Ministro de Gobierno boliviano revela cifras de dineros que financiaron el golpe de Estado en 2019. Foto ilustrativa/ Archivo.


Cubadebate

“Una pequeña parte del financiamiento” del golpe de Estado de 2019 fue revelado y llegó -hasta el momento- a  unos Bs 2,1 millones (289 mil dólares estadounidenses) dinero que fue movilizado hacia y desde la cuenta bancaria del excívico Fernando Camacho. Su padre, José Luis Camacho, y su hermana, Rosa María, junto a otras ocho personas de su círculo cercano, están involucrados en el flujo del dinero. El Gobierno ampliará la denuncia.

Los datos fueron relevados este miércoles por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa en la que también explicó parte de los 33 elementos probatorios en contra de Camacho, entre ellos la confesión que hizo en un video de que su padre “arregló” con militares y policías para que quiten su respaldo al gobierno de Evo Morales.

En esos días, aún no se había hablado de dinero, el excívico, hoy encarcelado por el caso Golpe de Estado I, manejaba y administraba la violencia en Santa Cruz y al final en La Paz, donde llegó, como lo confesó en el mismo video, cuando su padre ya había pactado con mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

Según los datos, el primer depósito bancario a su cuenta fue de Bs 180 mil bolivianos (26 mil dólares) y lo hizo el 5 de noviembre de 2019 su exsecretario Miguel Ángel Navarro, a tres días -8 de noviembre- del motín policial. Un día después, el 9 de noviembre, su padre y hermana le hicieron depósitos, cada uno, de Bs 33 mil bolivianos (unos cuatro mil 776,43 dólares)

Ya el 10 de noviembre, cuando los militares “sugieren” a Morales renunciar y Camacho entra a Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, su padre y hermana le vuelven a hacer depósitos, cada uno de a Bs 33 mil, Del Castillo, explicó que esta estrategia de depósitos pretendió que no sean detectados los movimientos bancarios.

El 12 de noviembre toma el poder Jeanine Áñez, como resultado de un acuerdo político-cívico. Un día después, los datos muestran que Lorgio Pérez Peña le hace a Camacho un depósito de Bs 300 mil (43 mil 422 dólares) y Rómulo Arrázola le deposita más de Bs 60 mil (ocho mil 684 dólares)

“Ese día es cuando las Fuerzas Armadas se cuadran a la expresidenta inconstitucional”, declaró, Del Castillo, y continuó con la descripción del flujo del dinero a la cuenta de Camacho.

Navarro volvió a hacer un depósito de Bs 140 mil bolivianos  el 15 de noviembre, mientras que su padre depositaba otros Bs 33 mil bolivianos y su hermana Bs 30 mil bolivianos, “Lamentablemente sucede la masacre de Sacaba” ese día, recordó.

También se reveló un depósito de 40 mil dólares  que convertidos al cambio actual suman más de Bs 278 mil bolivianos.  El 4 de diciembre se tiene registrado que Navarro depositó a Camacho Bs 90 mil bolivianos y Verónica Escalante Bs 100 mil bolivianos.

“Finalmente el 7 de diciembre Miguel Ángel Navarro, fuera de sus estándares económicos, le hacen un nuevo depósito de Bs 788 mil bolivianos”, informó en la conferencia de prensa y explicó que desde la cuenta del excívico se depositó a Navarro Bs 859 mil, a Escalante Bs  un millón 429 mil bolivianos y a Jerjes Justiniano, exministro en el gobierno de Áñez y cuota de Camacho, Bs 116 mil bolivianos.

“Es una pequeña parte del financiamiento al golpe de Estado en nuestro país”, explicó y anunció que mayores datos están contenidos en la demanda contra el acusado de terrorismo, ahora encarcelado de manera preventiva por cuatro meses en Chonchocoro.

Ante los hechos, Del Castillo, anunció que se ampliará la denuncia contra el principal acusado en el Golpe de Estado I por cohecho activo y seducción de tropas.

(Tomado de Correo del Alba)

 

Denuncian desinformación sobre situación de gobernador boliviano

La Habana, 5 ene (Prensa Latina) El proceso que se sigue en Bolivia contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es centro de una campaña de desinformación y versiones falsas, denunció aquí la embajada de ese país.

Una nota circulada por esa sede diplomática señala que la aprehensión de Camacho el 28 de diciembre último fue ejecutada en cumplimiento de la orden emitida por la Fiscalía de departamento de La Paz en octubre de 2022 en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.

Recuerda que el proceso se inició en diciembre de 2020 y que de octubre de 2021 a igual mes de 2022 el funcionario eludió al menos en cuatro ocasiones las citaciones para que acudiera a declarar sobre el proceso, del cual tenía pleno conocimiento.

Añade la nota que ante las reiteradas inasistencias a las convocatorias el Ministerio Público, a tono con lo dispuesto en el Código de Procesamiento Penal, emitió un mandamiento de aprehensión para que prestara declaración y por ello Camacho fue trasladado a La Paz, donde radica el proceso penal, y se acogió al derecho de guardar silencio.

El texto explica que el 30 de noviembre último el juez octavo de instrucción en lo penal cautelar dictó cuatro meses de prisión preventiva para Camacho, que este debe cumplir en el penal de Chonchocoro, ubicado en La Paz.

Asegura la nota que desde el inicio del proceso se han resguardado todas las garantías constitucionales y que en la capital boliviana tanto la familia como los médicos que atienden al detenido participaron en la junta médica realizada el 31 de diciembre.

El texto de la sede diplomática considera una grave intromisión en la independencia judicial los delitos contra instalaciones y la seguridad de funcionarios públicos en la ciudad de Santa Cruz tras la detención de Luis Fernando Camacho.

Entre otros hechos enumera el secuestro y tortura de un abogado del Servicio de Impuestos Nacionales, los daños al edificio de la Fiscalía Departamental, los Tribunales de Justicia y la residencia del ministro de Obras Públicas y ataques permanentes a la Policía Nacional.

Al respecto la nota señala “la necesidad de que la independencia judicial no sea afectada por acciones externas que impidan su trabajo”.

Recuerda además que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que todos los hechos ocurridos de septiembre a diciembre de 2019 sean investigados y es ese el compromiso internacional que ahora cumple la justicia boliviana.

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