoprorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.

Persecución, encarcelamientos y censura.

Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una  judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los D.D.H.H. y las garantías constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México en La Paz son rehenes de la dictadura. El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Murillo, ministro de facto funge de juez y fiscal, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcela hasta con 10 años a quienes “desinformen” sobre al Covid-19. El fin es ocultar la inoperancia del gobierno. Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe a Morales mediante el discurso de la “herencia recibida” la responsabilidad de todo lo negativo que acontece.

Zona liberada a la corrupción y al narcotráfico.

El desmantelamiento de las empresas estratégicas es ejemplo de corrupción. En la línea aérea boliviana (BoA), los directivos fueron reemplazaos por allegados de Fernando Camacho, que provenían de a la línea aérea privada Amazonas. Se inicia el desmantelamiento mediante el sabotaje para afectar la rentabilidad. En ENTEL, el gerente Elio Montes, fue procesado penalmente por malversación de fondos y escapó a E.E.U.U. En Y.P.F.B., el presidente Herland Seliz renunció  tras un escándalo por contratos irregulares de seguros y compra de combustible con alto sobreprecio y sin licitación.

En el gobierno de facto el nepotismo es la norma y las familias, amigos y amantes de los funcionarios ocupan cargos en el estado y utilizan indebidamente los bienes del estado. Los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana (F.A.B.) son usados como taxis a título de “vuelos humanitarios” para viajar de vacaciones y/o a fiestas privadas en plena cuarentena. No se utilizan los aviones para traer lo miles de bolivianos que se encuentran varados desde hace más de un mes en diferentes países y las pruebas para el Covid-19 se transportan por tierra a los laboratorios de La Paz y de Santa Cruz que tardan una semana en llegar. Los laboratorios prometidos para cada departamento nunca llegaron. Por otro lado, se contrataron alquileres de hoteles 5 estrellas por sumas millonarias para aislamientos. Se desconoce el destino de los créditos del F.M.I y las donaciones millonarias de diversos países y organismos para enfrentar el Covid-19. Las compras de insumos que anuncian nunca llegan y se niegan a publicar las facturas generando sospechas sobre negociados.

El aterrizaje de nacojets en el aeropuerto oficial de Guayaramerín, Beni de donde es oriunda Áñez va en aumento. El 28 de enero un narcojet  fue interceptado en México con una tonelada de cocaína cargada en el aeropuerto de Guayaramerín, develando vínculos familiares de Áñez con el narcotráfico. Carlos Áñez, su sobrino está preso en Brasil por narcotráfico. Gustavo Álvarez Peralta,  narcotraficante del cartel de Jalisco, México y buscado por la D.E.A. fue designado como director de producción agropecuaria. Se lo desvinculo  y misteriosamente se escapó.

Políticas necróticas importadas de E.E.U.U. para enfrentar el Covid-19.

El 22 de marzo se decretó la cuarentena y hasta la fecha los hospitales carecen de respiradores, reactivos, insumos, equipos de bioseguridad y falta de médicos. Los contagios y las muertes en el personal de salud, militar y policial van en aumento y se siguen esperando sus equipos de bioseguridad.  El 11 de mayo se iniciará la “cuarentena dinámica”, flexibilizándola en algunas regiones. El 5 de mayo el secretario de salud de Santa Cruz, que concentra el 60% de los contagios denunció el inminente colapso del sistema sanitario y la alcaldesa descartó flexibilizar la cuarentena en la capital cruceña.

El 6 de abril el ex ministro de salud anuncia sus proyecciones en 4 meses de 3.840 muertes, 48.000 infectados y el colapso sanitario. El 13 de abril asume el actual ministro de salud Marcelo Navajas y minimiza estas proyecciones, presenta un “plan estratégico”, promete 500 respiradores, pero nunca llegan. Se restringen las pruebas para aquellos con “sintomatología activa”. El anuncio de la adquisición de 400.000 pruebas tampoco se cumplió. Las pruebas son importantes para detectar contagios, casos asintomáticos, aislarlos y cortar la cadena de contagios. Bolivia es el país que menos test realiza de la región, lo que explica las cifras oficiales bajas de Covid-19 para justificar las ínfimas medidas de contención. Navajas sostuvo que hasta el 31 de mayo se esperan 10.000 contagios y que la curva de infectados bajara cuando el 60 % de la población se haya contagiado, anticipando un colapso sanitario. El ministro de salud, ex médico de la embajada de E.E.U.U. sigue la línea política sanitaria de Trump que puso a E.E.U.U. como epicentro mundial de la pandemia, dejando que la gente se “bañe” con el Covid-19 y condenando a la muerte a los adultos mayores y a los que poseen patologías de base. Navajas, paladín de la privatización de la salud sigue su lógica mercantil que también comparte con Trump: “La salud es para el que la pueda pagar”.

*Periodista y psicóloga boliviana.

 

A seis meses del golpe de estado en Bolivia

El clamor de ¡elecciones ya!, es precisamente porque este gobierno de facto es el principal atentado a la vida y la economía...

Camila Huaranca - Cubahora

  • Bolivia: Su nombre oficial es Estado Plurinacional de Bolivia. Es un país sin salida al mar situado en el centro - oeste de América del Sur. Cuenta con una población de 10 millones de habitantes.Bolivia y Cuba trabajan hoy de conjunto por la integración de América Latina y el Caribe a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismos creados para hacer realidad la unidad de los pueblos de nuestra región.
  • Elecciones en Bolivia: En domingo 20 de octubre de 2019 serán las elecciones en Boliva. Allí se realizará la elección de Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, y de Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales de ese estado plurinacional.
  • Golpe de Estado en Bolivia: El 10 de noviembre de 2019 se concretó un Golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Evo Morales. De acuerdo con investigaciones la asonada fue orquestada y financiada por EE.UU.. El exmandatario, Evo Morales tuvo que asilarse en México y luego en Argentina. Jeanine Añez Chávez se autoproclamó como presidenta interina.

Ni bien promulgada la Ley 1297 de Postergación de Elecciones (30 de abril 2020) que establece un nuevo plazo de 90 días para la fecha de las elecciones generales, el autoproclamado gobierno de Áñez sale al frente para acusar al MAS de pretender imponer elecciones en desmedro de la Salud y la Vida.

¿Debemos los bolivianos elegir entre la Salud y las Elecciones?  Nada más falso.  El clamor de ¡elecciones ya!, es precisamente porque este gobierno de facto es el principal atentado a la vida y la economía.

POR SU CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

Este gobierno se estrenó masacrando: 36 personas asesinadas (en semanas posteriores se sumaron otras 4 personas a consecuencia de sus heridas letales), más de 1.000 heridos y similar número de detenidos en las primeras semanas de su gobierno son la prueba viva de ello.

Para el efecto, el mismo día de la primera masacre de Sacaba (15 de noviembre 2019) el gobierno golpista promulgó el DS 4078,  que exime de responsabilidad a Fuerzas Armadas y Policía en cuanto a consecuencias de la represión, lo que equivale a  tener carta blanca para matar impunemente.

Hasta el día de hoy, los ministros responsables (ministro de gobierno Arturo Murillo y ministro de defensa Fernando López) no se presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional para rendir cuentas. No existe ni un solo acusado, menos detenido por las masacres.

Tras un periodo de aparente “pacificación”, donde los principales acuerdos fueron burlados, a fines del año pasado se aprueba la Ley 1266 que fija los nuevos comicios para el 3 de mayo 2020. Arguyendo razones técnicas, convierte los 90 días de un gobierno de transición en 180 días.

En pleno desarrollo del calendario electoral, surgen los primeros contagios del coronavirus. Desde el 22 de marzo, el gobierno decreta la cuarentena rígida (total), con lo cual también se paraliza el cronograma electoral.

POR SU PÉSIMO DESEMPEÑO EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA: NEGLIGENTE, DEFICIENTE Y NADA TRANSPARENTE

Estamos en la cola, el país con menos pruebas y más muertos. A dos meses del brote de la COVID-19, en Bolivia,  con más de 11 millones de habitantes, los tests no pasan de 12.000, lo cual nos ubica en el último país de América Latina en cuanto a pruebas por millón de habitantes con apenas 655, comparando con Perú que realiza  11.376 pruebas y el país que más invierte (pese a su gravísima crisis económica) es Venezuela, con 16.802 pruebas por millón de habitantes.

En cuanto a la mortalidad, ocupamos el segundo lugar si de incidencia fatal se trata.  Por si fuera poco, el manejo político de las estadísticas y la información, hace sospechar que los casos reales pueden ser muchos más. Casualmente, ni bien se volvió a hablar de un nuevo calendario electoral, los casos se dispararon y el pronóstico es cada vez más sombrío.

Las pocas pruebas que se realizan en el interior,  tardan días en llegar a algún laboratorio ubicado en el eje troncal, mientras que los invitados personales de las autoridades de turno y sus familiares, utilizan los aviones del Estado como aerotaxis, bajo el rótulo de “ayuda humanitaria”. Otros insumos médicos vitales, como ser respiradores, quedan en simples promesas electorales, un cuento desde antes de la cuarentena.

Las clínicas privadas cobran hasta 11.000 Bolivianos por día (más de 1.500 dólares) si el paciente tiene coronavirus, tan sólo aplicar el test tiene un costo entre 700 y 1.000 Bs. Un detalle no menor, las autoridades del rubro (ministro, viceministro, etc.) son a la vez dueños de grandes clínicas privadas y quienes lucharon frontalmente contra la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS), encabezando huelgas de varias semanas en los años pasados.

Quien sabe esa sea la explicación de por qué el sistema público de salud, los SEDES (Servicios Departamentales de Salud), carecen sistemáticamente de reactivos, kits de pruebas clínicas, equipos e insumos. Pese a que China donó más de 20.000 kits y 100.000 barbijos, cuyo destino es una nebulosa.

No hay reactivos, no hay confiabilidad, peor transparencia en los datos de cifras del manejo de la pandemia cuya real dimensión desconocemos, ni del destino de los millones de donaciones y dinero público destinados supuestamente a combatir la pandemia.

USAR LA REPRESIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN

No existen serias medidas de  prevención (tests masivos entre otros) ni una atención de calidad (ni el personal de salud ni los hospitales son aprovisionados con los implementos de bioseguridad y equipamiento).

La estrategia se basa en la represión, la aplicación del terror, la criminalización del hambre y aún de la solidaridad, arrestos, fuertes multas y la impune persecución a quien ose tener una opinión diferente (aunque no sea más que en un grupo de watsap o facebook), pues será presentado como peligroso y avezado delincuente, en chaleco antibala y con policías armados hasta los dientes, y derivado inmediatamente a alguna cárcel de máxima seguridad. Una persecución generalizada pero mucho más sañuda tratándose de dirigentes, autoridades o candidatos del MAS.

Por desgracia, cuentan para ello con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, cooptados a cambio de jugosas pautas publicitarias. Muchos de estos medios fueron actores claves del golpe, ahora reciben su “recompensa” y de sus filas salen autoridades de turno como la actual ministra de comunicación, Isabel Fernández, del Canal UNITEL que lidera la televisión sensacionalista, superficial y sin escrúpulos para tergiversar los hechos.

El último DS 4231 promulgado en fecha 7 de mayo y difundido como muestra de cinismo el Día del Periodista (domingo 10 de mayo), el mismo que amplía lo referido en los DS 4199 y 4200 respecto a la difusión de “información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública generando incertidumbre en la población, serán pasibles de denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

La tipificación de “desinformación como atentado contra la salud pública” y como figura legal para perseguir a quien tenga una opinión contraria o critique a este gobierno, es algo francamente preocupante y atentatorio a la normativa jurídica nacional e internacional. Y la pregunta del millón: ¿quién define si es “desinformación”?

POR SER UN GOBIERNO DE TRANSICIÓN QUE SE TOMA ATRIBUCIONES PARA MEDIDAS QUE NO LE COMPETEN

Durante los dos meses de cuarentena, el gobierno perfeccionó el asalto a las empresas públicas, enmarcado en la situación de emergencia sanitaria, arbitraria e inconstitucionalmente va decretando cambios a la normativa y va tomando decisiones políticas y económicas que no le competen a un gobierno de transición. Ciertamente la mano oculta detrás de muchas medidas es la del asesor de Áñez,  exfuncionario en la embajada norteamericana y agente de la CIA Erick Foronda, el nexo directo con Donald Trump y los mandatos del imperio.

Después de una improvisada política de bonos que alcanzan a 500 Bs (menos del 25% de un salario mínimo) y cuyo cobro se convierte en una odisea de filas interminables, las autoridades de turno anuncian un plan de creación de 600.000 empleos masivos, a partir del segundo semestre, “obras” que se circunscriben a dotar de empedrados, aceras y otras y que no son otra cosa que campaña electoral. Señora Áñez, nadie le pide hacer planes de mediano o largo plazo, usted es transitoria. Deje las tareas serias para un gobierno electo democráticamente.

La reciente promulgación de otro DS 4232 que abre las puertas al uso de semillas transgénicas (como por lógica también de más agrotóxicos) van contra la soberanía y seguridad alimentaria, contra la CPE y solamente beneficiarán a los grandes agroindustriales y la CAINCO, que tienen a sus representantes en los diferentes ministerios del actual gobierno golpista. Después del escándalo en YPFB a raíz de los sobreprecios y otras irregularidades en procesos sin seguir protocolos y menos transparencia en la información, posesionan como nuevo Director a un exejecutivo de una transnacional, algo que tampoco está permitido en nuestra CPE.

En medio año,  están llevando a la quiebra a nuestras empresas estatales y están preparando la entrega de nuestros recursos naturales a las transnacionales (en especial el litio), poniendo en riesgo todas las conquistas sociales, económicas y la soberanía de nuestro pueblo.

Los escándalos por hechos de descarado desfalco, contratos lesivos y negociados en los diferentes ministerios se van destapando a diario, el nepotismo y la corrupción se han vuelto política de Estado con el uso indebido de bienes del estado como el recurrente uso de aviones de las Fuerzas Armadas como aerotaxis para el círculo de amistades y allegados a altos funcionarios del entorno presidencial. Intentan ocultar también los nexos con narcoavionetas ligadas a varios cárteles, y donde hasta un peligroso integrante buscado por la DEA, Gustavo Álvarez Peralta, fue una alta autoridad en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Tanto el Sr. Álvarez, como el Sr. Elio Montes (ex-gerente ENTEL) y ahora el recién depuesto expresidente de YPFB Sr. Herland Soliz, desaparecieron del mapa, éste último, en plena cuarentena y con las fronteras cerradas…

Solamente un gobierno electo democráticamente, por lo tanto constitucional, tiene la atribución de una planificación y eventual modificación de las políticas económicas y sociales, lo contrario significa usurpar funciones.

POR EL USO POLÍTICO DE LA COVID-19 PARA MANTENERSE EN EL GOBIERNO

La COVID-19 y la cuarentena le sirven al gobierno como anillo al dedo para su cortina de humo y marearnos la perdiz. Es así que la presidente candidata y su reducido partido, que no pasó del 4% de preferencia electoral, pretende eternizarse y postergar las elecciones en lo posible sin fecha (post-pandemia).

Presentando recursos de inconstitucionalidad a una Ley que quiere precisamente devolver la constitucionalidad a nuestro país, es la vía que se ha propuesto Áñez, en cuyo cálculo político está pasar de la autoproclamación a la autoprorrogación. Razones no le faltan, pues a ella y sus allegados les falta tiempo para seguir desfalcando y cumplir las promesas de privatizar nuestras empresas y recursos naturales.

No por nada el presidente Donald Trump se habría tomado la molestia de conversar por teléfono con la señora Áñez, para dictarle las tareas pendientes. El otro tema de conversación muy probablemente giró en torno a la solicitud de asilo político de Áñez y su pandilla, que no se arriesgarán a quedarse en el país tras tantos crímenes y actos de corrupción.

Ya nos referimos a la actitud cómplice de la mayoría de los grandes medios de comunicación. El gobierno dispone también de un ejército de analistas y opinólogos que intentan confundir a la opinión pública, con un relativo éxito.

Ciertamente nadie va a minimizar la peligrosidad de la COVID-19, el desafío consistirá en aprender a convivir con el virus, adecuar protocolos y medidas de seguridad para retomar un gradual nivel de normalidad de la vida cotidiana, ya que el hambre apremia y es necesario generar ingresos.

Pero no menos importante es volver a la constitucionalidad,  por lo tanto garantizar en el plazo establecido las elecciones pendientes, con todas las medidas de bioseguridad y un protocolo especial. (¿Acaso no vivimos haciendo colas desde hace semanas en los bancos?) La solución no es en seguir como estamos,  justamente porque la vida y las decisiones de la mayoría deben importar.

POR LA PATRIA Y EL PUEBLO, ¡ELECCIONES YA!

  • Contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración a nuestros derechos
  • Por la vida y la salud: una estrategia responsable, científica y técnica de lucha contra la pandemia
  • Por la transparencia en la información sobre la situación real del Covid-19,el destino y las condiciones de las donaciones y los dineros públicos
  • Para acabar con el saqueo, la intervención y la rifa de nuestras empresas estratégicas y recursos naturales
  • Para consensuar medidas económicas y políticas que piensen en las mayorías sin poner en riesgo las conquistas sociales ni nuestra soberanía
  • Por la vigencia y el respeto a nuestros derechos constitucionales
  • Por el restablecimiento de relaciones internacionales en el marco del respeto, la solidaridad y la soberanía
  • Para volver a la constitucionalidad y contar con un gobierno elegido por voto popular.
América Latina
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