Cubadebate - Video: teleSUR.- A su salida de la reunión con representantes del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB) anunció que no asistirán a la reunión convocada este domingo por la presidenta de facto Jeanine Áñez.


El líder de la organización, Juan Carlos Huarachi, denunció que los representantes de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no tuvieron actitud de diálogo y trataron de imponer una fecha para las elecciones en el país.

Huarachi señaló que desde su organización mantienen que las elecciones deberían celebrarse en el mes de septiembre y no el 18 de octubre como la planea el Gobierno de facto.

El dirigente deja la responsabilidad de la situación que atraviesa el país al TSE y al Legislativo. "Nosotros no debemos a las bases", indicó el dirigente y reiteró el pedido del acuerdo del sector obrero: huelga general indefinida con movilizaciones en demanda de elecciones el 6 de septiembre.

Ante el fracaso de la reunión, el presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó la fecha de las elecciones para el 18 de octubre e informó que el ente electoral puso a consideración un acta de entendimiento a los movimientos sociales.

Romero reiteró que  informará de manera continua sobre los avances del calendario y del cronograma electoral, y confirmó su asistencia al diálogo convocado por Añez.

El diálogo para la convocatoria a elecciones participaron además del COB, TSE y el Parlamento representantes del Pacto de Unidad y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Tomado de Telesur)

MAS pone condiciones a la nueva fecha electoral

El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la intención de aceptar la nueva fecha para las elecciones generales de Bolivia, no obstante, pone tres condiciones.

El binomio a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, expresó el sábado la disposición de la formación política para aceptar una nueva fecha de los comicios, pero bajo tres condiciones.

La fecha prevista para el 6 de septiembre, nosotros vemos que no se va poder cumplir, por lo tanto queremos acompañar una fecha que sea determinada a través del mecanismo del diálogo, somos de la cultura del diálogo para resolver el tema de la fecha”, dijo Arce durante una rueda de prensa, donde estableció tres condiciones para aceptar una nueva fecha para los comicios generales en Bolivia.

Primera, la fecha debe ser establecida mediante una ley para ingresar al marco jurídico y no por una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Segunda, el TSE tiene que garantizar una fecha inamovible.

Tercera, el día determinado para los comicios debe contar con el “aval, el auspicio y las garantías” de la comunidad internacional.

Asimismo, expresó que los ciudadanos bolivianos exhortan al diálogo, ya que es la única manera para “recuperar la democracia” en el país.

A finales de julio, el TSE de Bolivia aplazó hasta el 18 de octubre las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el 6 de septiembre, lo que ha generado una gran ola de protestas.

Bolivia atraviesa una difícil crisis sanitaria debido al nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. La oposición acusa a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, de usar la pandemia como una excusa para aplazar las elecciones y seguir más tiempo en el poder mientras persigue a los simpatizantes del MAS.

La senadora golpista, quien asumió el poder con un mandato interino primero hasta el 22 de enero de este año, cuando debía empezar una nueva legislatura, luego ampliado hasta que salga un nuevo gobierno de las elecciones, a las que se presenta como candidata por la alianza, Juntos. Ante esto, el expresidente Evo Morales, líder del MAS, cuyo partido encabeza las encuestas de intención de voto, ha denunciado que el gobierno golpista pretende perpetuarse mediante el aplazamiento de las elecciones.

Morales, asimismo, ha criticado una y otra vez la negligencia del gobierno de facto ante la propagación de la pandemia, que en lugar de invertir en el sector de la salud, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para la compra de agentes químicos que se utilizan en la represión de las protestas en su contra.

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