Un video tomado de Cuba en Resumen.

Colombia: “¡Nos están matando!”

Ángel Guerra Cabrera

La pupila insomne

¡Nos están matando! El grito sale del pueblo, millones se rebelan contra el uribismo, la forma más cruel del neoliberalismo en nuestra América. La protesta contra la reforma tributaria entra en su séptimo día aunque el gobierno haya dicho que la retira. Pero va mucho más allá, contra los abusos cometidos en su guerra contra el pueblo por la oligarquía sometida al imperio, que ha convertido a Colombia en el segundo país más desigual de la región, donde, pese a los acuerdos de paz, las masacres y asesinatos son pan de cada día. La movilización, convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP) desde el 28 de abril, continuaba ayer. El organismo, surgido con el estallido de septiembre de 2019, reúne a todas las centrales sindicales y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes. Han marchado y acatado el paro algunos uribistas y muchas personas que votaron por el presidente Iván Duque. Ellas y ellos agraviados por este gobierno y, con frecuencia, desencantados del ex presidente Uribe que, secreto a voces, es quien gobierna el país.

El presidente Duque hoy es prisionero de Uribe –denuncia el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial y líder del partido Colombia Humana–; purgó al ejercito y la policía de los mandos partidarios de los acuerdos de paz y entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe y también el manejo del dinero, poniendo a sus órdenes al renunciado ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, autor de la citada reforma, quien sólo obedecía a Uribe y a los banqueros. Petro coincide con varios investigadores y analistas sobre lo que hay detrás de la reforma tributaria que intentaba imponerse con grave daño a importantes sectores asalariados y de clase media baja. La medida fiscal buscaba tapar un enorme boquete en las finanzas públicas debido en parte a enormes transferencias de dinero del presupuesto del Estado a las arcas de los bancos. Dos graves errores de política económica cometió Carrasquilla, afirma el senador: el primero, hacer aprobar la reforma tributaria de 2019, donde se rebajaban entre 9 y 15 billones de pesos los impuestos que pagaban petroleras, carboneras, bancos y otras grandes corporaciones. Segundo, ya con el Covid-19, sobrendeudar al Estado al gastar dinero de deuda pública para mantener las utilidades de los dueños de los bancos, que alcanzaron 14 billones de pesos el año pasado mientras el país quebraba y pasaba al hambre. En sólo dos años de gobierno, Carrasquilla desfinanció al Estado –prosigue Petro– y lo sobrendeudó, haciendo la situación insostenible. Desesperados, para remediar el déficit fiscal que ellos mismos crearon –continúa el senador–, Duque, Uribe y Carrasquilla acudieron a lo de siempre: pasarle la factura a los que menos tienen.

La factura implicaba subir el IVA a 19 por ciento a la mayoría de los productos de la canasta básica: gas, teléfono y electricidad; un aumento a la gasolina, imponer severos recortes al gasto social; congelar por cinco años los salarios de la administración pública; otorgar facultades extraordinarias por seis meses al presidente para enajenar, restructurar o fundir entidades y empresas del Estado. Léase, un gran recorte a las plantillas del aparato del Estado. En paralelo a esto el Ejecutivo ha presentado en las cámaras una iniciativa que profundiza la privatización del sector salud y fuentes afirman que hay en camino iniciativas de reforma laboral y salarial que –es sabido– implican grandes ataques a las conquistas obreras cuando se aplican por gobiernos neoliberales.

Esto en un país donde la pobreza por ingresos monetarios avanzó en 2020 6.8 por ciento para ubicarse en 42.5, lo que significa que 21.2 millones de personas carecen de medios para satisfacer sus necesidades básicas. Colombia subió de 4.6 millones de personas en pobreza extrema a 7.4 millones; 68 por ciento de la población ha pasado de ingerir tres comidas al día a sólo dos y 10 por ciento de los hogares ponen ahora alimento en la mesa sólo una vez por día. Incluso desde una subjetividad tan insensible y alejada de las necesidades populares, como la neoliberal, hay que reconocer que Duque, Uribe y quienes diseñaron esta reforma son posiblemente insuperables.

Petro le propone a Duque liberarlo de Uribe para que cumpla su último año de mandato y evite un golpe de Estado para cancelar las elecciones, que seguramente perdería el uribismo. Lo insta a abrir el diálogo franco y sincero con el movimiento social y a militares y protestantes a confraternizar y evitar enfrentamientos.

El gobierno parece ceder después de no menos de 20 muertos, cientos de heridos, 814 detenciones arbitrarias y 10 hechos de violencia sexual por la fuerza pública. Anuncia una agenda de reuniones con instituciones, incluido el CNP, que, afirma, ha aceptado una cita inicial el 10 de mayo. El problema es que la oligarquía nunca cumplió sus compromisos.

Violencia estatal en Colombia provoca el repudio mundial

Radio Miami TV

La respuesta militar del gobierno colombiano asume una particular violencia mediante actos represivos que aumentaron desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril contra la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma de salud, así como otras medidas antipopulares  La respuesta represiva militar y policial por parte del Estado colombiano a las masivas protestas populares desde hace más de una semana han provocado el rechazo mundial, expresado en pronunciamientos de organizaciones y personalidades de países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa, informa Telesur.

Un oficial de la policía lanza gases lacrimógenos a los manifestantes durante la huelga contra la reforma fiscal en Cali. Autor: AP Publicado: 04/05/2021 | 07:36 pm

Desde Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido rechazaron la represión contra el paro nacional en Colombia, el cual transita este jueves por su décima jornada.

Instituciones de esas y otras latitudes se sumaron a las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea a las medidas extremas ante las protestas contra una reforma tributaria en definitiva retirada.

La víspera, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó, a través de un comunicado, los hechos violentos por parte del Estado colombiano desde el 28 de abril.

El bloque integracionista expresó su preocupación por las víctimas de detenciones, desapariciones, abuso sexual y la muerte de 37 personas según la Organización Temblores, de las cuales solo 11 son reconocidas por la Fiscalía local.

De igual manera, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA-TCP se pronunció en idénticos términos y llamó a la solidaridad internacional frente a la respuesta violenta del gobierno de Iván Duque, el cual optó por la militarización del país.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana expresó solidaridad con esa lucha contra impopulares reformas y la violación de los derechos humanos. Lo propio hizo la Oficina para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la cual repudió los actos represivos.

Entre las personalidades internacionales, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Cuba, Ana María Mari, cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano, movilizado por sus derechos.

De igual forma, senadores de Estados Unidos como el demócrata Jim McGovern censuraron «la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas», mientras otro demócrata, Gregory Meeks, pidió al Presidente colombiano «moderar la respuesta».

Entretanto, el ministro portavoz del gobierno de Chile (otro Estado señalado por similares conductas), Jaime Bellolio, declaró que «la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices», al referirse a los referidos acontecimientos.

Al mismo tiempo, colombianos residentes en España, Australia, Alemania y Reino Unido se movilizaron para apoyar las demandas populares y pedir que cese la violencia.

La respuesta castrense asume una particular violencia, mediante actos represivos que aumentaron desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril contra la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma de salud, así como otras medidas antipopulares.

Las protestas crecieron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde ocuparon avenidas principales y paralizaron el tráfico, mientras el boicot de los choferes de vehículos públicos interrumpió la transportación.

«No más impuestos», «Salud y educación» y «Nos están matando a punta de hambre», rezaban algunos de los carteles mostrados por los manifestantes.