La Defensoría del Pueblo de Perú informó la noche de este lunes que aumentó a 17 la cifra de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, contra los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

“A las nueve de la noche del 9 de enero de 2023 registramos 17 personas fallecidas en Juliaca y uno por hechos vinculados al bloqueo de vías en Chucuito, Puno”, denunció la entidad humanitaria en su cuenta oficial de Twitter.

Este lunes, en el marco del sexto día de las protestas populares en reclamo de la liberación del detenido expresidente peruano Pedro Castillo, las fuerzas policiales dispararon en contra de los manifestantes en la ciudad de Juliaca, en el sureño departamento de Puno.

Desde el pasado 4 de enero, pobladores han realizado bloqueos y protestas en diferentes partes del país suramericano en rechazo al Gobierno de Boluarte, entre esas regiones están Puno, Arequipa, Cusco y Tacna.

Las protestas comenzaron el pasado 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Castillo, quien fue detenido bajo el cargo de presunta rebelión, y designó en su lugar a Boluarte, quien se desempeñaba en la vicepresidencia peruana.

De acuerdo con diversos recuentos, el número acumulado de fallecidos por la represión policial desde el comienzo de las protestas en Perú ascendería a 46.

En el marco de esta represión, el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, anunció la noche de este lunes más medidas de seguridad y calificó las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.

"Se han producido muertes de compatriotas, que por supuesto que lamentamos, muertes que expresan una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de Estado en el país”, enfatizó Otárola, quien estuvo acompañado del resto de ministros peruanos.

"Lo que está sucediendo es una resaca del golpe de Estado en el país, aquellos azuzadores y violentistas que no pudieron enervar al Estado peruano, quebrar la democracia y quisieron derribar las instalaciones públicas en la asonada que se inició el 7 de diciembre del año pasado y que hoy se ha dado un nuevo paso”, aseguró.

Otárola pidió a la Fiscalía “se capturen y se procese a quienes están destruyendo al país financiados por intereses extranjeros, foráneos  y por el dinero oscuro del narcotráfico”.