Volker Hermsdorf - Original en alemán en Junge Welt - Traducción en español para Cubainformación - Foto: ZUMA Press.- El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ha prorrogado un año más una orden ejecutiva emitida por Barack Obama el 8 de marzo de 2015, en la que se declaraba a Venezuela una "amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".


El fallo, firmado por Biden el 2 de marzo, significa que las sanciones contra el país sudamericano, que fueron endurecidas varias veces por su predecesor Donald Trump, seguirán en vigor. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó el sábado la decisión como una continuación de las políticas agresivas de la administración Trump contra su país.

Con el decreto de Biden, "la élite dominante en Estados Unidos extiende sus capacidades para seguir imponiendo medidas coercitivas unilaterales, para seguir limitando las capacidades de la producción en Venezuela, las capacidades para la importación de medicamentos, de comida y seguir generando daño y sufrimiento en Venezuela", dijo el jefe de la diplomacia en una entrevista al portal de noticias ruso Sputnik. Arreaza, que calificó el decreto de "bárbara violación del derecho internacional", lamentó que Biden "ignore la clara exigencia" de la relatora especial de Naciones Unidas y oficial de Derechos Humanos, Alena Douhan. Douhan había pedido a Washington que "levantara todas las sanciones y restaurara las relaciones normales" el 12 de febrero.

El ministro de Asuntos Exteriores señaló que expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas también se habían pronunciado el jueves a favor de condenar al gobierno de Estados Unidos por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al declarar una emergencia nacional para imponer sanciones unilaterales que violan los derechos humanos en otros países. Tanto Douhan como el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Obiora Okafor, habían dicho que la clasificación de Venezuela como "amenaza a la seguridad nacional" por parte de Estados Unidos era una excusa para "imponer sanciones indefinidamente". Sin embargo, estas medidas tendrían un "impacto devastador en el pueblo venezolano". Además, afectarían "al acceso del país a los alimentos y las medicinas", violarían "el principio de la igualdad soberana de los Estados" y constituirían "una injerencia en los asuntos internos".

Obama allanó el camino para estas sanciones en 2015 con su primera orden ejecutiva. Después, Trump emitió seis decretos más entre 2017 y 2019, endureciendo las medidas. En noviembre de 2018, por ejemplo, Estados Unidos bloqueó los activos venezolanos en el extranjero; en enero de 2019, se impusieron sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, sus filiales y las empresas afiliadas a ellas, secando la principal fuente de ingresos del país. En agosto de 2019 una de las últimas sanciones de Trump convirtió las medidas coercitivas en un "embargo", amenazando con el uso de sanciones secundarias contra empresas o países que tengan relaciones comerciales con Venezuela.

Para Arreaza, la continuación de las políticas de Trump por parte de Biden no es una sorpresa. "Es el sistema capitalista corporativo que no quiere permitir que en un país con los recursos que tiene Venezuela pueda desarrollar su propio modelo y no esté enganchado a ese sistema capitalista", explicó el canciller en la entrevista con Sputnik.

 

Kein Ende der US-Aggression

Sanktionen gegen Venezuela: Präsident Biden verlängert Maßnahmen

Von Volker Hermsdorf

US-Präsident Joseph Biden hat eine am 8. März 2015 von Barack Obama erlassene Anordnung (Executive Order), die Venezuela zu einer »außerordentlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten« erklärt, um ein weiteres Jahr verlängert. Die am 2. März von Biden unterzeichnete Regelung hat zur Folge, dass die von seinem Vorgänger Donald Trump mehrfach verschärften Sanktionen gegen das südamerikanische Land weiterhin in Kraft bleiben. Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hat die Entscheidung am Sonnabend als Fortsetzung der aggressiven Politik der Trump-Regierung gegen sein Land verurteilt.

Mit Bidens Dekret wolle »die herrschende Elite in den Vereinigten Staaten ihre Möglichkeiten aufrechterhalten und erweitern, um weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen zu verhängen, die die Produktion in Venezuela begrenzen, die Fähigkeiten des Landes, Medikamente und Lebensmittel zu importieren, einschränken und weitere Schäden und Leiden in Venezuela zu erzeugen«, erklärte der Chefdiplomat in einem Interview gegenüber dem russischen Nachrichtenportal Sputnik. Arreaza, der den Erlass als »barbarische Verletzung des Völkerrechts« bezeichnete, bedauerte, dass Biden »die klare Forderung« der Sonderberichterstatterin und Menschenrechtsbeauftragten der Vereinten Nationen, Alena Douhan, ignoriere. Die hatte Washington erst am 12. Februar zur »Aufhebung aller Sanktionen und Wiederherstellung normaler Beziehungen« aufgefordert.

Der Außenminister verwies darauf, dass sich Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen zudem am Donnerstag dafür ausgesprochen hatten, die US-Regierung wegen Verstoßes gegen den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu verurteilen, weil sie einen nationalen Notfall ausrufe, um einseitige Sanktionen zu verhängen, die die Menschenrechte in anderen Ländern verletzten. Sowohl Douhan als auch der unabhängige Sachverständige beim UN-Menschenrechtsrat, Obiora Okafor, hatten erklärt, dass die Einstufung Venezuelas als »Bedrohung für die nationale Sicherheit« der USA eine Ausrede sei, um »auf unbestimmte Zeit Sanktionen zu verhängen«. Diese Maßnahmen hätten jedoch »verheerende Auswirkungen auf die venezolanische Bevölkerung«. Zudem würden sie »den Zugang des Landes zu Nahrungsmitteln und Medikamenten« beeinträchtigen, »das Prinzip der souveränen Gleichheit von Staaten« verletzen und »einen Eingriff in die inneren Angelegenheiten« darstellen.

Den Weg für derartige Sanktionen hatte Obama 2015 mit seiner ersten Executive Order geebnet. Trump erließ dann zwischen 2017 und 2019 sechs weitere Dekrete, mit denen die Maßnahmen verschärft wurden. So blockierten die USA im November 2018 venezolanische Vermögenswerte im Ausland, im Januar 2019 wurden die staatliche Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela SA, ihre Tochtergesellschaften und mit ihnen verbundene Unternehmen mit Sanktionen belegt, wodurch die Haupteinnahmequelle des Landes ausgetrocknet wurde. Eine der letzten Sanktionen Trumps wandelte die Zwangsmaßnahmen im August 2019 in ein »Embargo« um, das die Anwendung von Sekundärsanktionen gegen Unternehmen oder Länder androhte, die Handelsbeziehungen mit Venezuela unterhalten.

Für Arreaza ist die Fortsetzung der Politik Trumps durch Biden keine Überraschung. »Es ist das kapitalistische System, das einem Land mit den Ressourcen, über die Venezuela verfügt, nicht erlauben kann, sein eigenes Modell zu entwickeln und nicht an dieses kapitalistische System gebunden zu sein«, erklärte der Außenminister im Sputnik-Interview.

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