Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos - Capítulo Suecia - Cubainformación.- La parlamentaria Amineh Kakabaveh, independiente socialista, tiene un amplio conocimiento del acontecer en América Latina. Es una de las firmantes de la carta de parlamentarios suecos que recientemente le pidieron al gobierno chileno que ponga término a la prisión preventiva de los presos de la revuelta.


Ahora ha profundizado en el tema y enviado una pregunta escrita a la Ministra de Relaciones Exteriores sueca, Ann Linde, titulada Situación de menores encarcelados y presos políticos en Chile y cuya respuesta debe dar a conocer la ministra Linde antes del 17 de julio.

 

Situación de menores encarcelados y presos políticos en Chile

Amineh Kakabaveh, parlamentaria independiente socialista

Desde el 18 de octubre del 2019, el pueblo chileno ha protestado contra la desigualdad e injusticia que han afectado a la mayoría de la población. La respuesta del gobierno ha sido represión ejercida por las fuerzas armadas, significando un saldo considerable de muertos, heridos y encarcelados. Las violaciones de los Derechos Humanos han sido graves y considerables. Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del 2019, 21.637 personas fueron arrestadas, de las cuales 6.420 eran menores de edad.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que hasta el 30 de marzo del 2020 se había visitado a 11.389 personas detenidas, de las cuales 1.580 eran menores de edad. Además, 2.146 de los detenidos visitados declararon que habían sido víctimas de violencia / tortura / abusos sexuales.

Las autoridades chilenas intentan ocultar la cantidad actual de presos políticos que se mantienen en prisión preventiva. Presos cuyo delito consiste en haber tratado de ejercer sus derechos democráticos manifestándose, por lo cual se les ha acusado de alterar el orden público, un delito que en sí no debería implicar prisión preventiva.

Hasta el 8 de enero del 2020, se han presentado querellas por 2.449 imputados por supuestos delitos, siendo el Ministerio del Interior chileno parte de las causas.

La pandemia de Covid-19 acosa hoy fuertemente a Chile. Las cifras de contagiados, hospitalizados y fallecidos van en aumento, mientras que las personas que viven en barrios populares organizan ollas comunes para poder subsistir.

Quienes se encuentran en prisión constituyen un grupo particularmente vulnerable, bajo peligro de contraer contagio, debido al gran nivel de hacinamiento y las lamentables condiciones sanitarias. En muchos penales 8-10-12 personas comparten un espacio sin acceso a camas propias. Además en muchos lugares no hay acceso a agua potable, insumos de protección o atención médica básica.

Actualmente se está desarrollando una campaña nacional e internacional para que se cambie la detención preventiva por arresto domiciliario en espera de una futura investigación judicial.

El cambio a arresto domiciliario puede salvar vidas. Lamentablemente, algunos jueces que han otorgado arresto domiciliario en casos individuales se han visto obligados a revocar las decisiones por instancia de un tribunal superior, debido a la presión ejercida por el Ministerio del Interior (que tiene un rol acusatorio en los casos). Esto demuestra que el poder judicial, a diferencia de lo que rige en democracias normales, no está separado ni es independiente de las instancias de la sociedad que ejercen el poder político.

Es evidente que la situación en términos de Derechos Humanos se ha deteriorado considerablemente, erosionando el poder judicial con la consecuencia de que peligra la vida de quiénes son encarcelados en el Chile de hoy.

¿Qué iniciativas piensa tomar la Ministra de Relaciones Exteriores en nombre de Suecia y dentro de la Unión Europea para que se respeten los derechos humanos y democráticos, y se mejoren lo más pronto posible las condiciones en el sistema judicial y en la atención penitenciaria chilena?

América Latina
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